De acuerdo con las bases de licitación, los contratos y la regulación del Sistema de Transportes de la Región Metropolitana, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) le corresponde fiscalizar la forma en que las empresas concesionarias del Transantiago realizan sus operaciones. El Ministerio de Transporte debe fiscalizar que se cumplan los contratos de concesión de cada unidad económica, sean éstas empresas operadoras de líneas troncales o alimentadoras.
Paralelamente a la Dirección del Trabajo le corresponde velar por que las condiciones laborales de los trabajadores se desarrollen bajo el cumplimiento de la ley. Ello, porque la modernización y transformación del transporte público que perseguía instalar un mejor servicio a los usuarios también consideraba mejoras para los trabajadores del sector, dejando atrás la precarización del modelo de empleo que se desarrollaba bajo el antiguo sistema de transporte público.
A partir del inicio del Transantiago, el Gobierno efectuó una serie de programas de fiscalización junto a las nuevas empresas operadoras para verificar la existencia de contratos de trabajo, cumplimiento de jornada, sistemas de registro de asistencia y condiciones de higiene y seguridad, entre otras materias. Esto significó la incorporación de un cambio de modelo en el empleo del sector y en las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores de la locomoción colectiva.
Más allá de las limitaciones y problemas que pueden subsistir en cuanto al grado de cumplimiento normativo, Transantiago ha significado que los conductores y demás trabajadores de las empresas operadoras actualmente cuenten con contratos de trabajo; reciban liquidaciones de sueldos, el pago de cotizaciones previsionales, de salud, de seguro de cesantía y acceder en algunos casos a capacitaciones. En cuanto a jornadas de trabajo, están sujetos a registro de asistencia, tienen derecho a cobrar horas extra, tienen derecho a a hacer uso de licencias médicas y a gozar del feriado legal. Pero sin duda unode los efectos más relevantes de la empresarización es que hoy estos trabajadores pueden negociar colectivamente.
En suma, el nuevo modelo implicó una serie de mejoras y cambios culturales relevantes, estableciéndose un nuevo mercado de trabajo y un nuevo sistema de relaciones laborales para las empresas y trabajadores de éstas. Nada de esto existía ni remotamente bajo el antiguo sistema de operación de las llamadas micros amarillas, ni menos en el de las multicolores anteriores a los ’90s.
Las operadoras de Transantiago se encuentran sujetas al cumplimiento de todas las leyes laborales, previsionales y de seguridad. Las Bases de Licitación con las que se inició esta historia, establecían que para todos los efectos legales, el concesionario tendría la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador respecto de cada uno de sus trabajadores. Además, establecían que el Ministerio de Transportes velaría por el cumplimiento de estas obligaciones, debiendo ponerlas en conocimiento de las autoridades que correspondieran a efectos de que se adoptaran las medidas pertinentes.
Las Bases de Licitación también consideraron la cesión de las concesiones y/o el cambio en la administración de las sociedades operadoras. En ambos casos, se estableció la obligación del Ministerio de Transportes de informar esos procesos, puesto que requieren su autorización.
Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet hubo múltiples conflictos laborales al interior de las empresas operadoras. La mayoría de ellas se produjo en el marco de negociaciones colectivas, en las que los trabajadores hicieron uso de su derecho a huelga. Esos “conflictos” en muchos casos tuvieron su origen en la inexperiencia, tanto de los nuevos empleadores como de los trabajadores. No obstante, las empresas han entendido que deben respetar las normas laborales y el principio de libertad sindical, entre otros. Sin duda, se puede y se debería avanzar, además, invirtiendo en la formación de los dirigentes de los trabajadores del sector y fortaleciendo el modelo de negocio, potenciando relaciones laborales basadas en principios como el Trabajo Decente, a través el diálogo social.
Desde el pasado jueves 1º de Junio, hemos presenciado una nueva movilización efectuada por trabajadores de una empresa operadora de Transantiago. La prensa ha dado cobertura al problema que afecta a los habitantes de seis comunas de Santiago. El MTT y la Coordinadora de Transantiago reaccionaron con el plan de contingencia, que busca proveer la continuidad del servicio de transporte a esos habitantes. La Coordinadora de Transantiago incluso declaró que el plan de contingencia estaba brindando un mejor servicio que el operador de la zona H. Además, después de tres días anunció la caducidad del contrato con la empresa Transaraucaria, por no otorgar el servicio durante dos días.
¿Problema resuelto? En lo absoluto, porque la movilización de los trabajadores tiene una motivación que no es propia de un sistema moderno y menos de un sistema que opera sobre la base de un contrato celebrado entre una empresa y el Estado de Chile. Los trabajadores reclamaron y paralizaron sus labores porque la operadora Transaraucaria no paga sus remuneraciones, incluyendo sueldos, y cotizaciones previsionales y de salud. Estamos hablando de cotizaciones atrasadas por más de 15 meses. Todo esto ha ocurrido frente a la comprensión de los usuarios en cuanto al motivo de la movilización y con la pasividad de las autoridades de Gobierno, tanto de Transportes como de la cartera de Trabajo.
Frente a esto, la coordinadora de Transantiago ha señalado que la movilización de los trabajadores responde a un conflicto entre privados y que la autoridad nada puede hacer. Sin embargo, la autoridad olvida que existen contratos entre la empresa infractora y el Estado de Chile y que, además, en dichos contratos existen obligaciones que deben ser fiscalizadas por las autoridades.
La empresa Transaraucaria modificó hace aproximadamente 40 días la administración y propiedad de la sociedad. De acuerdo con el marco regulador, ello debía ser autorizado por el Ministerio de Transportes, previo informe emitido por el mismo. La autorización tiene precisamente el objeto de garantizar que el nuevo operador cuente con los recursos para cumplir sus obligaciones. En este caso, ignoro si se otorgó la autorización y si se emitió el informe, pero lo que es claro es que los nuevos operadores no tienen recursos para cumplir sus obligaciones, ni las operativas ni las que se tienen con los trabajadores de la empresa.
La situación aparece más grave aun, dado que a través del Administrador Financiero de Transantiago se realizan pagos mensuales a una empresa insolvente e infractora, no obstante haberse apropiado del dinero de los trabajadores al no enterar el pago de remuneraciones y de cotizaciones previsionales y de salud.
Las consecuencias del no pago de remuneraciones son evidentes. Sin embargo, las consecuencias de la pasividad de la autoridad de Transportes linda con la complicidad, toda vez que se no cumple con su rol fiscalizador, con sus obligaciones contractuales, ni con la ley. La Ley 20.238 establece que, en caso de que la empresa que obtiene una licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, los primeros estados de pago del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones.
La caducidad del contrato con el operador Transaraucaria es un hecho y probablemente llegue un nuevo operador más solvente y más eficiente. Pero el problema social de los 600 trabajadores de Transaraucaria quizás no tenga solución a menos que intervenga la autoridad de Transporte y de Trabajo enfrentando sus obligaciones, o asumiendo un principio de justicia.
La solución del conflicto ciertamente pasa por el pago que la empresa debe efectuar; pero, de acuerdo a la experiencia, ello implica la intervención de las autoridades pertinentes, quienes debiendo o pudiendo haber actuado antes del cambio de administración del operador, no hicieron su trabajo. Por lo tanto, para enmendar su pasividad frente al conflicto, debieran retener los pagos del AFT a la empresa y velar porque se enteren las deudas previsionales, de salud y de seguro de cesantía con los trabajadores. Para lo anterior, se supone que debe existir una boleta de garantía.
Transantiago tiene muchos problemas. No es el objeto de esta nota abordarlos; los habitantes de Santiago los conocen y padecen, pero sería un aporte que las autoridades comprendieran que en el sistema trabajan más de 12.000 personas que también sonm habitantes de la ciudad. El problema está en comprender que para que una empresa funcione se debe cumplir primero con sus trabajadores, y este Gobierno, una vez más, está demostrando que le importan los números del resultado y las micros en la calle. ¿Y el problema de los trabajadores? Bueno, ¡que vean cómo lo arreglan!
¿Será así para todo?
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Foto: transantiago – macha.cl
Comentarios
09 de julio
Luco tiene razón. Transantiago tiene niveles importantes de conflictividad laboral producto de los, a mi juicio, procesos incompletos de modernización del sistema. Las causas profundas de ellos tienen que ver con la pervivencia de prácticas tradicionales incurstadas en el nuevo modelo, básicamente asociadas a la mantención de redes clientelares internas de las empreas y, por otro lado, a las enormes dificultades de financiamiento de un sistema al que el Estado le exige prácticamente todo pero no le asegura el financiamiento para cumplir dichas obligaciones. La solución del gobierno es retrotraer algunos elementos de la modernización y reintroducir elementos de competencia. Merece un análisis más acabado, pero se puede partir señalando que el camino era profundizar el proceso y no retroceder. En fin.
Saludos
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