El gobierno y el Servicio Electoral han dado señales que ponen en duda la implementación de la inscripción automática para las elecciones municipales del 28 de Octubre del 2012.
Vale la pena recordar que la inscripción automática fue sugerida como una reforma política por el Presidente Lagos en su discurso del 21 de mayo del año 2000. Tardó once años en transformarse en acuerdo político: la ley que establece su implementación se aprobó el 11 de mayo de este año y es responsabilidad del ejecutivo concretarlo.
El principal argumento para tomarse las cosas con calma serían complicaciones técnicas relacionadas con la dificultad de establecer el domicilio de las personas no inscritas. El Ministro de la SEGPRES, Cristián Larroulet, señaló que quería evitar una implementación apresurada que dañara nuestras instituciones electorales. Es posible que el SERVEL y el ejecutivo estén en lo cierto, puede tratarse de un problema logístico complejo y, en ese escenario, las palabras del Ministro expresan prudencia y realismo. Por otra parte, desconociendo los detalles técnicos, sorprende la presteza con que otros países han enfrentado situaciones aparentemente similares. Hace unos años, en Bolivia se inscribieron millones de electores en algo más de dos meses.
Para evitar suspicacias en un sistema fuertemente cuestionado por decisiones que se toman lejos de los ojos de la ciudadanía, es deseable que el SERVEL y el gobierno sean sumamente transparentes sobre la naturaleza exacta del problema técnico que es necesario resolver. Una nota técnica precisando los detalles del problema ayudaría en esta dirección. Esto permitiría que la opinión pública, los expertos jurídicos e ingenieros juzgaran con independencia si los 18 meses -un año y medio- entre la fecha de aprobación del proyecto de inscripción automática y la elección municipal son o no suficientes para una implementación responsable de la ley. Al mismo tiempo, siendo este un ingrediente importante para mejorar las calidad de nuestras instituciones democráticas, transparentar las dificultades permitiría aprovechar la creatividad y el conocimiento de miles de expertos que pueden aportar a la solución del problema en un plazo diligente.
En este espíritu y agradeciendo la invitación de esta plataforma para escribir esta entrada, propongo un desafío de ingeniería republicana a todos los estudiantes (y académicos) de ingeniería y derecho del país:
¿Cómo podría implementarse la inscripción automática en dos meses y qué pasos son necesarios para garantizar una implementación exitosa?
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