Aunque el verbo «georeferenciar» está a medio existir y todavía no forma parte del diccionario, el mantener un padrón electoral que facilite a los electores votar por sus candidatos preferidos, ubicándolos en locales cercanos a su domicilio, forma parte de la «misión» del SERVEL pues contribuiría a la democracia y al aumento de la participación del proceso democrático.
No podemos esperar que alguien en algún lugar descubra que es mejor «georeferenciar» el padrón ni que se apruebe una ley especial para ello, cuando antes de que existiera esta palabra, los locales de votación quedaban cerca del domicilio de los votantes. La situación actual es una vergüenza y no admite explicación ni la posibilidad de refugio en la inexistencia de una ley, cuando forma parte de los deberes del SERVEL, y el no hacerlo claramente conduce a una manipulación de las elecciones que el domingo pasado, sumado a las restricciones derivadas de la pandemia, pudo tomar claros visos de fraude. El Servel, intencionadamente o no, dejó de hacer su trabajo de manera transparente cuando comenzó a modificar los locales de votación de los electores sin consultar que quedaran cerca de su domicilio, como ha sido históricamente.No podemos esperar que alguien en algún lugar descubra que es mejor «georeferenciar» el padrón ni que se apruebe una ley especial para ello, cuando antes de que existiera esta palabra, los locales de votación quedaban cerca del domicilio de los votantes.
«Misión» del SERVEL tal como la publica en su sitio web.
«Contribuir a la democracia mediante la promoción de la participación ciudadana informada; el apoyo al rol de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos de los independientes; la conformación del Registro y Padrón Electoral; la organización de los procesos electorales; el control del financiamiento y de los ingresos y gastos de las campañas electorales y de los Partidos Políticos, sancionando sus infracciones; la publicación de resultados preliminares y la preservación de la memoria electoral del país, a través de procesos eficientes que resguarden la probidad, aseguren la transparencia y el cumplimiento a la Constitución y las leyes».
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