Represas en la Patagonia: el cheque de los poderes fácticos

Días atrás, el palacio de la Moneda fue escenario de un acto insólito: Una donación de 10 millones de dólares para la reconstrucción se convirtió en la oportunidad para que Pablo Yrarrázaval, gerente de Enersis, cuestionara el actuar de las instituciones medio ambientales durante el gobierno de Bachelet. La acción podría haber pasado a ser otra “anécdota” más acerca de cómo  los “poderes facticos” han intentado ejercer influencia en Chile. El hecho toma aún mayor relevancia si consideramos que se relaciona con la discusión que se está desarrollando en el país sobre la viabilidad ambiental de llevar a cabo el proyecto de Hidroaysén en la Patagonia.

Detrás del cuestionamiento sobre la poco eficaz gestión que habría tenido la institucionalidad medio ambiental durante el gobierno de Bachelet para con el proyecto de Endesa/Colbún, salen a la luz dos situaciones que deberían estar presentes en el debate nacional. La primera tiene relación con el no confundir la satisfacción de los intereses privados con la satisfacción de los interés públicos. Hay que debatir las repercusiones que tiene en el sistema democrático el que agentes con altas cuotas de poder intenten influenciar una decisión de Estado, no por los medios republicanos e institucionales -parlamentarios, concejales, etc, con los cuales cualquier ciudadano puede hacer expresar sus preocupaciones y aprensiones sobre lo que visualiza como bien común- sino que por medio de una vía no institucional, pero de considerable significación simbólica.

La segunda lectura, se relaciona con los planteamientos del sociólogo alemán Ulrich Beck. Él ha sostenido que, en las actuales sociedades repletas de problemas derivados del daño ecológico, las fuerzas productivas pierden su neutralidad e inocencia, en la medida que todo progreso económico y técnico puede traer consigo una multiplicidad de situaciones de riesgos sociales y ambientales. Esta es precisamente una de las características que pueden derivarse de la aprobación de un proyecto como el hidroaysén: inundación de tierras, destrucción de ecosistemas y potenciales riesgos aún no estudiados sobre  la cultura patagónica.

Entonces, es bueno recordar que la decisión de  un tema de enorme trascendencia, como es el proyecto hidroaysén, no puede intentar ser resuelta desde esferas de poder que no son las que velan por el interés común. Chile, desde hace 20 años, ha ido consolidando su institucionalidad democrática, y actos como el ocurrido en el palacio de la Moneda, con la mismísima presencia del Presidente de la Republica, no contribuyen a reforzar una buena imagen país.

Como dijo Ricardo Lagos hace años atrás, “en Chile, las instituciones funcionan”. Está claro, por tanto, que las palabras del señor Yrarrázaval no calzan con el Chile que se ha construido.