#Energía

Voces por los ríos libres, No Alto Maipo

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El área de intervención del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, es la cuenca del río Maipo,  que se ubica sobre el valle de Santiago cuya población es de 7.000.000 de habitantes. Los principales servicios que aporta esta cuenca  son  abastecimiento de agua potable a 6 millones de habitantes, abastecimiento de agua de riego a 120.000 há agrícolas,  servicios a 2 millones de turistas nacionales y extranjeros al año, regulación del clima y temperatura del valle de Santiago y aporte de áridos para la construcción, entre otros. En el ordenamiento jurídico chileno existen varios decretos y resoluciones que protegen esta zona, lo que pone de manifiesto la importancia que ella tiene para los habitantes del Gran Santiago, y la preocupación de la autoridad en su conservación.
Este proyecto comenzó su tramitación el año 2007 con una activa participación ciudadana, siendo mal evaluado por todos los servicios públicos por cuanto no se hacía cargo de los impactos.  No obstante el proyecto fue aprobado debido al lobby político y tráfico de influencias realizado en las altas esferas de la administración de la Presidenta Bachelet.
Debido a la irregularidad del proceso se creó una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados la cual concluyó por votación unánime, que el proceso de evaluación ambiental del proyecto y su aprobación estaba viciada y debía ser anulada.
Los servicios públicos identificaron graves impactos, apuntando entre otros  al efecto en el régimen de arrastres de sedimentos del río Maipo, lo que amenaza la sustentación de toda  la infraestructura pública y privada que se apoya en el lecho del río: puentes viales y ferroviarios, canales de riego, captaciones de agua potable, extracciones de áridos, etc. La  Dirección General de Aguas, además de cuestionar las consecuencias para la flora y fauna locales, observó el impacto de los “golpes de agua” causados por detenciones bruscas de las centrales y las características de operación, lo que afectaría los derechos de propiedad legalmente constituidos de  aguas  de regadío y lo que es peor a la seguridad de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santiago.
A este proyecto se oponen todos los agricultores de las 120 mil hectáreas que se riegan con las aguas del río, asociaciones gremiales de turismo y extracción de áridos para la construcción, sindicatos de trabajadores y asociaciones ciudadanas.
El gran ausente en la discusión del proyecto fue el cambio climático y el impacto que puede tener sobre el ritmo de derretimiento de glaciares que se ubican en la zona de impacto. De hecho,  debido al efecto de extracción de agua en la cabecera de la cuenca sumado al sistema de drenaje que significan los 70 kilómetros de túneles que presenta el proyecto, se estima la desertificación a corto plazo de 100 mil hectáreas de la cuenca. Por si fuera poco, dejaría 100 kilómetros de los ríos afectados con un caudal que no permitiría suplir las demandas ambientales, sociales y económicas del valle.
Cabe destacar que Aguas Andinas, empresa sanitaria cuyo único objeto es proveer agua potable a la ciudad de Santiago, se opuso fehacientemente a este proyecto. No obstante en diciembre del 2010, llega a un acuerdo secreto con AES Gener en el cual le entrega  aguas destinadas a agua potable, para el uso en generación hidroeléctrica, recibiendo por eso una compensación económica por 40 años.
En Chile la ley existente no entrega preeminencia al agua para uso sanitario por sobre  su uso para generación hidroeléctrica. En este contexto AES Gener, en documentos públicos ha dejado clara esta postura indicando que utilizará  recursos embalsados como agua potable para uso en generación. Este hecho se ve agravado por las bajas multas que existen por incumplimiento a concesiones sanitarias. En un hecho inédito en la historia, dos empresas privadas transnacionales toman el control y manejo de recursos de agua potable de millones de personas a espaldas de la ciudadanía y la autoridad competente. Actualmente una serie de organizaciones además de 8 Senadores de la República se encuentran impugnando este acuerdo.
Finalmente es importante destacar que este proyecto fue presentado a la autoridad y la ciudadanía, como un proyecto destinado a proveer energía eléctrica al Sistema Interconectado Central para apoyar el crecimiento de la ciudad de Santiago. Asimismo se presentó como un proyecto capaz de generar 530 MW lo que se demostró como una falacia por cuanto el promedio será de 160 MW de acuerdo a los recursos hídricos existentes. No obstante en junio del 2013, AES Gener suscribe un contrato con la empresa Antofagasta Minerals del grupo Luksic, en el cual este adquiere el 40% de la propiedad del proyecto y toda la energía que es capaz de generar por un plazo de 20 años, destinada al desarrollo de su proyecto minero privado Los Pelambres.
A la fecha existen varias demandas judiciales en Tribunales chilenos presentadas por connotados abogados y se encuentra en preparación demandas en Tribunales Internacionales. Asimismo ha comenzado ya una movilización social y protestas masivas, las que se agudizaran sin duda si el proyecto comienza a construirse.
Los antecedentes son técnicos, precisos y contundentes, este proyecto no tiene  viabilidad económica, su impacto potencial es negativo en el desarrollo de la Región Metropolitana y el desarrollo de Chile  y no cumple con los requerimientos  en materia jurídica, económica social y ambiental, desconociendo completamente cualquier medida de mitigación.
El agua dulce es un elemento vital y fuente de vida que no puede sustituirse,  es un derecho humano,  fundamental, y por tanto no puede ser mercantilizada a excesos que arriesguen el presente y futuro de millones de chilenos.
Atte.
Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo.

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