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Acceso al agua, un derecho humano: ¿hora de un cambio institucional?

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La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 2010 al acceso al agua como un derecho humano. Dicha consagración contrasta diametralmente con el modelo de gestión de las aguas chileno. Éste ha demostrado ser deficiente a la hora de poder velar por un derecho universal de acceso al agua, ya que el modelo de propietarización chileno prioriza que grandes empresas concentren derechos sobre las aguas con fines económicos en desmedro de las comunidades.

El agua es un recurso común, de uso universal, esencial para preservar la vida. Por lo mismo las sociedades, a través de la historia, han creado diversos modelos de gestión del vital recurso con el objetivo de lograr una mejor administración y evitar su agotamiento.

Garrett Hardin en su célebre artículo “The Tragedy of Commons” (1968) trata el problema del uso simultáneo de un recurso común finito (como lo es el agua), sin que exista algún tipo de limitación a su aprovechamiento. Concluye que sin un control los bienes comunes están destinados a su extinción, pues “cada hombre se encuentra atrapado en un sistema que lo compele a aumentar su ganado sin ningún límite, en un mundo que es limitado” (Hardin, 1968; 1244).

Chile, a partir de la dictación de la Constitución Política de la República de 1980, optó por un modelo de privatización de los recursos naturales. Específicamente respecto del agua creó un régimen de propietarización de derechos, en el que solo quién tiene el derecho adquirido sobre el río puede aprovechar el recurso.

Esta forma de apropiación torna prácticamente inválida la calidad de bien de uso público que la consagra ley (Artículo 595, Código Civil Chileno). Lo anterior se vuelve más relevante teniendo en cuenta que la propia Constitución de 1980, en su artículo 19 N° 24 inciso final, declara que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos. Sin embargo, la contradicción la zanja el propio Código de Aguas en su artículo 5, unificando ambas ideas, al señalar que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”.

Este modelo de gestión de aguas basado en el mercado, donde el que el derecho de aprovechamiento sobre el agua puede ser objeto de cualquier acto de carácter mercantil, no sólo ha generado concentración y especulación de derechos de aguas con el fin de fomentar los proyectos de inversión, sino también una serie de conflictos ambientales con las comunidades que, en muchos casos, han visto afectado su acceso al recurso.

En esta misma línea, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 2010 al acceso al agua como un derecho humano. Dicha consagración contrasta diametralmente con el modelo de gestión de las aguas chileno. Éste ha demostrado ser deficiente a la hora de poder velar por un derecho universal de acceso al agua, ya que el modelo de propietarización chileno prioriza que grandes empresas concentren derechos sobre las aguas con fines económicos en desmedro de las comunidades.

Es así como incluso hoy podemos observar una organización ciudadana en la materia nacida al alero de diversas comunidades, que a lo largo y ancho y Chile, padecen serios problemas de provisión del vital recurso, grupos que demandan un reconocimiento del agua como derecho humano constitucional y que incluso fijaron una primera marcha nacional en el mes de abril de 2013.

Con el modelo de agua chileno es muy difícil (por no decir imposible) que los conflictos por el agua disminuyan, más aún teniendo en cuenta que la tendencia internacional va en la línea de asegurar y reconocer el agua como un bien vital en favor de las personas, en desmedro de considerarlo un bien mercantil.

Por ello este es un momento oportuno para sentarse a reflexionar sobre un cambio institucional en materia de aguas, que entienda al agua como un recurso común así también como un derecho humano del cual ninguna persona o grupo puede ser privado.

* Entrada escrita por Felipe Tapia Valencia, Profesor de Derecho de Aguas de la Universidad Internacional SEK, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, con mención en Derecho Regulatorio, y candidato a Magíster en Geociencias de la Universidad de Heidelberg Alemania, MSc (Master Governance of Risks and Resources).

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Foto: Fernando Mandujano / Licencia CC

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