En una publicación del sitio Ex Ante se lee «El fiscal Patricio Cooper ingresó el jueves 18 un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía pidiendo aclarar que la alcaldesa Irací Hassler (PC) es imputada y no querellante en la causa por fraude al fisco por la frustrada compra de la ex clínica Sierra Bella. La edil buscaba pagar $8 mil 252 millones a la sociedad San Valentino por la propiedad, comprada meses antes por ésta en $2 mil 232 millones. La petición del fiscal, que tiene un sentido legal, alcanza también la línea de defensa de la edil, que a través del municipio se querelló contra los tasadores del inmueble, a quienes responsabiliza del caso. El abogado de la edil dijo que Hassler figura como imputada por la querella presentada por diputados republicanos».
A pesar de que cuando la prensa, a partir de enero del año 2023, abordó con sumo interés este asunto, vía show mediático, pues se creía que se trataba de una operación ficticia por el alto precio convenido en la escritura de compraventa, ello para allegar recursos monetarios que se dirigirían a la tesorería del Partido Comunista, tienda política de la alcaldesa Irasí Hassler, ya dimos a conocer nuestra opinión en algunos medios de prensa y como el caso todavía no está resuelto, reconociendo la labor fiscalizadora de la concejal independiente, Rosario Carvajal, única y dura denunciante de esta frustrada transacción comercial, dejando en claro que el resto de los concejales aprobaron la compra, señalamos lo siguiente:Estaremos atentos a lo que resuelva Cooper, si no detecta nada comprometedor en la operación comercial de Sierra Bella, tendrá que archivarla y la municipalidad de Santiago, con paciencia musulmana, tendrá que encontrar otro recinto para su anhelado Cesfam
Como una cuestión previa, manifestamos que los precios de las transacciones inmobiliarias entre privados en sectores urbanos se resuelven de mutuo acuerdo entre las partes, dependiendo del potencial comercial del inmueble, fijado en las normas de uso de suelo, coeficiente de constructibilidad, altura y otros, contenidos en los Planes Reguladores Comunales (PRC), como también por las exigencias de la ley y ordenanza general de urbanismo: el comprador, por razones obvias, tiende a reducir el precio y el vendedor, por la misma razón, a subirlo. La cosa se pone más difícil cuando un particular le desea vender su inmueble a un órgano público y en estos casos, para evitarse actos indebidos por amistades entre los intervinientes, se recurre a los tasadores.
Pues bien, en enero del año 2021, la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella, apremiada por acuciantes deudas, tuvo que vender su edificio localizado en la calle Sierra Bella 1181, comuna de Santiago, en el bajo precio de $ 2.280.156.220 a la Sociedad San Valentino administrada por el abogado Felipe Sánchez, quien como buen inversionista, solo pagó esa escasa cifra, habida consideración los metros cuadrados del terreno y de la edificación.
A todo esto, después, la municipalidad de Santiago, que ya mantenía tratos con la empresa Las Malvas, pues estaba interesada en disponer de un Cesfam para sus vecinos, con el sano propósito de comparar precios, se acerca a Sánchez con la idea de iniciar conversaciones respecto de las condiciones y características de los equipamientos médicos disponibles en su edificio. Como vemos, ese municipio conversaba al mismo tiempo con 2 oferentes de inmuebles, lo cual era de toda lógica si se deseaba «hacer una buena compra». La empresa Las Malvas, ante el peligro de perder el negocio, denuncia irregularidades en la Contraloría General de la República respecto de las conversaciones entre el municipio y San Valentino.
La alcaldesa optó por el inmueble de San Valentino y como ya disponía de una tasación del vendedor, por la cifra que generó el escándalo, le encomendó a la arquitecta Loreto Fernández, de la muy privada Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), que consiguiera otras tasaciones, las que después de un corto período de tiempo, llegaron a sus manos. Hassler, en su calidad de ingeniera comercial, quedó sumamente conforme, pues en dichas tasaciones se indicaban montos similares a los ofertados por Sánchez, motivo más que suficiente para que, con el visto bueno de sus competentes asesores de confianza, firmara la escritura de compraventa.
Como el alboroto era tremendo, recordando que la Contraloría General de la República, en su dictamen N° E332542/2023 del 13/04/2023 había expresado que el negocio no se podía realizar hasta que se aclarara el precio, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) no pudo inscribir la propiedad, más todavía, pues en ese dictamen el ente fiscalizador había dicho que las tasaciones «…..sólo constituyen un elemento de juicio más que esa entidad edilicia ha debido tener en consideración en sus actuaciones»
Debemos tener en cuenta que el 15 de mayo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó por 70 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, le solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que tomara parte en el proceso penal en curso con el objetivo de “sancionar a los responsables” y recientemente su presidente manifestó que en esa operación no había delito. En todo caso se debe recordar que el fiscal Patricio Cooper, solicitó una tasación a la empresa Transsa por el inmueble de la Clínica Sierra Bella, cuyos especialistas la fijaron, en setiembre del año 2023, en la suma de $ 4.281.690.245 y con el aval de esta muy menor tasación se sigue investigando.
Si dicho fiscal llega al convencimiento de que hubo una pérfida colusión entre los arquitectos tasadores, convocados por la experimentada Loreto Fernández de la Cordesan, con el dueño del inmueble, para que la adquisición del mismo fuera por la elevada suma que se refleja en la escritura pública, ese fiscal obligatoriamente tendrá que formalizarlos a todos, tal como ha procedido el fiscal, Juan Cepeda, de Iquique, respecto de unos pícaros inversionistas que compraron a vil precio el terreno de las canchas del Club de Tenis de Tarapacá, situado en primera línea frente al mar en esa ciudad. Los delitos establecidos por este severo fiscal son varios, destacándose el uso malicioso de instrumento público, administración desleal y hasta el de lavado de activos.
Dichos inversionistas iquiqueños, quienes eran flamantes directores del club, uno de los cuales fue ministro, como abogado integrante, de la Corte de Apelaciones de Iquique, formaron una inmobiliaria para comprar el terreno de ese club en miserables $ 500.000.000 pagado en cuotas y a la vuelta de la esquina, se lo vendieron a un extranjero en $ 3.200.000.000 para que éste construyera allí unos edificios, materia corrupta denunciada por el socio del club, Manuel Palacios, quien no aceptó formar parte del especulativo negocio. Este asunto ha sido bien cubierto por los medios de prensa de la región de Tarapacá y silenciado por los medios del resto del país.
Por lo relatado, estaremos atentos a lo que resuelva Cooper, actual fiscal regional de Coquimbo, pues si no detecta nada efectivamente comprometedor en la operación comercial de la Clínica Sierra Bella, tendrá que archivarla y la municipalidad de Santiago, con paciencia musulmana, tendrá que encontrar otro recinto para su anhelado Cesfam.
Por último, le proponemos al fiscal nacional, Ángel Valencia, que reconozca el probo comportamiento en el ejercicio de su cargo al fiscal de Iquique, Juan Cepeda, y el paralelo que le recuerde a la fiscal, Giovanna Herrera, que inicie la investigación de la querella criminal interpuesta, hace 3 años, por algunos ciudadanos en contra de los funcionarios municipales que otorgaron decenas de permisos de edificación ilegales en el período en que Rodrigo Delgado era alcalde de Estación Central. En lo que toca al fiscal Patricio Cooper, él sabe muy bien lo que tiene que hacer.
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