Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet por ser uno de los inventores del conjunto de protocolos TCP-IP, base de la comunicación por Internet, estuvo en Chile. Si entendemos el surgimiento de Internet como un proceso colectivo de invención, bien podríamos decir que Cerf es uno de los “Gutenberg” de la red.
Ayer participó en una charla en la Universidad de Chile, oportunidad en la cual abordó algunos temas centrales para el desarrollo de una mirada nacional sobre políticas públicas en el ámbito digital. Entre ellos, el ejercicio y respeto de nuestros derechos civiles en Internet.
Este tema, que suele estar ausente o poco relevado de los debates locales sobre Internet y la necesidad de impulsar su penetración en el país, es fundamental para decidir qué tipo de sociedad y democracia queremos construir. Cerf planteó que así como existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aprobación se remonta a 1948, un mundo en el que no existía Internet, es necesario pensar que correlato tienen en las redes esos principios.
La respuesta sencilla es que, independiente de la calidad y naturaleza de los espacios (presenciales o virtuales), esos derechos deben ser respetados y su vigencia no cambia. Sin embargo, poner en tensión esta primera aproximación, implica reconocer que en los ambientes digitales, hay ciertos escenarios que en el mundo presencial no ocurren y que, por lo tanto, se requiere una revisión de las definiciones de los derechos humanos para ver cuán necesaria es su actualización y adaptación a los nuevos contextos, así como reconocer lo que algunas organizaciones a nivel mundial han denominado los derechos humanos emergentes.
Toda simplificación implica caricaturizar la realidad, perdiendo la riqueza de los matices. Pero en este caso bien podríamos afirmar que nos estamos moviendo de un mundo de limitaciones, de fronteras físicas, donde los estados están llamados a respetar y hacer respetar los derechos civiles de todas las personas, hacia un mundo que no reconoce territorios, en el que por debajo de los tratados de libre comercio y de integración que los antiguos estados firman para asumir el desafío, fluyen otras lógicas de más difícil aprehensión: la de las personas para entrar en contacto, organizarse, colaborar y cooperar más allá de lo que sus respectivas autoridades sugieren, facilitan o intentan impedir. Es el mundo hiperconectado, del cual aún la mayoría de la población mundial está ausente, pero que ya comunica a varios miles de millones de personas.
Elemento clave de esta interconexión son las plataformas que la facilitan. Facebook, Twitter, You Tube, los servicios gratuitos de correo web, chat o telefonía sobre Internet, son algunos ejemplos. Sobre ellos y a partir de ellos, ejercemos –entre otras cosas- nuestros derechos y deberes ciudadanos. Suelen referirse a la Web como la nueva plaza pública. No estoy seguro cuán clara sea esa metáfora, porque todas las plataformas que mencioné son, en última instancia, espacios que tienen propietarios y cuya misión fundamental (más allá de los slogans que puedan acuñar y saber vender) no busca defender nuestros derechos. Buscan hacer sustentables sus modelos de negocio. Si ocurre la feliz coincidencia que apoyen nuestras libertades es porque en algún momento éstas entraron a formar parte del polinomio que hace rentable su lógica de servicio.
La propuesta de Cerf, la de analizar y construir una declaración universal de los derechos humanos en entornos digitales no es, entonces, una tarea menor y sin relevancia. Es una obligación democrática que todo Estado que se diga respetar las libertades ciudadanas debe enfrentar. Y no es algo que podamos dejar para nuestros hijos y nietos. Hoy sus derechos y deberes ya se juegan, en parte, en estos nuevos escenarios en los que las buenas voluntades expresadas en la declaración de 1948 pueden estar quedándose cortas.
¿Cómo estamos en Chile? En los últimos años hemos empezado a abordar el desafío. La nueva ley de Propiedad Intelectual y la ley de Neutralidad en la Red (la primera de su tipo en el mundo) así lo demuestran, pero no son suficientes. Más cuando algunos derechos básicos aún siguen, en el mundo analógico, frágilmente sustentados en legislaciones que no frenan prácticas que los ponen en peligro permanente para grupos específicos de la población o, incluso, amplios sectores de ésta.
La conversación sobre Internet en Chile (y en cualquier parte del mundo) no es un tema de tecnología. Es una conversación de democracia. O así al menos lo sugirió uno de sus padres.
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