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Suprema, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y acto seguido, cayó pesada la espada de la ciega mujer -que con la otra mano sostenía una balanza- sobre el lomo del acusado a la espera del veredicto. Y si el duro golpe no llegó, no llegó nomás. Porque el sistema no funciona al son de castigo o premio. Es simplemente castigo o no castigo.
A pesar de la caricatura, así de drásticos pueden llegar a ser los alcances de los acuerdos que adopta un país en torno a sus procedimientos y cánones de justicia. Consensos, por cierto, no axiomas absolutos.
Y es en la historia, el debate presente y también observando lo que ha ocurrido en otros pagos que se va constituyendo la norma de un país. En los acuerdos y desacuerdos, que permean a quienes tienen que elaborar las leyes, a los que deben aplicarlas y a los que las ejecutan, dijera Montesquieu.
Pero en este grupo queda aún un segmento no considerado. ¿Qué pasa con los usuarios de lo que deciden todos los anteriores? Alguien dirá que en Chile existen los canales para que el ciudadano participe, con las elecciones en el caso de Parlamento y la Presidencia, y la carrera funcionaria en el del Poder Judicial, pero eso no es tal a la luz de un entramado electoral poco representativo, y una sociedad falsamente meritocrática como la nuestra.
En un reciente artículo publicado en El Mostrador daba cuenta de la íntima relación entre un sistema educacional que reproduce la desigualdad, el restrictivo acceso al ejercicio del poder económico y público, y las decisiones estatales verticales y poco participativas. Este escenario genera que algunos, desde la cuna, estén programados para ser sujetos de la aplicación de la justicia y otros para ocupar alguna de las tres cúpulas antes mencionadas. Incluida, por cierto, la del Poder Judicial que, con excepciones, sigue esta regla sistémica chilensis.
Pero algo está ocurriendo. Hoy hay un quinto poder (entregando el popular cuarto lugar fáctico a la prensa) que siente que también tiene derecho a opinar en tan elevadas materias, en tan sacras disquisiciones. Es la ciudadanía que discute con las nuevas tecnologías y sabe que la justicia que se aplica en Chile es distinta a la de otros territorios. Que en muchas naciones la noción del derecho no es tan propietarista como acá, donde ya no suena tan chistoso que a quien roba una gallina lo condenen a la cárcel y al que contamina el agua de todo un pueblo le salga gratis.
Nuestros jueces eso lo saben desde hace bastante tiempo, pero antes tal conocimiento sólo a ellos pertenecía. Hoy, cada día forma más parte del consciente colectivo de los ciudadanos. Y éstos presionan por correr el cerco mental que fuerzas conservadoras (y muchas veces interesadas) instalan en el legislativo, el judicial y el ejecutivo..Todo con la aspiración de que nuestra justicia sea paulatinamente, aunque suene a obviedad, más justa.
En esta carrera de postas hay momentos clave. Los que hacen la diferencia. Estamos ad portas de uno. Es la decisión que deberá adoptar la Corte Suprema sobre los recursos de protección interpuestos contra la aprobación de HidroAysén. Será el momento en que los ministros decidirán si continúan con una visión restrictiva de los derechos humanos de toda índole, incluidos los ambientales y de las comunidades, o se adaptan definitivamente a la noción internacional al respecto. A la que los países con los que nos gusta compararnos están aplicando. Y lo que se decida será relevante no sólo para Aysén, sino para tantas otras causas conexas que existen en el país.
Por cierto que la Corte Suprema chilena en algún día futuro incorporará la doctrina mundial. Pero los ciudadanos queremos que lo haga hoy, no mañana ni en dos décadas más, cuando ya no podamos recuperar muchos ecosistemas y comunidades.
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Imagen: Blindfolded woman holding justice scales ( Stephanie Carter – Stock Illustration Source)
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