Clivaje (del inglés cleavage) alude, en política, a ciertas ideas que hacen la diferencia entre elegir uno u otro candidato, una u otra alianza o coalición. Son los principios o situaciones que definen la intención de voto, sustentadas en lo que para el elector es esencial o primordial.
La traducción literal es escisión, fisura. Imagen definitoria, al ser la grieta que divide bandos políticos. O, mejor y menos bélicamente dicho, alternativas. En una sociedad polarizada, es relativamente fácil encontrar estas separaciones de aguas: izquierda/derecha; progresistas/conservadores; autoritarios/liberales; Estado fuerte/libertarios; pro dictadura/demócratas, son algunas de las nociones políticas que han hecho la diferencia para muchos y muchas al momento de optar políticamente.
Existen múltiples teorías al respecto y cada sociedad tiene sus propias divisiones, basadas en su cultura, historia, realidad. Chile aún, por ejemplo, cuenta con definiciones sustentadas en el rol de la Iglesia Católica en materias de Estado. Y mientras más complejas las sociedades, más lo es definir qué hace la diferencia de voto por una u otras opciones, ya que no existe un único factor que al ciudadano o a la ciudadana le haga preferir determinada oferta política.Fuera de Santiago tenemos bien claro cómo lo social muchas veces se ha puesto, equivocadamente, como incompatible con un modelo de desarrollo con mayor armonía con la naturaleza y las comunidades, que vaya dejando de lado los principios del extractivismo
En esto he pensado en los últimos días a propósito del frente sindical de la Mesa de Unidad Social, impulsora tanto de los masivos cabildos realizados durante el período iniciado el 18 de octubre como de las exitosas convocatorias a marchas y huelgas de las últimas semanas.
Las demandas del bloque sindical, el más fuerte del colectivo, están plasmadas en un Pliego Laboral con 10 medidas, que incluyen salario mínimo público y privado de $ 500 mil líquido; pensión mínima equivalente al salario mínimo propuesto; canasta de servicios básicos protegidos (agua, gas, luz, teléfono, internet, cable) que no supere el 15% del salario mínimo y nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
Lógicamente, estas demandas son sociales y económicas. Lógicamente porque entre los firmantes de este pliego específico están la CUT, No +AFP, el Colegio de Profesores, la Unión Portuarios de Chile, la Unión de Sindicatos de la Minería y la ANEF, entre otras organizaciones de corte sindical y gremial.
Por la desigualdad imperante en Chile, el clivaje de estos colectivos es eminentemente social, aunque hay dos medidas de otro tenor: la ya mencionada nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y la desmilitarización y el respeto a los derechos humanos.
La orgánica de Unidad Social, nacida previo a la crisis, planteó en su manifiesto basal “una sociedad diferente con más libertad y democracia, con más igualdad y justicia”, acusando a las trasnacionales de “agudizar la salvaje depredación de los seres humanos, los territorios y el medio ambiente”, por tanto expresaron su rechazo al TPP11.
El viernes el ministro del Interior Gonzalo Blumel invitó a los dirigentes de Unidad Social a un cita para conocer sus demandas. En su convocatoria aludió en particular al pliego del bloque sindical. La reunión sería esta semana después del día martes.
Es en este momento cuando la figura de los clivajes se hace fundamental. Ya lo ha dicho el ministro de Hacienda Ignacio Briones y los grandes empresarios: sin crecimiento es imposible financiar una agenda social ambiciosa.
El más claro fue Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa: «No incubemos una nueva frustración. No le digamos a la gente ‘mire, hoy día estamos mejorando sus pensiones’ si no somos capaces de sostener esa mejora en el largo plazo. Para sostenerla tenemos que buscar aquellos instrumentos que permiten reactivar fuertemente el crecimiento«.
Hoy no está claro si para cumplir con los objetivos de la agenda social (la del gobierno o la de la Mesa de Unidad Social) definitivamente la propuesta serán más mineras por todo Chile, más embalses, paralizar la Ley de Protección de Glaciares y la reforma al Código de Aguas, aceptar el proyecto minero Los Bronces, aprobar leyes para la aprobación fast track de proyectos o bajar, definitivamente, la ley que endurece las penas para los delitos ambientales. Esto es relevante, toda vez que es precisamente la figura del crecimiento a todo evento la que nos tiene con una serie de problemas a nivel global, nacional y territorial.
Fuera de Santiago tenemos bien claro cómo lo social muchas veces se ha puesto, equivocadamente, como incompatible con un modelo de desarrollo con mayor armonía con la naturaleza y las comunidades, que vaya dejando de lado los principios del extractivismo (sacar el máximo, al menor costo y en el menor tiempo). Por ello la idea es que el cambio profundo que demanda Chile pase también por una forma distinta de entender el desarrollo.
De otra forma, la factura por la deuda social la terminarán pagando, una vez más, ecosistemas y comunidades. Y eso es necesario tenerlo muy en cuenta, toda vez que como se ha dicho: la crisis sociales es también ecológica.
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