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Pueblo originarios: la estrategia de la seguridad pública

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Cerrados todos los canales institucionales por una represión feroz del Estado contra los pueblos originarios desde siempre, a éstos no les ha quedado más que la calle (¿y ahora  las armas?) para hacer escuchar sus reivindicaciones de justicia histórica, evidenciando el fracaso del sistema político chileno para gestionar este problema que ya tiene siglos de duración.

Un problema político estructural, el Estado lo ha transformado en sólo uno de seguridad pública, lo que demuestra que se confunden los efectos con las causas. El desorden público es una consecuencia de la represión contra la movilización social de los pueblos originarios, no la causa central del problema. Esta rocambolesca confusión entre causa y efecto del legítimo descontento de los pueblos indígenas ha sido, en gran medida, solo  respondido con más represión, lo que  provoca, si no se cambia la óptica estratégica, un incontrolado desorden público garantizado.


La nueva Constitución debe contemplar una solución institucional a esta problemática reconociendo a los pueblos originarios como un valor en sí mismos y declarando a Chile una República plurinacional y pluricultural

Lo único claro es que el supuesto error político de confundir los efectos por las causas, es ya una estrategia política tan deliberada como perversa para centrar las prioridades no en la solución del problema central, que es una respuesta política del  Estado chileno sobre la deuda histórica que mantiene con los pueblos originarios, sino todo se centra en su efecto, la seguridad pública. Es decir, la causa de la rebelión de esta comunidad postergada durante siglos, queda eclipsada por su efecto ―el desorden público― centrando el Estado toda su agenda política en la gestión represiva para reestablecer la seguridad pública circunscribiendo toda la problemática de los pueblos originarios en solo un asunto de orden público.

Al centrar el Estado todo su poder en el efecto, el problema central queda totalmente discriminado y, por último, enterrado en gigantescas operaciones represivas mediáticas permanentes del Estado contra los pueblos originarios para restablecer el orden público. Paradojalmente, esta estrategia consigue, obvio, lo que busca: una respuesta violenta de los pueblos originarios, lo que transforma este conflicto histórico en un círculo vicioso con una espiral de violencias recíprocas que atentan contra el problema central, ya olvidado y enterrado por las violencias mutuas siempre in crescendo que garantizan la erosión permanente del orden público, que es lo que, pareciera, busca el Estado chileno.

Es perentorio que esta estrategia, que oculta la nula voluntad política para solucionar los conflictos estructurales de los pueblos originarios, concluya. El Estado chileno no puede continuar respondiendo a esta legítima demanda de los pueblos originarios, sólo con una cada vez más sofisticada represión para restablecer exclusivamente el orden público. La solución, es una mesa de diálogo con verdadera voluntad política de que sólo un acuerdo  firmado por ambas partes, permita volver a ponerlos de pie.

La nueva Constitución  debe contemplar una solución institucional a esta problemática reconociendo a los pueblos originarios como un valor en sí mismos y declarando a Chile una República plurinacional y pluricultural para otorgar una cuota de representación permanente en las instituciones del Estado o, por defecto, la creación de un Parlamento autónomo de los pueblos originarios para que dirimen su problemática en forma independiente, como sucede en muchas comunidades originarias de Europa.

En Chile no habrá orden público garantizado sin justicia social sin el reconocimiento y solución de la deuda histórica que tiene el Estado chileno con los pueblos originarios. La alternativa en esta problemática política es una sola: autonomía institucional para los pueblos originarios. Son ellos, como nación con una cultura propia, los que deben dirigir el destino de sus pueblos en un diálogo y convivencia democrática de respeto recíproco con el Estado chileno.

TAGS: #NuevaConstitución #PueblosOriginarios Estado de derecho

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Comentarios

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Juan Pedro

19 de julio

Por qué es legítima la reclamación de un pueblo minoritario, en un país donde sobre el 90% somos mestizos? Cual deuda? Por qué tendrían más derechos que el resto de los chilenos??

Felipe Cortés

26 de julio

«Cerrados todos los canales institucionales ….a los pueblos originarios no les ha quedado más que la calle (¿y ahora las armas?…» o sea usted pretende no solo justificar la violencia sino VALIDARLA??? y que volvamos a vivir en la época del far west? es eso? por Dios, tanto titulo que ostenta su currículum para finalmente «razonar» como un Neanderthal (entenderá usted que es una ironía haber escrito la palabra entre comillas verdad? ). No se queje si en lo que queda de año la asociación del rifle se hace realidad y terminan baleando a sus protegidos, después de todo usted está claramente apagando el fuego con bencina, lo que me hace recordar al infame Carlos Altamirano en los días previos al golpe de estado. Por cierto, sería bueno que en vez de incitar al odio y la violencia nos explicara de una buena vez ¿por qué una minoría que reniega del Estado de Chile y de nuestro idioma y símbolos patrios, pretende escribir nuestra Constitución? curioso por decir lo menos.

27 de julio

Gracias Felipe y Juan por participar.

La interpretación que hacen del artículo destila mucho desconocimiento de la problemática de los pueblos originarios. Confieso que yo hasta hace poco también lo tenía. Esta problemática no está en la agenda política y lo que se sabe, la mayoría de las veces, con se concilia con la realidad. Primero, una aclaración. No estoy incitando a la violencia. Estoy haciendo una constatación basada en los últimos hechos en la Araucanía. Generalmente, intento ser neutro y ceñirme a los acontecimientos que, por lo demás, están en todos los medios de comunicación. Jamás alentaria la violencia como método para alcanzar fines políticos. En ese caso estaríamos instalados no en un sistema democrático.
Con relación, a las deuda del Estado chilena con los pueblos Originarios. Me refiero concretamente al histórico. Estos pueblos eran una nación antes de la invasión española. La guerra que mantuvieron con los invasores les permitio, en un acuerdo con la Corona Española que los reconoció como nación autónoma, quedarse con el territorio cuya frontera con la CE era el río Bio-Bi, que hacia el sur. Desde allí partía el país de la La Araucanía. Fueron los chilenos, después de la independencia de España, los que invadieron La Araucanía, a sangre y fuego, y terminando por reducirlos a enclaves con los peores terrenos cuando el Estado chilena abrió el sur de Chile a los alemanes para que «colonizaran» las tierras que eran del país La Araucanía. Es la historia.

Felipe

30 de julio

Señor Vieyra no invente teorías: usted ya justificó la violencia y deberé aceptarlo porque de seguro estos terroristas le caen bien; no obstante después no cacaree si las fuerzas militares y de orden la ocupan de vuelta en legítimo derecho a la defensa del país. En segundo lugar el Estado chileno no tiene ninguna deuda con nadie, puesto que existen formas establecidas de adquirir un territorio («ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción adquisitiva). La ocupación en particular, ocurre cuando un Estado toma posesión de un territorio que NO pertenece a OTRO Estado (los mapuches nunca fueron Estado reconocido por la comunidad internacional y la «nación» es un concepto sociológico, no jurídico). Esto no es invento mío, léalo en cualquier libro de Derecho Internacional. Tampoco los araucanos fueron dueños de esas tierras originalmente puesto a que su llegada a Sudamérica esos espacios pertenecían a otros «pueblos originarios», es decir, el más fuerte fue ocupando el territorio del más débil mediante guerras. Puede que esto a usted le guste o no, o que esté en desacuerdo con ello, pero así es la vida. Por cierto, vuelvo a insistir, este tema de redactar una nueva constitución para un país al cual un grupo de sus convencionales no lo reconoce como propio, lo detesta, pretende literalmente quemarlo (y hace gala de ello) me parece cuando menos irrespetuoso y no veo por qué deberíamos aceptarlo.

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