Un millón de perros vagos en Chile

Un millón de perros vagos en Chile: miles de mordeduras, centenares de ataques, decenas de muertes, impacto sanitario, ambiental, económico, productivo, y sufrimiento animal. ¿Y quién responde?

En estos días, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se revisa el proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Hasta ahora, el debate público sobre esta iniciativa ha sido parcial y limitado, primando consideraciones animalistas y anecdóticas, aunque legítimas, y no se ha dado todo el espacio a la argumentación técnica y objetiva del asunto. Es por ello que resulta relevante que la gente no solo se deje llevar por los sentimientos que significan ver un perro en la calle sufriendo, sin tomar atención a la complejidad, envergadura e importancia de este tema en el país

Se estima que hoy en día son un millón los perros vagos que recorren las calles de todas las ciudades, los pueblos, el campos y los parques nacionales de Chile. Cuesta encontrar algún lugar del mundo en que este fenómeno se exprese con tanta intensidad como ocurre en nuestro país. Y en el último tiempo no hemos mal acostumbrado a ello, asumiendo como algo normal, incluso pintoresco y divertido, de nuestro paisaje urbano y rural, la presencia de perros en todas partes: persiguiendo jugadores en las canchas del país, desde el barrio hasta el Estadio Nacional, en las plazas de la periferia y frente a La Moneda, en los carros del metro, en las protestas a veces colaborando con las fuerzas del orden y otras con los encapuchados. Hay ciudades como Antofagasta, Quintero, Valparaíso y Talca en las que pareciera que habitan más perros que personas. Todo ello resultaría casi una anécdota si no fuera por el tremendo problema que la presencia de estos animales representa para la sociedad en su conjunto y hay que decirlo para los propios perros.

Para entender bien este problema, pongamos las cosas en su justo orden. En primer lugar las interacciones entre perros y seres humanos datan de miles de años de evolución, configurando una relación armónica de interdependencia, colaboración y beneficios mutuos, y en este sentido no es imaginable, ni menos deseable un mundo sin perros. En segundo lugar, en este largo tiempo de convivencia, los perros han sido seleccionados y criados para cumplir tareas (de trabajo, deportivas, de compañía, de servicios, de asistencia, entre otras) y en compensación han estado al cuidado de las personas responsables de brindarles, protección, alimentación y abrigo. En este pacto adaptativo, quedó tácitamente excluida su evolución como animales de vida libre. En tercer lugar, ni las personas ni los perros se benefician de la ruptura de esta relación, cuya consecuencia es la proliferación de perros vagos. ¿Por qué?

Porque la existencia de poblaciones de perros vagos fuera de control, como hoy vemos que ocurre en todos los rincones de Chile, representa: (i) un peligro para la salud de las personas por el riesgo de trasmisión directa y/o indirecta de enfermedades; (ii) para la salud de otros animales por el riesgo de transmisión de enfermedades y ataques a mascotas, a fauna silvestre, a animales productivos y entre ellos mismos; (iii) de contaminación ambiental y deterioro urbano por las deposiciones y el esparcimiento de basura en lugares públicos y de turismo; (iv) para la seguridad de las personas, por el riesgo de ataques y mordeduras con daño severo, mutilaciones e incluso, como hemos visto con demasiada frecuencias, muerte; (v) para la seguridad vial, por el riesgo de provocar accidentes de tránsito, (vi) para la actividad productiva, por el ataque y depredación de rebaños; y por último (vii) para el propio bienestar de estos animales, que desprovistos de los cuidados de protección, alimentación y abrigo, se los expone condiciones de vida inaceptables, con maltrato, sufrimiento, enfermedades y muerte.

Un millón de perros vagos nos enfrenta a un problema grave multidimensional y de carácter nacional, sobre el que existe un diagnóstico bastante acabado de sus causas: (i) falta de educación para la tenencia responsable de mascotas; (ii) desconocimiento de peligros y riesgos de parte de la población; (iii) falta de institucionalidad, de regulaciones efectivas y de disponibilidad presupuestaria para implementar políticas públicas de prevención y control eficientes; y (iv) falta de decisión en la intervención muchas veces motivados por los dilemas éticos no resueltos entre actores sociales respecto de cómo enfrentar el tema; entre otros. Se trata de una situación fuera de control, sin conducción ni coordinación en su prevención y control. Pareciera que las autoridades nacionales, regionales y locales o no han comprendido la magnitud y complejidad del problema, o bien han preferido el statu quo a asumir frontalmente el tema, por lo controvertido socialmente que ello pudiese resultar. Esto último es además una situación bien conocida y administrada por algunos grupos animalistas, que frente a cualquier intervención de la autoridad, logran generar a través de redes sociales y medios de comunicación una amplia solidaridad de la comunidad, basada fundamentalmente en la empatía con los animales y el alarmante desconocimiento del problema al que nos enfrentamos.

Así cualquier intento serio de control poblacional termina en soluciones parciales de carácter más bien comunicacionales, tales como operativos comunales de esterilización y/o charlas esporádicas de tenencia responsable. Ello junto con demostrarse poco significativo, no da cuenta de la multidimensionalidad del problema, y basta darse una vueltas por las calles para ver que todos los recursos que se han utilizado hasta ahora en estas acciones han sido mal gastados, ya que los perros callejeros siguen ahí y crecen en número todos los días. Por otra parte nadie puede dejar de considerar extraordinariamente loable lo que puede hacer una organización que da alimentos un grupo de animales en la calle, o una ONG que defiende sus derechos y promueve iniciativas de esterilización, adopción y promoción de la tenencia responsable. Hoy nos encontramos en un nivel del problema que requiere de acciones de una naturaleza y envergadura distinta, de un elevado estándar técnico y cuyo desafío debiese ser que en el corto plazo no existan perros en vida libre en los espacios públicos del país. Ello pasa necesariamente por que de una buena vez Chile cuente con una política pública dotada de un marco jurídico regulatorio, moderno y efectivo con una autoridad nacional definida y empoderada, con herramientas normativas efectivas para el control y la prevención y con recursos para su implementación.

En este sentido nadie pone en duda que una solución sustentable, requiere una mayor educación de la población respecto de la tenencia responsable de animales, ello es además un imperativo ético de nuestra sociedad, sin embargo hay que reconocer que tendrá resultados entre un mediano plazo y largo plazo. Más allá que en el último tiempo han sido varios los municipios que han hecho importantes esfuerzos por abordar esta problemática, dada su magnitud éstos han resultado poco efectivos. Hoy en día los planes de esterilización son insuficientes, sus resultados parciales, y de alto costo si quieren aplicar protocolos con estándares internacionales. La construcción de caniles municipales para el retiro y adopción en un número razonable de animales superan con creces las capacidades de gestión y financieras promedio de cualquier municipio. Las sanciones y restricciones para evitar el abandono y el maltrato son muy débiles y no son fiscalizadas adecuadamente.

La autoridad no puede seguir eludiendo el hacerse responsable de remover hoy el millón de perros que vaga en las calles, campos y plazas, antes que sean dos millones. Ello solo se logrará en la medida que no contemos con una institucionalidad con respaldo normativo, que genere las condiciones para una acción coordinada, integrada y financiada, desde el ámbito nacional hacia el local, con recursos, plazos y metas compatibles con la resolución en el corto plazo de este problema y su sustentabilidad en el tiempo.

La autoridad no puede seguir eludiendo el hacerse responsable de remover hoy el millón de perros que vaga en las calles, campos y plazas, antes que sean dos millones. Ello solo se logrará en la medida que no contemos con una institucionalidad con respaldo normativo, que genere las condiciones para una acción coordinada, integrada y financiada, desde el ámbito nacional hacia el local, con recursos, plazos y metas compatibles con la resolución en el corto plazo de este problema y su sustentabilidad en el tiempo.

Es por ello que resulta relevante que el proyecto de ley que hoy se discute en el parlamento tenga una aproximación desde la complejidad y urgencia del problema, entregando una clara responsabilidad al ente público en la coordinación y ejecución de una política nacional, más allá que en ella se puedan asignar roles a distintos actores sociales para su materialización. Lo que bajo ningún punto de vista puede ocurrir es lo que algunos promueven, en términos que la función pública de control y prevención sea trasferida a privados a través de ONG y organizaciones animalistas, no teniendo en cuenta que la dimensión, profundidad y amplitud del problema requiere de una acción coordinada del aparato público desde sus instancias nacionales hasta las territoriales con el objeto de cubrir en toda su amplitud el territorio nacional y no dejar la solución circunscrita a los lugares en donde estén o puedan llegar estas organizaciones. Ello sin lugar a dudas dejaría a los sectores más alejados, más pobres, más marginados, y no por ello menos afectados, fuera.

Si el Estado no va a seguir estos estándares y/o se está guiando hacia resultados en el largo plazo, es necesario ser claro entonces en informar que ello significa implícitamente que se va aceptar la convivencia de millones de perros vagos con personas (incluidos niños), mascotas y fauna silvestre a lo largo de Chile. Y en este sentido se debe dar a conocer públicamente lo que ello significa, en lo inmediato y por un tiempo indeterminado, en términos de peligros, riegos y consecuencias, y estar dispuestos a aceptar mordeduras, ataques, accidentes, transmisión de enfermedades, entre ellas la posibilidad de rabia canina, entre otras.

Finalmente, la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley no puede excusar al Ejecutivo de asumir, bajo el cuadro normativo actual (Ley 28.540), el liderazgo y la coordinación que el control de esta situación demanda hoy día.

* Entrada coescrita entre Hernán Rojas Olavarría, Ph.D. y Michel Leporati Nerón, Ph.D., Directores CERES BCA