El pasado Viernes 24 de Junio, estudiantes de la Universidad de Chile irrumpen en la rutina bursátil habitual de la Bolsa de Comercio de Santiago. El despliegue del lienzo “La Educación no se transa” marcaba las consignas en torno a una de las demandas fundamentales del movimiento estudiantil; el rechazo al lucro con fondos públicos y a la privatización sistemática de las universidades. Esta manifestación cobra notable sentido entendiéndose a la Bolsa de comercio como el epicentro de las transacciones comerciales de los capitales e intereses privados en nuestro país, lugar que ha estado en el foco noticioso durante el mes de junio, tanto con la venta de las acciones de la sanitaria Aguas Andinas (pertenecientes hasta entonces a CORFO-Chile) como por el escándalo financiero protagonizado por la empresa del retail La Polar.
La subasta del 29.95% de las acciones de Aguas Andinas fue la primera venta correspondiente al paquete de acciones que CORFO-Chile posee en las principales empresas sanitarias; 34,98% de acciones en Aguas Andinas; 29,43% en ESVAL; 43,44% en ESSBIO; 45,46% en ESSAL. Juntas componen el 66.7% de los 4.3 millones de clientes en el país. Las ventas de ESSBIO y ESVAL están fijadas para julio de 2011, mientras que la venta de ESSAL aún no tiene fecha para la operación. Dichas ventas significaran la reducción del control estatal al 5% en cada empresa.
La justificación de estas acciones por parte del gobierno de Piñera se reducen a que la posesión de dichas empresas es parte de las “inversiones pasivas prescindibles” por el Estado, y por ende, es necesario vender. El oportunista rol opositor de la Concertación no resulta convincente y raya en la hipocresía. Es que el rumbo privatizador ya estaba facilitado de antemano, y no solo refiriéndose a la ley de derechos del agua en 1981 o las reformas legales del ’88 y ‘90, sino también a que la privatización del 65% de las acciones de esas mismas empresas se hizo efectiva durante el gobierno de Eduardo Frei, y la apertura a la privatización completa de las sanitarias, al eliminarse la obligación legal que mantenía al estado con el restante 35%, en el gobierno de Ricardo Lagos. Este último proyecto, fue presentado por senadores y diputados de la Concertación, y aprobado en el parlamento en pacto con parlamentarios de la Alianza.
Poco ha importado a la clase política que mientras Naciones Unidas reivindican el acceso a las aguas como un derecho humano inalienable por sobre cualquier interés comercial, en Chile más del 80% de las fuentes superficiales sean de propiedad privada y solo Endesa España sea dueña del 60% de las aguas. Asimismo, según la CEPAL, el costo del agua en Chile es uno de los más altos de Sudamérica.
El caso protagonizado por la empresa del retail La Polar, ha sido considerado “el mayor escándalo financiero del último tiempo en Chile”, mientras que la respuesta generalizada del mundo político ha señalizado a la falta de regulación del mercado financiero del retail como la raíz del problema. Y es que el destape de las prácticas sistemáticas que incurría la empresa al renegociar unilateralmente las deudas de tarjetas de crédito de usuarios morosos, aumentándoles los montos de deuda por varias veces el precio original e incrementando su incapacidad de pago, es digno de una estafa al más puro estilo de las grandes mafias.
Entonces, conocido este deliberado abuso de poder, ¿es posible entender que las irregularidades fueran ignoradas por el directorio de la empresa o de los organismos reguladores? ¿puede considerarse como solución al problema el planteamiento de la clase política en torno a solo exigir una mayor regulación?
El mercado de las tarjetas de crédito de las casas comerciales en Chile, supera a las tarjetas bancarias con 58% contra 42%, respectivamente, sin existir regulación efectiva sobre las primeras. Esta alza, a su vez representa la forma inescrupulosa en que empresas del retail promueven el endeudamiento de las personas, otorgando facilidades de crédito para lucrar con las deudas de los miles que no pueden pagar. Bajo este escenario, es evidente que la clase política no ha sido capaz de reaccionar ni menos advertir la realidad del mercado del retail financiero chileno. Por tanto, se continúa promoviendo y dando “libertad” a empresas completamente deshumanizadas y al margen de la ley.
Tales hechos, indignantes desde cualquier punto de vista y como siempre perjudiciales al ciudadano común, son un reflejo manifiesto del devenir nacional en los últimos años, de las precariedades y abusos a que se ve enfrentada la ciudadanía, y a partir de las cuales por estos días, las multitudes salen a la calle a manifestarse, una y otra vez.
El sentir común evidencia, por una parte, una clase política chilena que es incapaz de proyectar una política en torno a los recursos naturales y las necesidades básicas de la población que no sea conceder la propiedad y el servicio a la empresa privada. Por otro, la libertad de empresa ha impuesto nuevas condiciones de desigualdad social y económica a la ciudadanía, evidenciadas en las estructuras de consumo existentes, en las relaciones laborales y el endeudamiento, siendo no más que una traducción de la desigualdad existente en el acceso y uso del poder político.
Ante este panorama, y tal como ha estado pasando en el sinnúmero de movilizaciones ocurridas, el brote de la indignación ya no se expresa en cada caso, sino que la misma gente, desde su rol como único opositor, comienza a asumir su empoderamiento y surge el anhelo de querer no solo una sociedad más justa, sino también, el querer deliberar directamente acerca del destino común, como única posibilidad de cambio a la realidad del Chile de hoy.
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Foto: freetoeknee / Licencia CC
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