La propuesta sobre pueblos indígenas del programa de gobierno de Piñera es pobre y, además de pobre, desconoce las obligaciones internacionales que Chile asumió al firmar el Convenio 169 de la OIT, repitiendo el patrón concertacionista, con una total ausencia de mención de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Los cuatro ejes de la política indígena mencionados en el programa de gobierno de Sebastián Piñera son (las negritas son mías):
• Pasar de una política indígena ruralizante a una política integral. Apertura de Fondo de Desarrollo Indígena para reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; se potenciará el desarrollo agrícola productivo y se priorizarán programas educacionales; se crearán mesas indígenas de diálogo y trabajo en las comunas de alta concentración originaria donde se puedan plantear inquietudes a las autoridades comunales En este eje se enmarca el llamado Plan Araucanía.
• Eliminar la política de instrumentos discrecionales y que incentivan la violencia. Para ello se perfeccionará la entrega de tierras con énfasis en subsidios individuales.
• Creación de nueva institucionalidad: reconocimiento en la Constitución de los pueblos indígenas, transformación de CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena. Creación de un Consejo de Pueblos Indígenas a nivel nacional.
• El cuarto eje busca potenciar la identidad y cultura de los pueblos indígenas, para lo cual se creará una comisión que realice un diagnóstico cultural. Creación de Centro Bicentenario de Fomento de las Culturas Indígenas y Evaluación del Programa de de Educación Intercultural Bilingüe.
Además de no haberse cumplido con las promesas del programa (mesas de diálogo regionales, “diagnóstico cultural”, nueva institucionalidad, evaluación programas de educación intercultural, política de tierras, etc.), estos cuatro ejes dan cuenta de una mirada asistencialista y colonialista respecto a los pueblos indígenas, considerándolos exclusivamente desde una perspectiva cultural, superada hace mucho en otros lugares del mundo.
Los pueblos indígenas sólo son concebidos como entidades folclórico-culturales. No existe mención al sujeto político, ni menos mención alguna a los derechos colectivos como pueblos indígenas, derechos consagrados en el Convenio 169. Falta de voluntad política para una real implementación del convenio. Baste recordar que no se ha eliminado el controversial Decreto 124 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, promulgado el mismo día en que entraba en vigencia el Convenio 169. Este decreto reglamenta los procesos de consulta a los pueblos indígenas, limitando su opinión a una mera “consideración”. Con ello se desvirtúa y restringe el real alcance del proceso de consulta.
Por otro lado, y a pesar de las "buenas intenciones" del gobierno, hoy se cumplen 65 días de huelga de hambre de comuneros mapuche condenados utilizando la ley antiterrorista. El gobierno se había comprometido a no utilizarla en la "mesa de diálogo" de la anterior huelga de hambre, pero no ha respetado su compromiso.
En otros ámbitos, el escaso saldo también es negativo. No se está respetando la consulta para definir la pregunta para el Censo 2012. La política de asignación de tierras sigue siendo un desastre, con nulo acompañamiento tecnológico, lo que redunda en una suerte de justificación para cancelar la compra de tierras para las comunidades rurales. Además, se prorrogó por dos años el Decreto Ley 701 de fomento a la producción forestal sin consulta alguna a las comunidades mapuche afectadas.
¿Cuál debiera ser el camino a seguir? Si el gobierno quisiera realmente cambiar el eje de las políticas indígenas, debiera hacer es respetar el Convenio 169. Para empezar, tendría que desarrollar procesos reales de consulta indígena –adecuados a los estándares internacionales- respecto a los temas que son de competencia de estos pueblos, antes que plantear ejes que implican la mera reproducción de una mirada miope sobre el tema, situación que ha sido denunciada tanto por organizaciones nacionales como internacionales. La derogación del Decreto 124 sería una muestra real de voluntad de diálogo con los pueblos indígenas.
Mientras no exista coherencia legal en la relación entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, se mantendrá la idea superficial de que éstos son "culturas originarias", cuando en realidad son pueblos con derechos colectivos y políticos desconocidos e ignorados desde los inicios de la República.
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Foto: cÁmARa AccióN / Licencia CC
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