La necesidad de la ética en las compras públicas

El sostenimiento de la democracia no depende exclusivamente de los procedimientos, sino de que la ciudadanía, además, valore la democracia en la que vive (PNUD, 2014). Para esto se requiere una relación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas (PNUD, 2016).

El principal problema por el que atraviesan los servicios públicos es una crisis de ética pública (Orellana, 2007), lo que se traduce en una desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas (Latinobarómetro, 2017), y esto es causado por los grandes casos de corrupción COPEVA, Inverlink, Caso Coimas, Chile Deportes y los más recientes PENTA, Caval, SQM y otros emblemáticos referidos a instituciones castrenses milicogate y fraude de Carabineros (Nash, 2018; Orellana, 2018).

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Debe existir un liderazgo ético desde los directores de los servicios públicos que debe ser transmitido a cada funcionario dentro de las estructuras jerárquicas de los servicios públicos

Para esto el funcionario debe estar internalizado con la misión de su organización pública e identificar los usuarios a los que se debe el organismo, además conocer los derechos y  responsabilidades que deben ser provistas a la ciudadanía.

Los valores democráticos no se encuentran vacíos, pues la ética es un saber racional que permite orientar las acciones y tomar decisiones pensando en el largo plazo, más allá de los fines particulares, permite mirar el interés público o interés general por sobre las ambiciones individuales (Cortina, 1994; Diego, 2009; Villoria e Izquierdo, 2018).

Los organismos públicos se deben a la ciudadanía, dentro de ellos existen diversos tipos que se enfocan en las múltiples necesidades de la sociedad. Para realizar un buen desempeño de sus tareas cada organismo, entre otras cosas, debe adquirir bienes y servicios; y para esto utiliza de manera transversal el sistema de compras públicas, que se encuentra Regulado por la Ley 19.886 y su reglamento (Decreto 250/ 2004).

El sistema de compras públicas es coordinado a nivel nacional por una Dirección de compras y contratación públicas, el cual se encarga de desarrollar aplicativos y directivas mediante la cual instruye a las unidades de abastecimiento de los servicios públicos, para un desempeño eficiente, transparente y por sobre todo un desempeño que se ajuste al principio de probidad; que se encuentra además prescrito en el Articulo 52 de la Ley de Bases 18.575, la cual señala que: “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto, y leal de la función o cargo; con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En concordancia con lo anterior, el derecho administrativo chileno establece una serie de mecanismos para regular el cumplimiento del principio de probidad, la cual se reconoce además en el estatuto administrativo como la “Responsabilidad Administrativa”, ante la cual si un funcionario quebranta el principio de probidad será expuesto a sanciones que incluso pueden costarle la destitución de su puesto de trabajo y la inhabilidad de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

Más aún, existe una institución pública de carácter constitucional y con autonomía, que se llama Contraloría General de la República, la cual se alza, cual Leviatán, para fiscalizar las acciones y procedimientos de los funcionarios públicos, especialmente en materias de compras, pues su eslogan señala “por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”.

Por otra parte, y en relación al funcionario público, cabe preguntarnos ¿en dónde encontramos las motivaciones de aquellos funcionarios que incumplen el principio de probidad? ¿Qué gatilla un acto de corrupción? ¿Se es consciente de las consecuencias de los actos? ¿Se está dispuesto a asumir las responsabilidades?

Si bien existen múltiples respuestas como motivantes para actuar con corrupción, aquella motivación, que es la más evidente, tiene que ver con la codicia, es decir, amar el dinero a tal nivel que se está dispuesto a sacrificar todas las libertades y más aún la propia dignidad con el propósito de obtenerlo por todos los medios posibles.

¿Pero para qué se requiere el dinero? Desde un punto de vista de la ética de la comprensión (Morín, 1999) debería analizarse más profundamente las causas de la avaricia, ambición o codicia, pues en ciertos casos actuar con corrupción conlleva a satisfacer necesidades íntimas de la egolatría, con el afán de poder adquirir aquello que traerá a la persona mayor estatus o reconocimiento de sus pares.

Aunque, por otra parte, las causas de la corrupción se encuentran en la incapacidad de mejorar las condiciones laborales, los bajos ingresos, o el sobre endeudamiento.

Algunas ideas para prevenir la corrupción son: Actuar racionalmente aplicando el principio de Justicia, tomar decisiones más allá de lo mínimo que se exige en el derecho positivo.  Aconsejar a los funcionarios a que eviten perder la dignidad y libertad al sentirse seducido por el dinero “fácil” aprovechando la información privilegiada o dirigiendo licitaciones a empresas determinadas para recibir coimas como pago.

En conclusión, debe existir un liderazgo ético desde los directores de los servicios públicos que debe ser transmitido a cada funcionario dentro de las estructuras jerárquicas de los servicios públicos.

En el área de compras, cada funcionario que sea tomador de decisiones debe tener claridad de la necesidad ética de sus decisiones, del significado de sus actos y de la importancia de pertenecer a una institución que sea confiable, toda vez que el organismo en que se desempeñe transmita probidad, transparencia y apertura a la participación ciudadana.