Con el TPP-11 nos estamos colocando la soga al cuello

Este artículo se relaciona con al anterior que escribí sobre la Nueva Constitución y tiene que ver con la pérdida de Soberanía, una pérdida que resulta ser mucho más grave que ceder un trozo de territorio.

Esta merma para los estados es ganancia para los Inversores Extranjeros, que gracias a cláusulas en los tratados de libre comercio están colocando a ciertos tribunales internacionales por encima de los tribunales nacionales, limitando de esta forma a los Estados para trabajar en favor de sus ciudadanos, del desarrollo económico y social, y la protección del medio ambiente.

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En los últimos 20 años, muchos de estos tribunales han otorgado a grandes compañías cuantiosas sumas de dinero por concepto de indemnización; sumas que finalmente pagamos todos nosotros, ya que salen de nuestros impuestos

Los tratados internacionales tienen cláusulas para proteger el Capital invertido y facultan a los inversores extranjeros para presentar demandas ante tribunales internacionales. Las compañías pueden exigir que se las indemnice por medidas o leyes impuestas por los Estados que perjudiquen sus inversiones. Estas medidas incluyen la expropiación directa, pero también tenemos las expropiaciones indirectas, que nacen cuando el Estado modifica o dicta nuevas normas o leyes que tienen el potencial de influir negativamente en las utilidades. Por ejemplo, los puede perjudicar el aumento del salario mínimo, leyes que regulan y protegen el medio ambiente, nuevas regulaciones para el uso de plaguicidas y pesticidas, el uso de transgénicos, etc.

Al ser tan amplio el concepto de ‘inversión’ facilita a las corporaciones exigir indemnizaciones no solo por el dinero invertido, sino también por las ganancias pérdidas y esperadas a futuro. Es decir, obtienen utilidades especulando en base al abstracto concepto de beneficio potencial, esto ha transformado la demanda en un modelo de negocio.

En sus inicios el arbitraje Inversor/Estado fue ideado para los casos de expropiación directa, por ejemplo, cuando nuestro país nacionaliza el cobre. Pero, hoy las multinacionales utilizan el sistema para especular al perseguir indemnización por las supuestas «ganancias perdidas«.

En los últimos 20 años ha habido un incremento sustancial de demandas multimillonarias contra muchos países y de todos los continentes, por adoptar medidas tributarias, cambiar las políticas fiscales, por prohibir productos químicos nocivos, limitar las actividades mineras, exigir que se realicen evaluaciones de impacto ambiental, introducir regulaciones sobre residuos peligrosos, etc. En muchas ocasiones es suficiente la amenaza de demanda para congelar las medidas del Gobierno y no tener este que pagar para poder regular.

En los últimos 20 años, muchos de estos tribunales han otorgado a grandes compañías cuantiosas sumas de dinero por concepto de indemnización; sumas que finalmente pagamos todos nosotros, ya que salen de nuestros impuestos. Aquí se da el absurdo de estar pagando por sacar leyes necesarias para proteger el medio ambiente, la salud pública y el bienestar social, leyes que se adoptaron democráticamente.

Algunos ejemplos de este tipo de demandas:

• La minera canadiense Tobie Mining demandó a Colombia por 16.500 millones de dólares por la supuesta “expropiación” de un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis. Se trata de un territorio de un millón de hectáreas de selva virgen y considerado sagrado para muchas comunidades. El 2009 la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar aquí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los grupos ambientalistas se opusieron
• Cuando la ciudad de Hamburgo impuso restricciones ambientales a las centrales eléctricas de carbón propiedad de la multinacional sueca Vattenfall con el propósito de proteger la flora y fauna del río Elba. El año 2009 se interpuso una demanda contra el Gobierno alemán, exigiendo 1.400 millones de euros más intereses de indemnización por las restricciones ambientales. El caso se resolvió fuera de los tribunales, luego que el Gobierno alemán aceptara relajar su normativa ambiental.
• Cuando Alemania decidió abandonar de forma gradual la energía nuclear, Vattenfall presentó una nueva demanda el año 2012, reclamando 3.700 millones de euros por la pérdida de ganancias con respecto a dos de sus centrales de energía nuclear.
• Para proteger la salud pública, los gobiernos de Uruguay y Australia introdujeron advertencias sanitarias obligatorias en las cajas de cigarrillos, situación que molesto al gigante del tabaco Philip Morris quien demanda a Uruguay y a Australia argumentando que el tamaño de las etiquetas de advertencia impiden ver efectivamente sus marcas comerciales, lo cual le genera una notable pérdida de cuota de mercado
• Cuando Argentina congeló las tarifas de los servicios públicos y devaluó su moneda para responder a la crisis financiera que azotó al país en 2001-2002, se vio sorprendida por más de 40 demandas de inversores. Grandes compañías como CMS Energy (Estados Unidos), Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido) y Aguas de Barcelona (Estado español) reclamaban paquetes de compensación multimillonarios por la pérdida de ingresos
• Cuando Sudáfrica saca una ley para corregir algunas de las injusticias del régimen del apartheid y facilitar el empoderamiento económico de la población negra. por ejemplo, una ley que exige a las compañías mineras que traspasen una parte de sus acciones a manos de inversores negros. El año 2007, un grupo de inversores italianos los demandó por esta ley. La controversia se zanjó en 2010, después de que los inversores recibieran nuevas licencias que requerían un traspaso de acciones mucho menor

La base de estos arbitrajes es su secretismo, por ejemplo, nuestro país podría estar enfrentando hoy una de estas demandas y nosotros no tendríamos idea. En estos arbitrajes las reglas impuestas se utilizan en contra de un país convirtiendo la demanda en una forma de extorsión y hoy dado el aumento de las demandas, está resultando claramente un modelo para obtener utilidades.

Quienes ganan, pues los Inversores extranjeros y las firmas de abogados. Un ejemplo de esto último nos sirve el caso de Plama Consortium contra Bulgaria, aquí los honorarios por servicios jurídicos para defenderse fueron algo más de 13 millones de dólares, demanda que fue considerada fraudulenta. Se indemnizó a Bulgaria con 7 millones de dólares, pero se vio obligada a pagar los más de 6 millones de dólares a los abogados. Al mismo tiempo, Bulgaria sufría con la falta de enfermeras en su sistema de salud, con el dinero gastado, se podría haber financiado a más de 1.800 enfermeras.

Gobiernos como los de Australia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Sudáfrica tomando conciencia de las injusticias del arbitraje internacional de inversiones, que en varios casos va en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos, están buscando formas para retirarse o cambiar las normas del sistema.

«El arbitraje de tratados de inversión es una importante pieza jurídica e institucional del rompecabezas neoliberal porque impone unas restricciones legales y económicas excepcionalmente poderosas sobre los Gobiernos y, por extensión, sobre las opciones democráticas, con el fin de proteger de toda regulación los bienes de compañías multinacionales«. Profesor Gus van Harten, Facultad de Derecho Osgoode Hall, Toronto