Faltan apenas unos días para que se cumplan 4 años de las masivas protestas provocadas por un profundo descontento social y ningún mando estratégico de Carabineros ha rendido cuentas ante la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre de 2019 en el marco del ‘»estallido social».
Es necesario y urgente que la fiscalía a través del fiscal Armendáriz actúe con decisión para dar la firme señal de que estos crímenes no deben repetirse jamás
Entre 2019 y 2020 se realizaron múltiples investigaciones de organismos internacionales de derechos humanos que verificaron el uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas que causaron miles de víctimas.
En el informe ‘Ojos sobre Chile’ de Amnistía Internacional, además, se advirtió de la necesidad de investigar la posible responsabilidad de los altos mandos de Carabineros. Es decir, al general director, el subdirector y el director de orden y seguridad (DIOSCAR), en sus respectivos cargos en el momento de los hechos.
Es importante destacar por qué es relevante que la justicia recaiga en la responsabilidad de los mandos, ya que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que toda la línea de mando debe ser investigada. Esto se sustenta en tres obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que Carabineros de Chile no cumplió.
En primer lugar, hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando. Es decir, los mandos conocían de la violencia policial.
En segundo lugar, los mandos de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades dentro de la institución durante el período analizado en el informe. Es decir, los mandos tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron. Lejos de eso, permitieron que miles de personas sufrieran lesiones irreparables y que cientos de ellas adquirieran una discapacidad de por vida.
Y en tercer lugar, los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos, en concreto en lo relativo al uso de munición lesiva, falta de protocolos operativos adecuados, planes operativos inalterados, órdenes imprecisas y ausencia de sanciones.
Ahora, la decisión está en manos de la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, concretamente en el fiscal regional Xavier Armendáriz. Es fundamental que si existe mérito se avance en la imputación de mandos y se inicie un proceso penal que garantice la plena rendición de cuentas por la violencia policial y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social. Por supuesto, todo esto en cumplimiento de todas las garantías del debido proceso.
Las señales de impunidad siempre son malas, es por eso que desde Amnistía Internacional hemos organizado una acción urgente donde las personas pueden escribir una carta al fiscal expresando su preocupación y pidiendo se que actúe con urgencia. Es necesario y urgente que la fiscalía a través del fiscal Armendáriz actúe con decisión para dar la firme señal de que estos crímenes no deben repetirse jamás. La justicia no se puede retrasar más.
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
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