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Reformas a la institucionalidad política chilena

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Lo que pocos destacan es que nuestra institucionalidad está entrampada y que, sistema electoral binominal mediante, difícilmente resolveremos idóneamente tales dilemas, al extremo que casi da lo mismo quién sea elegido Presidente(a) de la República, dado que, como persistirá un Parlamento empatado, no contará con las mayorías parlamentarias que requieren la materialización de las transformaciones que se necesitan.

He escrito, hace poco, la reflexión “La Institucionalidad Política Chilena: Una tarea pendiente”. En él doy cuenta de los desafíos de todo orden que debemos acometer como nación, la mayoría de los cuales son el resultado de los progresos logrados en los últimos 30 años y que nos hablan de una nueva realidad, de un nuevo país, de una diferente ciudadanía y, por ende, de la urgencia en solucionar la crisis de representatividad que afecta a nuestro régimen político y al sistema electoral; la necesidad de mantener niveles de crecimiento económico superiores al 5%, pero social y medio ambientalmente sustentables; la procedencia de construir una Sociedad de Garantías y abordar los insostenibles grados de desigualdad o de falta de igualdad de oportunidades; los retos que se observan en materias medio anbientales y energéticas; la pertinencia de poner a la educación en el centro de nuestra estratetgia de desarrollo y de reformular y fortalecer la educación pública; y el modo como enfrentamos lo relativo a los pueblos originarios, la regionalización y la descentralización; entre otros.

Esas tareas ya fueron advertidas por algunos el año 2009, pero no reconocidas por la mayoría de los actores políticos de la época, al punto que no estuvieron presentes en el debate presidencial y parlamentario que el pueblo aparentemente dirimió en las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año. Dichos desafíos no han sido resueltos, continúan pendientes y, ahora que nos aproximamos a nuevos comicios, los candidatos y las coaliciones políticas en disputa hacen esfuerzos programáticos por proponer soluciones a esas inquietudes.

Sin embargo, lo que pocos destacan es que nuestra institucionalidad está entrampada y que, sistema electoral binominal mediante, difícilmente resolveremos idóneamente tales dilemas, al extremo que casi da lo mismo quién sea elegido Presidente(a) de la República, dado que, como persistirá un Parlamento empatado, no contará con las mayorías parlamentarias que requieren la materialización de las transformaciones que se necesitan. La Institucionalidad vigente, hija del Acuerdo Nacional de 1984 y de consensos alcanzados entre 1989 y el 2005, fue muy eficiente para acometer los desafíos de los primeros 20 años de recuperada la democracia, pero es incapaz de resolver los actuales retos.

Así planteado, la verdera encrucijada estriba en resolver ese problema Institucional, ya que, de contrario, los Presidentes(as) sólo administran el statu quo, en vez de gobernar, como ocurre con el actual. En tal sentido, destacamos que los nudos que es menester desatar se vinculan con el cambio al sistema electoral y/o la modificación de los quorum legislativos. Todo lo demás es posterior o la consecuencia de aquello. Si no reformamos estas dos aristas, poco o nada avanzaremos en la solución de los grandes problemas que nos aquejan y las propuestas programáticas que se formulen, al no tornarse en realidades concretas, sólo aumentarán el desencanto de la ciudadanía, precipitándonos a escenarios muy peligrosos.

Hay quienes estiman que ello debiese abordarse mediante una Asamblea Constituyente o un Plebiscito Nacional; pero no reparan en connotar que ambas fórmulas no están consagradas en el Ordenamiento Jurídico vigente, de manera que su validez pasa por reformas constitucionales previas o por la violación del Estado de Derecho a través de la fuerza.

Luego, tratando de encontrar soluciones evolutivas que den respuestas pacíficas a tal controversia, creo que el próximo Presidente(a) de la República debiese ser aquel candidato(a) capaz de poner este tema de fondo en el centro de sus planteamientos, llamando a la ciudadanía a que le proporcionen suprapartidariamente las mayorías parlamentarias necesarias para materializar dichas transformaciones, anticipando que conformará un Gobierno de Unidad Nacional con esos propósitos, independientemente de los Partidos que lo o la eligieron.

Ello exige, eso sí, un extraordinario lidererazgo, una ciudadanía consciente de lo que estamos hablando, de los riesgos que corremos y de actores políticos que estén a la altura de lo que patria demanda.

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Foto: M Thierry / Licencia CC

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Comentarios

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R.A.

21 de agosto

La gente que se postula a la Presidencia, con excepción de quien escribe, no tienen como planteamiento poner la institucionalidad al servicio de las personas, de forma que nuestro sistema se convierta en una verdadera democracia y en el que la ciudadanía tenga un poder real en la definición de las “políticas, planes, programas y acciones del Estado”, tal como lo estable como su derecho la Ley 20.500 o de Participación Ciudadana…

Yo creo que la política debe caminar hacia la senda de definir una herramienta constitucional que le garantice estos derechos a la ciudadanía y que ella debiera ser una Cámara Ciudadana Digital que tenga representantes directos en el Parlamento y en la que participen las universidades del Consejo de Rectores, para definir de mejor forma ciertos planes de desarrollo de tipo regional y especialmente comunales, porque tenemos una migración de población que favorece todo tipo de desarrollo concentracional que eleva los costos del subsidio al crecimiento de la Área Metropolitana para el Estado, producto de la falta de oportunidades en muchas comunas del país, ya que sus capacidades se encuentran por debajo de la línea de sus facultades, si acaso nuestro sistema se preocupase más de generar mejores formas de desarrollo organizacional…

http://www.camaraciudadana.cl

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