Hace unos días, un amigo hizo una declaración y un paralelo entre el lamentable caso de Rafael Dides -el niño de cuatro años que tras estar tres días perdido fuera encontrado muerto en una quebrada del sector costero de Laguna Verde de la quinta región- y Domingo Eloy.
Sintiendo un profundo respeto y mis condolencias a la familia de Rafael y de titubear si compartir lo que él publicó en su muro, hoy lo cito tal cual:
“Domingo Eloy tenía más de 3 años cuando se perdió en el altiplano; no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, ni PDI, ni fue el Ministro de Defensa a coordinar su búsqueda. Sólo después de 14 días de desaparecido y tras ser detenida su madre, efectivos de la policía, PDI y militares estuvieron en su búsqueda, quizás sin mucho ánimo. La prensa basureó con la historia de su madre, Gabriela Blas. Su cuerpo apareció un año y medio después, por el lugar donde se perdió. Gabriela fue condenada a 12 años de prisión por descuido, porque era la “garante de la seguridad de su hijo”, obviando la cultura de estos pueblos en las formas de cuidados de la familia y pastoreos. Él era Domingo Eloy: ni para él, ni para su madre hubo justicia. ¿Qué más da, no? total son aymaras, son indígenas en Chile. Un país donde reinan el racismo, el clasismo y la discriminación”.
Sí, en Chile hay discriminación en la justicia. Qué terrible es cuando nos enfrentamos a casos como el del Colegio Apoquindo versus el Liceo Mater Puríssima de Maipú; sin lamentar los derechos vulnerados de los infantes de cualquier clase social, no puede ser que en ambos establecimientos, sucediendo los mismos hechos de abuso sexual, haya distintos plazos de resolución judicial.
No puede ser que una familia espere más de nueve meses a que el victimario de sus hijos sea procesado. ¿A un ladrón de bicicletas se enjuicia más rápido que a un violador o abusador de menores? ¿Si yo no cuento con una clase social de influencia, tampoco mi caso es relevante? ¿Sólo una clase de ciudadanos tiene derecho a los derechos y otros no?
Esto me recuerda al grupo de delincuentes que desfalcaron la Ilustre Municipalidad de Arica. Al ser políticos, cumplían condena en la enfermería de la cárcel de Acha. Gendarmería se excusó argumentando que los imputados habían sido aislados ante una eventual agresión. Privilegio del que, claramente, no cualquier imputado puede gozar.
También recuerdo el asesinato de Primo Carlos Javier, quien, tras haberse negado a prestar una olla a presión a unos tipos que no conocía y en la más completa impunidad, fue golpeado hasta morir por cinco delincuentes en Puente Alto, hace más de 15 años. Era pobre y un ciudadano común más.
Nosotros podemos cambiar y mejorar este sistema que tanto deja que desear. No dejemos de sufragar, de opinar, de criticar con fundamentos y respeto, de movilizarnos; no quedemos indiferentes a tantos temas. Así es como una mediana justicia le llegó a Daniel Zamudio tras tanta presión mediática, así es como se la ha movido el piso a este Gobierno en cuanto a temas educacionales y medio ambientales, entre otras malas gestiones que se han evidenciado.
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