Calidad en Educación: no dejemos las cosas como están

Si hay un ámbito de política en que el gobierno de Michelle Bachelet avanzó a pasos agigantados -y vaya que hay muchos- fue en educación. Sí, así de claro y aun por las razones que haya sido, pingüinos de por medio, y sin desconocer los tremendos esfuerzos hechos por los Gobiernos democráticos precedentes.

Durante casi 20 años las leyes de amarre de la dictadura mantuvieron incólume un sistema fundado en la desidia de los proveedores del servicio –especialmente los privados-, en la falta de controles y en la inexistencia de estímulos a la calidad y de sanciones a la mala gestión.

Pero ese cuadro comenzó a ser revertido con la aprobación de una nueva Ley General de Educación, derogando de paso la LOCE, y sentando las bases de un sistema de aseguramiento de la calidad cuyos pilares institucionales han estado sometidos desde hace tres años y hasta hoy a la discusión parlamentaria. En dos o tres años comenzamos a hacer lo que nunca antes se pudo: modificar la arquitectura institucional educativa.

Sin embargo, el 4 de mayo recién pasado la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, que crea el Sistema de Aseguramiento de Calidad Educativa y sus dos instituciones centrales, la Agencia Nacional de Calidad y la Superintendencia. ¿Las razones? Formales y de fondo.

El rechazo amparado en la falta de flexibilidad de las autoridades del nuevo gobierno es más que plausible. No se entiende la tozudez del Ministro de Educación de no permitir la introducción de perfeccionamientos sobre todo técnicos (coordinación de las nuevas instituciones, definición explícita de los roles ministerial y de los servicios, etc.), en una lógica de “avanzar sin transar”, bajo el argumento de que este es el mismo proyecto concordado entre gobierno y oposición en el período pasado.

Primero, porque ello no es cierto, pues durante su paso por el Senado el proyecto sufrió cambios importantes, por lo cual el proyecto claramente no es el mismo del inicio. Segundo, porque el estilo legislativo del Gobierno durante este episodio ha revelado una falta de pericia impresionante, olvidando que en democracia la búsqueda de los acuerdos siempre será más importante que una supuesta pureza técnica.

En consecuencia, punto concedido a los rechazantes en cuanto a lo formal.  

Sin embargo, donde no se puede estar de acuerdo con los diputados opositores es en las materias de fondo que objetan. Veamos.

En primer lugar, señalan que el proyecto, al crear la Agencia y la Superintendencia“quita facultades al Ministerio de Educación”. Pero es que esa era la idea. Lo esencial de este proyecto es crear agencias especializadas en la promoción de la calidad educativa y en la fiscalización del cumplimiento de estándares de gestión y desempeño. Y ello no sólo por razones de un adecuado diseño institucional, sino también porque hasta hoy el Ministerio de Educación se ha mostrado incapaz de abordar de manera eficaz esas tareas.

En segundo lugar, alegan que el proyecto perjudica a los funcionarios del Ministerio de Educación, atentando contra sus derechos. Perdónenme, pero eso no es así. Las normas transitorias del proyecto de ley señalan explícitamente la modalidad con que operarán los traspasos de funcionarios, consagrando el derecho preferente de los actuales funcionarios del Ministerio de Educación para postular a ocupar los cargos creado en las nuevas plantas, proceso que no podrá significar de manera alguna disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados.

En tercer término -y en un punto que pareciera ser más atendible- los objetores plantean que el proyecto plantea un concepto restrictivo de educación, que “reduce a los niños solamente al lenguaje y matemática y no ve a los niños en su conjunto”.

Al respecto, es preciso señalar que el concepto de educación, como tal, no es propio de este proyecto. Antes bien, lo supone. Esa noción es materia de regulación en la Ley General, por lo que de la objeción se colige que aquello que quieren enmendar indirectamente los diputados opositores es esta última ley y, por tanto, su reclamo no es atendible respecto del proyecto de ley de aseguramiento de la calidad.

¿Y qué dice la Ley General de Educación? Textual: “[l]a educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”

¿Es que alguien tiene algo que objetar a este concepto de educación? ¿Alguien puede sostener que lo reduce al lenguaje y las matemáticas? ¿No es, acaso, suficientemente amplio y para nada reductivo?

En consecuencia, no es posible apoyar el rechazo de los parlamentarios de la Concertación al proyecto en discusión, atendidas las razones que aducen. Tal vez pudiera haber otros motivos más poderosos y, para discutirlos, afortunadamente aún hay espacio legislativo en la Comisión Mixta.

Pero demos el paso. No dejemos las cosas como están, pues lo concreto es que no tenemos instituciones que realicen las funciones asignadas a las que se busca crear.

Antes bien, la invitación es a transitar por el ancho camino abierto por Michelle Bachelet en materia educativa, culminando con la constitución definitiva de estos dos pilares institucionales de altísimo valor. Demostremos nuestra propia capacidad de flexibilizar posiciones, tal como se lo pedimos al Gobierno.

Una vez hecho aquello, demos peleas de verdad, avanzando en modernizar y fortalecer la educación pública. Esa sí que será una batalla política e ideológica de a de veras con el gobierno de Piñera.

 
Contrapunto a esta entrada en la reflexión de Jorge Inzunza: "El naufragio de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación"

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