Trabajar toda una vida y ser exonerado es investigable

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¿por qué con tanto delito de alto vuelo todavía se persigue la presunta culpabilidad de algún exonerado sobreviviente y que tiene una pensión de 150 mil pesos? Y ¿por qué en cambio los delincuentes de cuello y corbata de La Polar, farmacias, caso cascadas y otros reciben sanciones proporcionalmente pequeñas? ¿Por qué carabineros que deberían estar luchando contra el crimen organizado son utilizados para repartir citaciones que podrían enviarse por carta certificada?

Última semana de febrero de 2014 y dos visitantes desconocidos tocan el timbre en la casa de un viejo jubilado de 74 años de edad. Son jóvenes, morenos, delgados, vestidos con jeans y camisetas, bajándose de un auto azul con mucho uso.

Se identifican como carabineros mostrando una credencial y pistolas debajo de la camiseta, su objetivo es entregar al viejo una citación a tribunales para el día 6 de marzo próximo. Este abre las “pepas” porque nunca ha estado metido en lío alguno (al menos en los últimos 30 años) y lee un acta que tiene el membrete:

Carabineros de Chile
Dir. Nac. Drogas e Invest. Criminal
Depto. Invest. De Org. Criminales.

El viejo le pregunta al subteniente Javier Ortiz Rodríguez «¿por qué no vienen de uniforme?» El subteniente responde: “Porque somos del OS9 y es una tarea reservada, pero por eso le mostramos la credencial”.

– «Mire teniente, esa credencial la podría copiar cualquiera. ¿De qué se trata esto que una ministra en visita de la corte de apelaciones de Santiago me cite a declarar por una causa que ni conozco?».

– «Entendemos que se trata de una denuncia contra exonerados políticos».

– «¿Y a cuántos están citando?» Pregunta el viejo.

– «En el lote de hoy (muestra una carpeta) tenemos 26».

Ahí  le “cae la chaucha” y viene el recuerdo de críticas hechas hace unos dos o tres años atrás por algunos políticos porque la ministra del trabajo, Evelyn Matthei, ex candidata presidencial, decía que querían investigar a falsos exonerados que le estaban robando la plata al fisco, según ella.

El viejo se pregunta «¿por qué con tanto delito de alto vuelo todavía se persigue la presunta culpabilidad de algún exonerado sobreviviente y que tiene una pensión de 150 mil pesos? Y ¿por qué en cambio los delincuentes de cuello y corbata de La Polar, farmacias, caso cascadas y otros reciben sanciones proporcionalmente pequeñas? ¿Por qué carabineros que deberían estar luchando contra el crimen organizado son utilizados para repartir citaciones que podrían enviarse por carta certificada? Y por último ¿Por qué los carabineros condenados por el caso degollados son dejados salir libremente a sus casas los fines de semana?».

En la duda de pertenecer sin saberlo a un club de narcotraficantes o a alguna otra organización criminal, el viejo firma la citación y se compromete a asistir ante la ministra en la fecha señalada, al 34 juzgado del crimen de Santiago, del centro nacional de justicia.

Para estar seguro que no se trata de un posible asalto a su casa, aprovechando la salida en una fecha señalada, el viejo revisa por internet la historia de este caso presentado por parlamentarios que en su vida nunca han tenido la experiencia de perder sus pegas debido a un golpe militar, ni han visto caer presos a inocentes compañeros de trabajo. Esos parlamentarios y los jóvenes sigilosos carabineros actuales, no han vivido los acontecimientos de hace 40 años atrás, pero el viejo recuerda haber visto en TV al presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, reconocer que en un momento el fundador de RN, Sergio Onofre Jarpa impetró el mismo beneficio porque el lugar donde había trabajado (senado de la república) había sido cerrado por los golpistas.

Veinte años después del golpe, el 5 de agosto de 1993, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, se promulgó la Ley 19.234 destinada a reparar el daño causado a los exonerados políticos. Juntando los documentos necesarios se presentaron los casos uno a uno ante el Instituto de Normalización Previsional (INP). Con dicha Ley el plazo para solicitar beneficios venció el 11 de agosto de 1994. Luego la Ley Nº 19.582, que modifica de la anterior, otorgó un nuevo plazo que se inició el 1 de septiembre de 1998 y finalizó el 1º de septiembre de 1999. Posteriormente, la Ley N° 19.881 otorgó un nuevo plazo que se inició el 1 de julio de 2003 y finalizó el 30 de junio de 2004.

Nueve años después de iniciados los trámites, en marzo de 2002, el director del INP (previa autorización de contraloría) ordenó el pago de un desahucio al viejo de nuestra historia. En marzo de 2003 obtuvo su pensión no contributiva de $93.844 la que hoy, con reajustes y todo, es de $137.875. Pensión no contributiva consiste en una pensión por gracia, de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello. Los tipos de pensión no contributiva son: antigüedad; vejez; invalidez y sobrevivencia. Para acceder al beneficio de antigüedad, se debe acreditar 15 ó 20 años de servicios o afiliación computables, a la fecha de exoneración, según esta haya ocurrido antes del 9 de febrero de 1979 o a contar de esa fecha, respectivamente.

Además de esta pensión el viejo había trabajado toda su vida, por lo que también tiene una pensión vitalicia que posiblemente la ministra en visita quiera conocer. El  comprobante será también exhibido para que pueda conocer cuánto percibe un chileno que comenzó a trabajar en 1957 y jubiló en 2004, después de 47 años de trabajo.

En junio del 2013 a petición de los diputados Carla Rubilar  (RN) y Cristián Letelier (UDI) la corte de apelaciones designó a la ministra Mireya López para que investigue las irregularidades detectadas en el programa de exonerados políticos, donde tres mil personas estarían recibiendo el beneficio sin contar con los requisitos para ello. Era el período de las usadísimas campañas del terror, destinadas a asustar a las fuerzas populares, como han sido la Ley Hinzpeter y la Ley antiterrorista.

Doña Mireya es ministra de la corte de apelaciones de Santiago desde febrero de 2013. Antes de eso era relatora de la tercera sala del máximo tribunal. La magistrada integra la undécima sala, que revisa causas tributarias y aduaneras. El objetivo es que la magistrada investigue en forma exclusiva todas las irregularidades anteriores a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en 2005. Tuvo seis meses de dedicación exclusiva para este proceso, quedando liberada de integrar sala y de asistir a las sesiones del tribunal pleno de la corte capitalina.

Los antecedentes del caso estaban en el 34º juzgado del crimen de Santiago, último juzgado que aún operaba bajo el sistema penal antiguo. En enero de 2014 el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, informó que el gobierno retirará beneficios a 20 falsos exonerados, lo que les será notificado dentro de los próximos días a los afectados. La autoridad hizo el anuncio durante la cuenta pública del ministerio del interior, encabezada por el titular de la cartera, Andrés Chadwick. De acuerdo a lo informado, Ubilla destacó que de esta forma termina el proceso administrativo que «permite revertir situaciones mal otorgadas». La situación responde a observaciones en 2 mil 951 casos cuestionados, según el informe de la contraloría, publicado el 28 de mayo de 2013.

«Espero que sean muchos más de 20 casos. El proceso todavía no ha terminado porque las personas que ahora fueron afectadas también tienen una instancia de apelación», agregó el subsecretario.

El caso se inició con la acusación de al menos 3 mil pensiones indebidamente pagados a personas que presentaron antecedentes para ser calificados como exonerados políticos durante el período de Augusto Pinochet. Sin embargo, el domingo 12 de enero último se supo que la fiscal Ximena Chong depuró la lista y solo pidió a la PDI investigar 71 casos. Después de tanta investigación, el viejo de la historia espera que al menos se publiquen los nombres de los miles que honradamente lo han percibido y los nombres de algún político de derecha que haya recibido el beneficio, o cualquier otro que por alguna maña o descaro haya perjudicado la honra de miles de honrados jubilados. Sería bueno que se publicara también cuánto es el monto total reservado en el presupuesto 2014 del ISP para el pago de esta “sangría económica”.

Las jubiladas y jubilados exonerados, todos ya adultos mayores, darán sus últimas peleas defendiendo la verdad y la honra de muchos que ya no están.