La ley de delitos económicos y ambientales Chile sube a las ligas mayores
Todos sabemos que el presidente Boric promulgó esta indispensable ley el lunes 07/08/2023, con la cual ya nunca más algunos de los grandes empresarios, esos mismos que aparecen con ternos oscuros y relucientes cuellos blancos con corbatas de seda en las páginas sociales de los medios tradicionales, se verán afectados por graciosas penas consistentes en tomar clases de ética cuando sus proyectos de inversión o corruptos manejos comerciales son detectados. Así aquellos han violado impunemente las sanas reglas del libre mercado que, con adornadas palabras, dicen promover.
Entendemos que este cuerpo legal será publicado en los próximos días en el Diario Oficial y desde entonces ya no se exigirá demostrar legitimación activa, es decir, tener un interés propio, para que los ciudadanos comunes y corrientes denunciemos las prácticas comerciales indebidas en las instancias judiciales y administrativas.Los proyectos mineros, agroindustriales, inmobiliarios, sanitarios y todos aquellos que pueden causar distintos perjuicios, con esta civilizada legislación, no pueden cometer errores (…)sus profesionales que actúan como proyectistas serán sancionados con la prisión
Para celebrar esta excelente legislación, la fundación Defendamos la Ciudad convocó a ciertos actores privados y funcionarios públicos a una entretenida reunión que se llevó a cabo el sábado 12/08/2023 en el Hotel Acacias de Vitacura. El arquitecto, exembajador y exdiputado, Patricio Hales, nos habló en detalle del Congreso Ciudades que se inicia en estos días, con el apoyo del Senado de la República y el arquitecto, Yuri Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de directores de obras municipales, nos contó sobre el discutido y poco comprendido rol que ejercen esos funcionarios públicos que dependen de los alcaldes y de los seremis de Vivienda y Urbanismo.
Otros tantos, abogados, ambientalistas, ingenieros, empresarios, artistas, concejales y arquitectos (as), intervinieron con singular acierto, aunque con distintos énfasis, dejando en evidencia las falencias que tiene nuestra institucionalidad en la administración de la ley y ordenanza general de Urbanismo y Construcciones como en la legislación ambiental. Fue muy interesante y didáctica la clase magistral que nos dio la ambientalista, Alexia Karamanos, en relación a los diferentes tipos de especies arbóreas que se plantan en las ciudades para limpiar el aire que respiramos.
La ley que combate los delitos económicos y ambientales recoge las disposiciones de Basilea 3, vigente en Europa desde el año 2009, como respuesta a la vergonzosa crisis subprime del año anterior y la Norma de Carácter General (NCG) N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el ámbito de la solvencia que deber tener los bancos y de la prudencia y buen análisis crediticio de los clientes cuando les financian sus proyectos que pueden generar daños ambientales. El Banco Central y esa CMF tienen pleno conocimiento de una situación irregular producida en la región de Tarapacá, que este columnista debió poner en conocimiento de la Contraloría General de la República en fechas 26/05/2023 y 31/05/2023, con motivo de haberse detectado ciertas «voluntarias equivocaciones» en la Seremi Minvu de Tarapacá, cuando se aprobó el Plan Intercomunal Costero de dicha región.
A partir de la aplicación de la ley en comento, tal como lo asevera en la red Linkedin el abogado experto Rodrigo Andreucci, a fines de este año, los Bancos deben dar cuenta en sus memorias y balances de los riesgos reputacionales por financiar proyectos constructivos que afecten al medio ambiente, medio humano y derechos humanos. Asimismo, afirma que la CMF debe velar por el cumplimiento de su NCG N° 461 de noviembre del 2021. Por nuestra parte, manifestamos que ahora los directores de los bancos como sus gerentes generales tienen las penas del infierno por no evaluar los riesgos de las operaciones crediticias y por ello, si no desean ir a la cárcel, tendrán que ser muy serios y cautos al prestarles dinero a sus queridos clientes.
Entonces los proyectos mineros, agroindustriales, inmobiliarios, sanitarios y todos aquellos que pueden causar distintos perjuicios, con esta civilizada legislación, no pueden cometer errores, aunque sea de buena fe, como se ha justificado hasta ahora, debido a que también sus profesionales que actúan como proyectistas serán sancionados con la prisión. Luego, este cambio que se produce en la manera de generar crecimiento económico está en línea directa con nuestro hábitat y por lo tanto, ha llegado la hora para que las asociaciones gremiales empresariales, tales como la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el propio Estado y las universidades se preparen para ponerse a la altura de las circunstancias.
Finalmente, como respuesta a la orquestada campaña comunicacional que critica la demora municipal en la tramitación de los permisos de edificación, le recordamos a Carlos Montes que desde el año 2016, es decir hace 7 largos años, su ministerio de Vivienda está analizando parsimoniosamente la puesta en marcha en las direcciones de obras de la aplicación en línea de este trámite, con lo cual se dará un paso efectivo en transparencia y rapidez, con el beneficio implícito de que así todos conoceremos con un simple click cuál será el crecimiento inmobiliario en nuestros barrios.
Cuando terminó nuestro encuentro, quien suscribe, reconoció ante los 20 asistentes, de ellos, tres de la Quinta Región y uno de la Sexta Región, la labor desplegada por Patricio Tupper, cuando editó el libro Hacer Ciudad, en memoria del arquitecto y académico Enrique Siefer, creador con su esposa abogada Sara Navas, de la fundación Defendamos la Ciudad, dejándose en claro, además que, tanto la Contraloría, la Tercera Sala de la Corte Suprema como el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, son órganos de excepción en nuestro país pues, como sus miembros son acabados conocedores y bienintencionados interpretadores de las leyes, sus dictámenes y sentencias son inobjetables, aunque en algunos casos, ciertos interesados las cuestionen.
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