Aquí se ha creado la idea de que los gobiernos de la Concertación entregaron tierras como una especie de regalo y una política equivocada. Los mapuches tienen en su poder los títulos de dominio donde dice que esas tierras les pertenecen y les fueron usurpadas. De eso se trata el tema de la devolución de las tierras. No sigamos haciéndonos los “lesos” y pensando que esas tierras están sujetas al derecho comercial tradicional. El Estado de Chile y antes, la corona española, les dio títulos de propiedad a los mapuches que son legítimos, pueden reclamar sus tierras y cualquier tribunal les va a dar la razón.
La sociedad chilena y el Estado, desde hace mucho tiempo, no han tenido la voluntad de abordar en su raíz el conflicto que tiene Chile con el pueblo mapuche. Se han firmado muchos “tratados de paz” y en Chile esos acuerdos terminaban siendo letra muerta. No se cumplen. Cada vez que sube de tono el conflicto se habla de actualizar los compromisos que permitieran darle solución a estas cuestiones, y este nuevo compromiso que involucraba un nuevo trato, volvía a quedar en cero. Esto es tener un “potrero con pasto seco en verano”; es cosa de tirar una colilla de cigarro para que se incendie la pradera.
Después de más de una década de conflictos, la cosa subió de tono y termina muerta una pareja de agricultores. Este hecho sangriento marca una diferencia sustantiva con los anteriores. Por ser tan grave, la situación produce también un cambio cualitativo en el gobierno, una reacción histérica ante la demanda de la ciudadanía en la mantención de la seguridad pública.
El discurso del gobierno sube de tono: dice que se va apelar a la ley antiterrorista, que hay posibilidad de instalar un Estado de excepción, es decir, le responde exactamente con lo que quieren los grupos violentistas en sus estrategias subversivas.
Quien no sepa cuál es el camino de una insurrección y la vía armada, la verdad es que no merece gobernar. La primera tarea del gobernante es garantizar el orden, la seguridad pública y estar preparado para enfrentar eventuales acciones de subversión.
Estos señores del gobierno no han leído nada, no conocen la historia, responden exactamente como no hay que responder, militarizando la zona, haciéndola subir de tono en lo judicial y policial, dándole s la excusa perfecta a los grupos violentistas para denunciar que acá se está instalando un Estado del terror contra el pueblo mapuche, un Estado militar y policial que no es capaz de responder las demandas sociales.
Además, con esto se exacerba el camino de la producción de víctimas, porque con Estado de excepción la policía prácticamente no tiene mecanismos de control y, al no haberlos, el abuso contra los eventuales sospechosos se maximiza y aumentan las víctimas, ya sean presos, heridos o muertos; son nuevas banderas de lucha. Más leña y más bencina a la hoguera.
El gobierno si de verdad quiere resolver o iniciar la solución del conflicto en la Araucanía y si de verdad quiere aislar a estos grupos violentistas vengan de donde vengan, lo que tiene que hacer es dar una respuesta sustantiva a los temas de fondo que están pendientes:
1.- Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Chile es un país pluriétnico. ¿Qué pasa con la derecha, que no quiere reconocer en la constitución a Chile como un país pluriétnco, por qué se resisten?
2.- Cumplir con el convenio 169 que se firmó con la OIT y que obliga la consulta con los pueblos indígenas cuando se desarrollan actividades públicas o privadas que afecten a su manera de vivir y su cultura, sus tradiciones o simplemente sus derechos.
3.- El tema de las tierras. Aquí se ha creado la idea de que los gobiernos de la Concertación entregaron tierras como una especie de regalo y una política equivocada. Los mapuches tienen en su poder los títulos de dominio donde dice que esas tierras les pertenecen y les fueron usurpadas. De eso se trata el tema de la devolución de las tierras. No sigamos haciéndonos los “lesos” y pensando que esas tierras están sujetas al derecho comercial tradicional. El Estado de Chile y antes, la corona española, les dio títulos de propiedad a los mapuches que son legítimos, pueden reclamar sus tierras y cualquier tribunal les va a dar la razón.
4. Completar la institucionalidad que se quedó a medio construir con Michelle Bachelet: el Ministerio de Asuntos Indígenas, para que exista un organismo del más alto nivel que se haga cargo de estos temas con la fortaleza política suficiente.
5.- Instalar el Consejo, Asamblea o el Parlamento Mapuche que nos compromete el convenio 169 (OIT) para que exista un mecanismo legítimo de representación del pueblo mapuche con el cual el Estado de Chile pueda dialogar. Hoy día no hay con quién hablar.
Las medidas para solucionar el conflicto mapuche deben ser de otra naturaleza, de carácter político, estas medidas son las que van a resolver el problema. Porque en la medida de que le damos satisfacción a las aspiraciones ancestrales del pueblo Mapuche, ello quita legitimidad a los grupos violentos.
En el pueblo mapuche la solidaridad es con todos y cada uno de sus miembros, es lo mismo que cuando a un chileno le pegan en Nueva York , todos los chilenos nos sentimos agredidos.
Pareciera que no entendemos la naturaleza de las nacionalidades y esto vale para el pueblo mapuche.
Espero que el gobierno,en lugar de llamar a un acuerdo nacional para aumentar la represión, llame a un acuerdo nacional para construir las bases políticas de la solución del problema en la Araucanía y en general con los pueblos originarios, porque de otro modo no va a conseguir aislar a los violentistas que provocan tragedias y dolores como lo ocurrido con la familia Luchsinger-Mckay y que todo el mundo condena sin ninguna ambigüedad, es un delito, independiente de las razones ideológicas que puedan haber tenido quienes llevaron adelante esta atrocidad y deben de ser sancionados de acuerdo con la ley vigente.
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Foto: Felipe Durán
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