Es verdad que como coordinadora de padres debemos estar satisfechos por un trabajo bien hecho. Nuestro equipo jurídico y los abogados independientes llevaron a cabo una labor impecable que terminó por reintegrar a los alumnos expulsados a sus respectivos liceos en Providencia. Pero este trabajo, que cierra un ciclo esta semana, con la reincorporación de las alumnas del Liceo 7, ¿nos puede llenar de alegría o regocijo?
La verdad, yo creo que no, y las razones del por qué no podemos tomar estas victorias judiciales con alegría o sensación triunfalista son varias.
El primer antecedente que debemos tener en consideración es el daño irreparable que se hizo a las comunidades educativas de cada liceo. La autoridad comunal y los equipos directivos de cada liceo, con su actitud majadera, han destruido de manera dramática la institucionalidad interna de los liceos, toda vez que la Corte de Apelaciones de Santiago estableció en sus fallos los actos irregulares, las arbitrariedades y hasta ilegalidades en las que incurrieron estas autoridades al momento de perseguir sin razones de peso a nuestros jóvenes estudiantes.
Los padres y apoderados de Providencia nos preguntamos ahora, qué mecanismos y con qué altura moral se va a normar una sana convivencia al interior de nuestros liceos si se abusó de los manuales destinados para ello, no se siguió un debido proceso y, lo que es más grave, algunas directoras mintieron descaradamente en los informes entregados a la Corte de Apelaciones.
Todos estos hechos gravísimos, quedaron claramente establecidos y denunciados en los fallos antes mencionados.
Por lo demás, ¿cómo se pueden celebrar como un éxito los fallos, si de 52 alumnos expulsados del Liceo Alessandri regresó solo uno? Al resto, sus padres, no se atrevieron a reincorporarlos y someterlos a la actitud matonesca del inspector general, actitud avalada por su directora.
Hace un par de semanas nos hemos enterado, por parte de alumnos de Liceo Alessandri de que la directora de ese Liceo destituyó al Presidente del Centro de Alumnos, llamó a elecciones, configuró el Tricel y estableció el cronograma del proceso eleccionario. Todas estas, actitudes absolutamente reñidas con el decreto 524 del Ministerio de Educación, que reglamenta elecciones y regula el quehacer de dichos centros.
Hemos visto de manera preocupante cómo, cada vez que las alumnas de los liceos Carmela Carvajal, 7 y Tajamar se han intentado organizar para participar en marchas o en apoyo a sus compañeras expulsadas, la actitud de los cuerpos directivos es de represión declarada y descarada. Les sacan fotos como manera de amedrentarlas y las amenazan con posibles condicionalidades. Es importante decir que los alumnos y alumnas declarados condicionales después de las movilizaciones del 2011 se cuentan por cientos. En el Liceo 7, por ejemplo, el resultado de la última movilización interna, que fue apoyada por la mayoría de las alumnas por medio de una votación, es de 50 alumnas pasadas al consejo de profesores.
Por otra parte, más de 15 alumnas del liceo Tajamar fueron dejadas condicionales por “cimarra interna”, por “hacer ruido en el patio” e incluso por hacer “proselitismo político”, luego de votar mayoritariamente por un paro interno con miras a poder participar de la marcha del 25 de abril.
Los padres y apoderados de Providencia nos preguntamos ahora, qué mecanismos y con qué altura moral se va a normar una sana convencía al interior de nuestros liceos si se abuso de los manuales destinados para ello, no se siguió un debido proceso y lo que es más grave algunas directoras mintieron descaradamente en los informes entregados a la Corte de Apelaciones.
El caso más dramático es una alumna, de uno de nuestros liceos, que producto de emitir una opinión en una jornada de discusión, fue dirigida a una oficina e interrogada por más de 40 minutos por la inspectora general.
La violación de los derechos de los alumnos y la represión ejercida por los equipos directivos y profesores no se han detenido para nada, como ustedes ven. Lo lamentable es que está tan institucionalizada esta manera de actuar, que, ya sea por temor o por asumir que esto es normal, es que alumnas y alumnos de Providencia no quieren o no se atreven a denunciar estas actitudes.
La Coordinadora Apodérate es una organización transversal en lo político que, con sus escasos recursos y la voluntad inquebrantable de su equipo jurídico, venció a uno de los bufetes de abogados más caros y ostentosos de Chile, Carey & Allende. Este estudio jurídico fue contratado por el alcalde Labbé con recursos municipales para evitar el reintegro a clases de los alumnos expulsados.
Así fue como dimos dura pelea por reintegrar a los alumnos expulsados. Así es también como nos hemos preocupado por saber las condiciones en que se encuentran hoy nuestros hijos e hijas en cada unos de nuestros liceos. También nos hemos propuesto, como coordinadora de padres, primero, hacer las denuncias de los atropellos e injusticias que se están cometiendo y segundo, no dejar pasar nunca más las actitudes dictatoriales y tiránicas imperantes en Providencia, así como el trato vejatorio del alcalde Labbé, la directora de la Corporación de Desarrollo Social y tampoco de los equipos directivos y parte importante de profesores y funcionarios. Perseguiremos las responsabilidades individuales y colectivas, en el campo legal o administrativo, de cada uno de estos personajes. La represión, la persecución y el daño psicológico y moral al que expusieron a nuestros alumnos no quedarán impunes.
Y si el ministro de Educación, ausente en todo este proceso de manera inexplicable e irresponsable, no decide de una vez hacer el trabajo para el cual fue nominado, entonces deberemos acudir nuevamente a las cortes en busca de algo de justicia y consuelo para nuestros jóvenes.
* Felipe Pizarro Saldias, Coordinador General de Apodérate
Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad