Nos alegramos que quien liderará la cartera de Bienes Nacionales en el nuevo Gobierno de Bachelet sea Víctor Osorio Reyes, quien desde su juventud ha hecho valer sus derechos ciudadanos como dirigente estudiantil. Tenemos, así, la certera esperanza que el nuevo Ministro sabrá entender que en Bienes Nacionales no estará a cargo de la gestión de bienes cualquiera, sino de bienes ciudadanos, del territorio que le pertenece por derecho propio a los habitantes de este país y que, en consecuencia, deberán ser partícipes de dicha gestión.
Mucho hemos escuchado hablar de territorio en estos últimos días, por cierto, todo chileno bien nacido parece comprender lo importante que resulta ser defender el territorio nacional. Sin embargo, son pocos quienes se preguntan por qué es tan importante el territorio de un país y menos aún los que reflexionan acerca de qué haremos con ese territorio, si lo logramos retener. Aunque hoy la contingencia concierne a territorio marítimo, el tema también es aplicable al espacio continental e insular.
En primer término, se ha de señalar que el territorio no es un espacio geográfico cualquiera, el territorio es un espacio con identidad, que se distingue del resto y, por ende, es único. Normalmente, existen personas, comunidades o naciones que se identifican con un territorio y que lo hacen suyo, no por un contrato de compra-venta o un tratado internacional, sino porque ahí tienen historia, presente y porvenir, porque allí se sustenta su cultura, su quehacer cotidiano, su vida…, porque allí estuvieron sus abuelos y estarán sus nietos. Por eso, para quienes se consideran parte de un territorio, la identificación con éste no tiene relación con una escritura pública o el fallo de una corte, pero sí con el sentimiento de pertenencia al mismo y, por ende, se interesan en su cuidado y saben perfectamente qué quieren para él.
Respecto del tema territorial que ha ocupado y copado los medios de comunicación en las últimas semanas, no hemos escuchado a autoridad alguna referirse a cuáles son los planes para el territorio en disputa, cómo involucrar a las comunidades aledañas a esos espacios marítimos en el destino de los mismos, cómo se cuidarán esos territorios para preservar los ecosistemas marinos o evitar la contaminación de las aguas, etc. Sí, a nuestras autoridades les encanta hablar de “nuestro territorio”, pero pocas veces se plantean cómo cuidarlo….
Hace cuatro años, el Gobierno de Sebastián Piñera también hablaba con orgullo de “nuestro territorio” y nos daba la buena noticia que más de la mitad del territorio nacional era de propiedad fiscal y no un tercio como se señalaba hasta entonces y, lo mejor de todo, anunciaba que se iniciaría un proceso de planificación territorial; es decir, se harían esfuerzos por cuidar el territorio, de manera de no repetir casos bochornosos como el de la termoeléctrica de Barrancones, donde quedó demostrado que la institucionalidad ambiental del momento no era efectiva y que, por ende, se requería introducir la perspectiva territorial.
Sin embargo, al poco andar, el proceso de planificación territorial se redujo a diagnósticos territoriales y poco después a un mero sistema de recopilación de información territorial. ¿Consecuencia? Las grandes infraestructuras actualmente pueden seguir instalándose en el lugar que más les conviene, sin importar la opinión de las comunidades de los territorios afectados, tal como hoy lo demuestra el caso de la termoeléctrica de Punta Alcalde.
Por otra parte, el alto porcentaje de territorio fiscal, que a tantos chilenos nos alegró, pues era una oportunidad de cautelar por el bien común y poder llevar adelante una política territorial efectiva, dejó de ser una buena noticia para la mayoría y, en cambio, una gran noticia para los pocos de siempre….; sí, porque Chile se puso a la venta… Del 51% de nuestro territorio que se catastró como fiscal, más de la mitad se comenzó a ofrecer para venta directa o licitación, incluido un porcentaje menor que se entregaría a concesión por 50 años. ¿Y con qué propósito se enajenarían esos bienes? En su gran mayoría (65%) para equipamiento y uso inmobiliario, un 21% para fines turísticos y de conservación y un 14% para Energías Renovables No Convencionales.
¿Quién decidió estos usos y bajo qué condiciones? No lo sabemos, pero claramente no hubo un proceso participativo donde la ciudadanía se hubiese podido manifestar respecto del uso de esas tierras que son de todos los chilenos y que ahora el Fisco las vende al mejor postor. Por cierto, no fueron ciudadanos comunes y corrientes los que fueron invitados a conocer “el ofertón” de tierras fiscales, sino los grandes empresarios e inversionistas de siempre, aquéllos que ya son propietarios de las mejores tierras de ese otro Chile, que ya hace tiempo dejó de ser fiscal….
Pero seamos justos, dicho proceso no empezó con el actual gobierno, sino bajo el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue allí cuando se dio el puntapié inicial a las licitaciones y venta directa de bienes fiscales. Entonces y ahora, sin planificación u ordenamiento territorial, el gobierno se desprende de territorio de todos los chilenos, con el loable objetivo de “generar crecimiento,” sí, de aquél que sólo disfrutan unos pocos y padecen muchos….
Pero ahora la Presidenta electa tiene una nueva oportunidad y su programa de gobierno dice que se impulsará un Plan de Ordenamiento Territorial “que permita establecer un nuevo equilibrio entre los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las comunidades, y el respeto y cuidado por el medio ambiente”. Si bien no queda claro cómo este plan dialogará con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), que su gobierno anterior promovió y que hasta la fecha aún no se aprueban, nos parece –al menos- una buena señal en el camino correcto, que esperamos se haga efectiva con la debida coordinación con los PROT. Cabe agregar, que la venta de tierras fiscales se debiera detener, hasta no tener claridad acerca del ordenamiento territorial deseado. En términos generales, los suelos fiscales sólo debieran ser enajenados en casos muy justificados, que atiendan razones de bien común.
En virtud de lo anterior, nos alegramos que quien liderará la cartera de Bienes Nacionales en el nuevo Gobierno de Bachelet sea Víctor Osorio Reyes, quien desde su juventud ha hecho valer sus derechos ciudadanos como dirigente estudiantil. Tenemos, así, la certera esperanza que el nuevo Ministro sabrá entender que en Bienes Nacionales no estará a cargo de la gestión de bienes cualquiera, sino de bienes ciudadanos, del territorio que le pertenece por derecho propio a los habitantes de este país y que, en consecuencia, deberán ser partícipes de dicha gestión.
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Foto: Wikimedia Commons
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