El 20/03/2023 publicamos en El Quinto Poder la columna ¿Qué sucederá con el hotel Punta Piqueros en Concón? y en esta ocasión aludimos a lo sucedido el 22/03/2023 en el Concejo Municipal de Concón con respecto a este edificio terminado que, por razones obvias, no cuenta con una recepción final de obras.
En efecto, en esa reciente fecha tuvo lugar la votación en esta instancia municipal para resolver si era posible aprobar una propuesta de acuerdo judicial, de los dueños del hotel, familias Bolocco, Urenda, Eluchans y Said, y de una corporación privada que cuida el patrimonio y el medio ambiente en la 5a Región de Valparaíso, dirigida por el empresario de la moda Jorge Yarur, la misma que en un inicio se oponía con mucha convicción, en las instancias administrativas y judiciales, a la construcción del hotel que tiene 9 pisos.
A todos los relacionados con el asunto les llamó la atención este repentino y extraño cambio de postura de esa corporación, más aún porque le pedía a esos 4 empresarios dueños del edificio la suma de $ 500 millones por el arduo trabajo intelectual realizado anteriormente, cuando era opositora al mismo.
El alcalde Freddy Ramírez, independiente, apoyaba tal propuesta, consistente en modificar el destino hotel por diferentes tipos de equipamientos, reduciendo en 2 pisos la altura del edificio, aceptando la mendaz figura urdida por los interesados en orden a que algunos pisos del hotel serían «subterráneos» (sic). Los abogados Juan Carlos Manríquez y Gabriel Muñoz eran quienes en el Concejo trataron de convencer a los concejales, mayoritariamente mujeres íntegras e informadas, de que el ofrecimiento era excelente para la comuna. La competente arquitecta Ilen Sáez, concejal independiente, señaló entre otras cosas que «mi postura tiene que ver con la probidad administrativa»
En la votación, el alcalde Ramírez racionalmente modificó su posición original, adhiriendo al voto negativo de todos los concejales y por ello el escenario futuro es incierto debido a que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón, vigente desde 2017, fija para ese terreno una altura máxima de 7 metros, es decir, 2 pisos y medio. El municipio podría modificar su instrumento normativo, aumentando la altura de edificación, para así satisfacer los requerimientos comerciales del privado, pero ello sería asaz grotesco, por lo tanto, inaceptable para la Contraloría y para los tribunales de justicia.
Entonces lo que corresponde en derecho es demoler, como lo ordena la ley general de Urbanismo y Construcciones, pero ello no es posible debido a que genera muchos costos ambientales, razón por la cual posiblemente esa estructura se mantenga como está, luego como un «elefante blanco».
Lo que corresponde en derecho es demoler, como lo ordena la ley general de Urbanismo y Construcciones, pero ello no es posible debido a que genera muchos costos ambientales, razón por la cual posiblemente esa estructura se mantenga como está, luego como un "elefante blanco".
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