Regular el derecho a reunirnos y criminalizar la protesta social

Luego de transcurrido 87 días desde el inicio del Estallido social, este comienzo de año ha estado marcado, principalmente, por la movilización de las y los estudiantes secundarios que exigen fin a la PSU. En ese contexto es que, consecuencia del atropello de uno de ellos por parte de la policía uniformada en la comuna de Pudahuel, se han generado varias noches de enfrentamientos que tienen como principal objetivo la 55 comisaría de la comuna, sin pasar por alto las constantes concentraciones en Plaza Dignidad y cientos de territorios que a partir de aquel 18 de octubre se han comenzado a reunir y ocupar el espacio público autoconvocándose: asambleas, marchas y cortes de tránsito, talleres de autoformación, cabildos y cacerolazos.

En ese sentido, ¿Por qué limitar el derecho a reunirnos?, ¿qué pasó en Chile?

Desde diversos territorios del país se impugna al gobierno de Sebastián Piñera ante la necesidad de mayores garantías sociales. En primera instancia vinculadas al encarecimiento en la calidad de vida que genera su alto costo, para luego profundizar y pensar en hasta cambiar la Constitución que nos rige, que, a pesar de ciertos cosméticos, es hija de la dictadura en su matriz estrictamente neoliberal. Dicha matriz nos condena, ante la búsqueda de derechos básicos, a la migración forzada al mundo privado, evidencia palpable en áreas tan sensibles como la salud, educación y vivienda, entre otros.

Entonces, resulta a lo menos curioso que desde los sectores ms conservadores de esta sociedad se cuestione el clima que vive el país, considerando no solo la forma en que como se aplicó la actual Constitución, sino que también tomando en cuenta las condiciones en que vive gran parte del país -que por ejemplo, según el Banco Central, 74,3% del ingreso disponible se gasta en stock de obligaciones donde el aumento nuevamente recae en créditos hipotecarios-. En tanto que el ministro Cristián Monckeberg habla de que la mayoría de los chilenos tiene más de una propiedad.

Ni hablar del estado en el que se encuentra la salud: Entre listas de espera y licencias impagas, para que el ministro Mañalich diga que es la mejor del planeta y que el libro de reclamos en el Compin esta lleno de felicitaciones. O de la deuda eterna que tenemos en educación, la cual viene reproduciendo gran parte de la desigualdad a la que hoy nos vemos enfrentados, pero para la ministra Cubillos lo importante es criminalizar y hacer oídos sordos.

¿No lo veíamos venir?… ¿no lo queríamos ver?

Desde diversos territorios del país se impugna al gobierno de Sebastián Piñera ante la necesidad de mayores garantías sociales.

Aquello que es la esencia del modelo actual de sociedad, el gobierno decide no tranzar. En palabras de Fundación Sol “el modelo no se toca”.

A pesar de la violencia de Estado expresada en muertes, mutilaciones, detenciones ilegales y la ausencia de diálogo, hay puntos del país que no se han querido soltar. Son nuestra resistencia, nuestros espacios de refundación simbólica, tales como Plaza Dignidad, que incluso luego de las declaraciones de Ministro de Justicia Hernán Larraín, respecto de regular el derecho a reunión en Chile amanece con un “Jardín de la Resistencia”. Al parecer el país neoliberal -oasis de Latinoamérica-, donde “lo que el dinero si puede comprar” … ¡cambio! El mall ya no es centro, pasión y vida, quedando en jaque aquello que Moulián denomino la triada del trabajo, dinero y gasto. Evidentemente este no es su fin, el proceso está abierto, pero se abren alternativas que meses atrás no avizorábamos ante la camanchaca: “el futuro ya no está cerrado”. Entonces, limitar el derecho a reunión y la criminalización de la protesta parece ser una de las únicas soluciones para la salvación del status quo.

Lo que expuso y terminó de cerrar por fuera el Estallido Social es la ausencia de legitimidad de las instituciones en torno a los criterios mínimos que debería tener una sociedad: “¿A cuántas personas podrían abastecer los derechos de agua del ministro de Agricultura?”, ¡Piñera, al pueblo no evades! Es por esto que Mayol plantea el desequilibrio normativo para entender tal deslegitimidad, que es precisamente aquello que nos demandan desde el poder y que no es para todos y todas de la misma forma. La clase política ha estado solo para administrar la desigualdad y perpetuar la dominación de clase en desmedro de aquellas personas que hoy en día están en la calle y que el gobierno no ha querido –pues no le interesa- descifrar su rostro. Prefiere condenar cualquier expresión que altere lo que ellos denominan «la alteración de la paz pública» de la desigualdad construida, que es precisamente poner cerrojos a cualquier atisbo de rebelión. Incluso actos como ‘el que baila pasa’ vienen a ser penados con 541 días ¿Dónde está la proporcionalidad?

Es resultado de todo aquello que el gobierno necesita limitar el derecho a reunión y condenar la protesta social, porque las instituciones no dieron el ancho y el espacio publico es, hoy en día, el espacio donde se busca generar otro Chile. Un Chile al que todas y todos aquellas que intentan encausar la dignidad entre cuatro paredes no están invitados, pues volver a la normalidad no es una posibilidad: ¡Arriba las y los que luchan!

0

Contenido enviado por

Matias Rodriguez Galaz

Ver perfil completo

Otros contenidos del autor

Regular el derecho a reunirnos y criminalizar la protesta social #NoMásAFP: Una vez más todas y todos a la calle, una vez más el Gobierno de espaldas al país. Eso de que el chileno es flojo, que quiere todo regalado y otras tensiones en la sociedad chilena Frente Amplio y su irrupción en la escena política de Chile: ¿Una alternativa emancipadora para nosotr@s?