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Trabajo y COVID-19: Un gobierno sordo y soberbio

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Ya no nos es indiferente las consecuencias que el COVID-19 ha traído al mundo. La actualización de contagiados, fallecidos y recuperados que día a día se dan en los medios de comunicación no parecen dar aliento de que esto pronto pasará, sino que demuestran que todo lo que está ocurriendo recién comienza.

Pero hay algo que parece haber comenzado hace mucho tiempo y el estallido social ya lo había dejado en claro. La situación de los trabajadores y trabajadoras en Chile hace mucho tiempo que se encuentra en una crisis y el COVID-19 solo ha demostrado, una vez más, que el gobierno parece no conocer la realidad laboral del país.


La situación de los trabajadores y trabajadoras en Chile hace mucho tiempo que se encuentra en una crisis y el COVID-19 solo ha demostrado, una vez más, que el gobierno parece no conocer la realidad laboral del país.

Antes de que en Chile se diese el estallido social, la realidad de los trabajadores y trabajadoras no era un oasis, de hecho, en el trimestre móvil marzo-mayo del año 2019 la tasa de desempleo se ubicó en un 7,1% y luego en el trimestre móvil de mayo-julio del mismo año aumentó a 7,2%. El trimestre de agosto y octubre del 2018 también marcó un 7,1% de desempleo aumentando 0.4 puntos respecto al igual trimestre del año 2017.

Puede parecer que la constante tasa de desempleo entre el año 2017 y 2019 signifique que hay un cierto control con respecto a la pérdida de trabajo, pero si recordamos que la propuesta del gobierno era dar más oportunidades laborales, entonces ¿Qué ocurre que desde el 2018 hasta la fecha (sin contar el estallido social y la pandemia) el desempleo va en aumento? ¿Las medidas que se han tomado se adecuan con las necesidades de los trabajadores?

Pero la poca conexión por parte del gobierno con la realidad del país incluso se hizo notar el mismo año en que el este se vio contra las cuerdas. Se supone que a principios del año 2019 se dio a conocer la creación de 94.400 empleos, pero ya en agosto del mismo año 1.132 empresas iniciaron su proceso de quiebra y se dieron a notar los despidos masivos en estas, ni hablar de las pymes que recién empezaron a brindarles ayuda cuando el país entró en crisis.

Si en un pasado las tácticas del presidente no han tenido sentido alguno para ayudar a los trabajadores y trabajadoras, resulta que con la crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente, la realidad no cambia demasiado y vuelve a poner en duda si realmente el gobierno conoce la realidad del sector laboral o no, puesto que las medidas tomadas hasta el momento han perjudicado más que beneficiado a las personas.

Claramente el hecho que el gobierno no haya actuado con prontitud ante la pandemia resultó en miles de personas aun yendo a sus lugares de trabajo para luego ser parte de la comunidad de contagiados, que de paso transmitieron la enfermedad a más personas entre ellas sus familiares, algo que se pudo evitar rápidamente con medidas extremas (que fue lo que el Colegio Médico propuso desde marzo del presente año) que no se quisieron implementar hasta el día 15 de mayo, donde el gran Santiago entró en cuarentena total.

Luego, para dar solución a lo anterior se promulga la ley de protección al empleo, que solo durante el mes de marzo dejó a más de 300.000 trabajadores sin empleo y 800.000 con recortes salariales y es muy probable que una vez acabada la pandemia, estas personas no puedan reinsertarse con facilidad al mercado laboral.

Las personas desempleadas han tenido que acogerse al fondo de cesantía (AFC) y están con un mar de dudas sobre qué ocurrirá con los fondos que han ido ahorrando y lo mismo ocurre en el caso de quienes han suspendido su contrato, puesto que no es culpa del trabajador y trabajadora la pandemia y dadas las circunstancias se han visto obligados y obligadas a acogerse a este fondo, algo que en un futuro les puede ser perjudicial en caso de que no se responda por el dinero que fue utilizado antes de tiempo.

Otra medida frente a la gran oleada de despidos es la implementación del finiquito electrónico, que por si fuera poco, abogados laboralistas no tardaron en encontrar una gran falla en esto. Esta modalidad de finiquito es ilegal, puesto que no hay una ley vigente que avale el actuar de la Dirección del Trabajo.

Para colmo quienes más perjudicados se encuentran son los trabajadores independientes o informales, puesto que deben vivir con lo que el día les da y una solución pronta a efectuarse es el ingreso familiar de emergencia el cual ya tiene críticas por otorgar montos insuficientes y por dejar fuera a gran parte de la población que es de clase media (que tiene que comer, pagar deudas, pagar colegios y universidades).

Nos encontramos ante un gobierno que incluso en los momentos más complejos aplaza una votación por una nueva Constitución porque puede haber peligro de contagio, pero que aun así reabrió por unos días los centros comerciales y trató de implementar un plan de retorno a la normalidad, porque se dieron cuenta que la población trabajadora es la que genera riquezas, pero aun así no son capaces de cuidarla y brindarle la seguridad de trabajo que merece.

Una foto del presidente en la Plaza de la Dignidad, con una ciudad en cuarentena, que tiene la tasa de contagiados más alta, con personas que no sabrán qué ocurrirá con su futuro laboral producto de sus medidas y con rayados que hablan por miles en contra de él definitivamente nos dice que estamos bajo el control de alguien que no escucha ni hace mucho por un país al que le prometió tiempos mejores.

TAGS: #Coronavirus #ProtecciónSocial Desempleo

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