Diálogos para un nuevo proceso constituyente

El plebiscito de salida del 04 de septiembre de 2022 obligó al ejecutivo a buscar una salida institucional, en el sentido de que si bien la ciudadanía rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, persiste el anhelo de una nueva carta magna que rija las nuevas reglas políticas e institucionales del país en los próximos cuarenta o cincuenta años.

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El próximo órgano constituyente debe tener presente que la ciudadanía valora los progresos del país en las últimas décadas, y que el debate constitucional debe ser siempre con altura de miras, sin excluir a ningún sector político o movimiento social

La decisión del Presidente Gabriel Boric de radicar los diálogos constitucionales para un nuevo proceso constituyente en el Congreso Nacional, es a mi parecer acertada, pues ahí radica la democracia institucional y la representación popular. Se debe tener presente que el desafío no es fácil, pues conviven distintas visiones políticas en la sociedad que leen el resultado del plebiscito según su ideología, y en ese sentido, son los políticos, quienes estuvieron bastante ausentes en el proceso de la Convención Constitucional, quienes deben ahora nuevamente, jugar un rol importante y activo, para fijar los márgenes que tendrá el nuevo proceso.

Respecto de los márgenes del nuevo proceso constitucional, hay un consenso importante de que el nuevo órgano constituyente debe ser 100% electo y con apoyo de expertos en distintas materias.

Sin embargo, es acerca del fondo, donde hay mayores diferencias entre los partidos oficialistas y de oposición. Algunos plantean que hay materias que no deben ser reformadas, tales como el modelo económico, el derecho a la vida, el Congreso Nacional, entre otras, como una manera de disminuir la incertidumbre en la ciudadanía. Otros consideran que no es pertinente establecer con anterioridad cuales contenidos no podrán ser reformados porque ello es parte de la deliberación democrática que debe llevar adelante el nuevo órgano constituyente.

En concreto, y aprendiendo de la experiencia política reciente, me parece bastante razonable que el nuevo órgano constituyente pueda ser 100% electo para darle legitimidad al proceso, apoyada por expertos que sustenten materias de mayor complejidad y requieren de mayor tecnicismo.

Sin embargo, respecto del contenido, no obstante ya se están dando algunos consensos y acercando posiciones sobre los principios que deben ser mantenidos en la nueva  constitución, creo relevante revisar el proyecto constitucional iniciado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet que tuvo una gran participación ciudadana y tomar los aspectos positivos de la Propuesta de la Convención Constitucional además de la actual Constitución Política que nos rige actualmente.

Lo anterior, porque el Estado ya ha destinado recursos importantes en cada uno de los procesos constituyentes, lo que no puede ser en vano. Y además, porque la ciudadanía espera que haya un nuevo texto constitucional pero que sea unificador y asegure la materialización de los derechos sociales, sin cambiarlo todo en lo político e institucional.

En ese sentido, el próximo órgano constituyente debe tener presente que la ciudadanía valora los progresos del país en las últimas décadas, y que el debate constitucional debe ser siempre con altura de miras, sin excluir a ningún sector político o movimiento social, de lo contrario, el nuevo proceso constituyente corre el riesgo de volver a fracasar y no lograr el objetivo de paz social que se está buscando, perdiendo el país, otra vez, una gran oportunidad.

Y, finalmente, algo no menos importante en el próximo debate constitucional, se debe tener siempre en consideración los desafíos actuales y futuros de Chile, lo que, sin lugar a dudas, es lo que nos llevará a avanzar hacia el desarrollo en el mediano y largo plazo.