En este medio independiente y en otros pocos que, cultivando también la libertad de expresión, publican las lacras del sistema imperante, nos hemos referido a una trampa cometida por la municipalidad de La Florida para, mediante el permiso de edificación N° 143 del año 2019, favorecer el interés privado de la constructora Besalco, con mala suerte para los coludidos, pues la Contraloría General de la República acogió la denuncia que le hizo el 24 de diciembre de 2019 la fundación Defendamos la Ciudad en resguardo de los intereses de los vecinos que estaban siendo perjudicados con el ilegal emplazamiento de una torre habitacional de 17 pisos al costado inmediato de sus viviendas unifamiliares. Ello se aprecia en esta columna anterior.
Como consecuencia del categórico dictamen N° E58946/2020 del 11 de diciembre de 2020 de la Contraloría, también tirándole las orejas a la negligente División de Desarrollo Urbano (DDU) del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), por haber publicado la irregular Circular N° 184 de 2009 referida a la DDU específica N° 5, resolvió que por ser ilegal el mencionado permiso y dado que todavía no habían transcurrido los 2 años para invalidarlo, conforme a lo estipulado en la Ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo, el Director de Obras Municipales (DOM) tenía que iniciar el proceso para dejarlo sin efecto.El aludido permiso de edificación, acogiéndose improcedentemente a la Circular trucha de la DDU Minvu, consideró un distanciamiento inferior por los deslindes norte y sur al permitido en la OGUC
Dicho sea de paso, la ilegal Circular N° 184 del 2009 de la DDU Minvu, que violaba la propia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) ¡era que no! fue blanqueada con el Decreto Supremo N° 8 firmado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro del ramo Felipe Ward, publicado el 29 de marzo de 2021 en el Diario Oficial, práctica recurrente que adoptan los gobiernos cuando la ciudadanía informada detecta artificios en los marcos regulatorios.
El aludido permiso de edificación, acogiéndose improcedentemente a la Circular trucha de la DDU Minvu, consideró un distanciamiento inferior por los deslindes norte y sur al permitido en la OGUC, infracción con la cual se afecta a las familias que residen en las casas colindantes, asunto que no le importó mayormente al dueño de la empresa Besalco ni a los funcionarios de la Municipalidad de La Florida.
Pues bien, el alcalde Carter, demostrando una supina ignorancia en la materia, le pidió una reconsideración a la Contraloría, indicándole temerariamente que la referida DDU Específica N° 5 de 2009, «se ajustaba a derecho» (sic) y que, por ello, su DOM no procedió a invalidar el permiso de edificación ya mencionado y aunque los lectores no lo crean, también se atrevió a expresarle al contralor Jorge Bermúdez que el ente fiscalizador no tenía competencia para pronunciarse sobre este asunto. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de 2 de sus directores, más prudente y educada, también pidió una reconsideración, pero con motivos más razonables: sostenía que el dictamen significaba un cambio de criterio.
La Contraloría, en su informe legal N° E113584/2021 del 10 de junio de 2021, le contesta al imprudente alcalde de La Florida, con copia a este columnista, a los 2 representantes de la CChC, a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanísimo y al Seremi de Vivienda y Urbanismo, ratificando en todas sus partes el anterior dictamen N° 58946 del año 2020, contestándole a la CChC que ese dictamen no constituye un cambio de criterio, entregándole las razones respectivas.
Finalmente, dado el desacato municipal, por no invalidarse el permiso de edificación ilegal, las familias perjudicadas interpusieron, a través del competente abogado Rodrigo Avendaño, un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 4.463, el que fue admitido a tramitación. Estaremos atentos a lo que resuelva la Justicia en este grotesco caso de abierta corrupción inmobiliaria.
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