La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que declaraba una reserva legal de cuotas de puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad. Lo anterior implica que a partir de ahora una comisión mixta en el Congreso evaluará las indicaciones y ajustes necesarios para ver si, finalmente, contaremos con esta herramienta de inclusión laboral. Un aspecto importante a la discusión es que tanto en el oficialismo como en la oposición no hubo un consenso. Quizás estamos ante un tema con variadas aristas y que genera dudas transversales respecto de su implementación real en la sociedad chilena.
Chile firma en el año 2007 (y luego ratifica en 2008) la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, también es signatario del Convenio Nº159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1983), así como Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999). En éstos se declaran una serie de compromisos, entre los cuales se incluyen la creación y/o fortalecimiento de medidas e instrumentos para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Después de 30 años del primer compromiso asumido, los cambios han ido surgiendo de forma muy gradual y con un interrogantes acerca del real impacto que ello podría significar en una sociedad tan desigual como la nuestra.Las condiciones establecidas en el Proyecto de Ley de Reserva Legal de Cuotas por el Senado y luego rechazadas por la Cámara de Diputados distan sustantivamente de lo que la ciudadanía espera y necesita. Países con menores índices de desarrollo en Sudamérica poseen reservas legales más altas y con exitosa implementación.
Sabemos somos el país más desigual de la OCDE. Las personas en situación de discapacidad no escapan de aquello y se refleja profundamente al analizar las estadísticas de inclusión laboral de la Segunda Encuesta de Discapacidad (INE; SENADIS, 2015). Este documento refleja algo que las ONG’s palpamos en el día a día. El origen socio económico y el nivel educativo actúan como los determinantes sociales básicos tanto para el acceso a un empleo como para los ingresos mensuales que reciben ellos. La participación laboral de las personas en situación de discapacidad en el quintil más alto duplica su cifra respecto de las tasas pesquisadas en el primer quintil para el mismo grupo. De hecho, la brecha de participación laboral de las personas con discapacidades leve y moderada (3 de cada 5 personas con discapacidad) en el quintil más rico no presenta diferencias estadísticas respecto del resto de la población del mismo quintil.
En cuanto al nivel de escolaridad, es preocupante que 6 de cada 10 personas en situación de discapacidad mayores de 18 años presentan sólo estudios de educación básica. Incluso, la mitad de ellos no ha culminado este ciclo o no presentan educación formal. Además de las consecuencias desde el punto de vista del daño en su condición de sujeto de derechos, se ha comprobado que quienes finalizan sus estudios de enseñanza secundaria duplican su probabilidad de participación laboral que aquella gran cantidad de personas con 8 años de escolaridad o menos. A nivel de OCDE, la media es que 3 de cada 4 personas en situación de discapacidad culminan los 12 años de escolaridad. En Chile estamos muy lejos de aquello según lo señalado anteriormente.
En Sudamérica sólo Colombia y Chile no poseen una reserva legal de cuotas de empleo para personas en situación de discapacidad. Mientras que en Chile la cuota planteada por el Senado es de 1% en empresas con planillas a partir de 200 trabajadores (sector público y privado), los otros países que poseen legislación en torno a esta temática lo sitúan entre el 2% y el 5%, aplicando a empresas desde 25 a 50 trabajadores en promedio. Es más, si nos comparamos con España, podemos observar que ellos suben el porcentaje hasta el 7% en las convocatorias de puestos de trabajo en el sector público. Es decir, la propuesta que discuten hoy nuestros legisladores es muy pobre respecto de la discusión a nivel internacional.
Existe amplia evidencia avalada tanto por la OIT como por la OCDE respecto de la efectividad de este tipo de normativas. Si bien este sistema tiene su origen en los países europeos, aún no ha sido adoptado de forma generalizada. Existen países que por doctrina no creen que la reserva de cuotas pueda ser algo eficaz y prefieren generar medidas para persuadir a los empleadores a preferir a personas en situación de discapacidad (Países escandinavos). Otros países prestan especial atención a establecer medidas de igualdad de acceso y no discriminación (E.E.U.U., Australia).
Dentro de los países que sí lo han adoptado, su implementación no ha estado exenta de dificultades. La OIT ha detectado que hay países que poseen reserva legal, pero los vacíos en su legislación no permiten ni su implementación ni su fiscalización para evaluar su cumplimiento. Algunos países no poseen mecanismos de sanción a las empresas que no cumplen la reserva legal, mientras que otros lo establecieron como reserva no vinculante. Es decir, sí hay un peligro de que la ley aplique como “letra muerta”.
En Chile las organizaciones tanto “De” cómo “Para” coinciden en que sí debemos avanzar en una ley de reserva de cuotas para personas en situación de discapacidad. Existe evidencia de que es una medida positiva de fomento al empleo. Sin embargo, las condiciones establecidas por el Senado y luego rechazadas por la Cámara de Diputados distan sustantivamente de lo que la ciudadanía espera y necesita. Países con menores índices de desarrollo en Sudamérica poseen reservas legales más altas y con exitosa implementación (en Ecuador, por ejemplo). Además, se debe avanzar en las consecuencias que generan estas iniciativas, en particular, en lo relativo a la implementación y la fiscalización de su cumplimiento. Esto debe correr tanto para el sector público como el privado. En paralelo, se debe trabajar en cómo implementar instrumentos de fomento para la accesibilidad universal y adecuación de puestos de trabajo para estos trabajadores. También se requerirá mayor capacitación y acompañamiento a estos trabajadores. Una discusión interesante es cómo apoyar a los empleadores con incentivos para la implementación de estas acciones, dado que el Estado también debe velar por la permanencia de estos trabajadores en sus puestos de trabajo.
Finalmente, en una semana donde las temáticas de discapacidad toman un favorable protagonismo, celebramos el paso a Comisión Mixta de los boletines 7025-31 y 7855-13, puesto que su redacción e indicaciones por parte del Senado de la República no aportan lo suficiente para disminuir la importante deuda que tenemos con la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Esperamos un esfuerzo mayor por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Discapacidad y los honorables parlamentarios de todos los sectores para presentar e incidir sobre una propuesta robusta y con el impacto necesario sobre la participación laboral en estos grupos. La realidad de la discapacidad en Chile es una cara más de la enorme desigualdad en la cual convivimos, así como las barreras levantadas en contra de un desarrollo que incluya a todos los grupos en igualdad de derechos y oportunidades.
Gianfranco Arancibia, Director ONG IRV @arancibiaraggio
Andrea Zuzunaga, Director ONG IRV @andreazuzunaga
Comentarios
03 de diciembre
Es sabido que Alemania, Bélgica, Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Portugal y México , guardan reserva legal para empleo a personas con discapacidad que van desde el 1,9% (Japón) y el 7 % (Italia) en la empresa pública y privada.
El rango de porcentaje por trabajadores es de 20 a 100 trabajadores, siendo el número más recurrente entre 20 a 50. (Alemania, 20; España y Italia 50; Francia 20; Israel 100; Italia 50).
Según Intervención Director Nacional sesión Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado (10.12.2014) SENADIS estima que el 2% de contratación de PcD es bajo en consideración a la cantidad de PcD en Chile que alcanza el 12,9 % de la población, por lo que el porcentaje podría ser de un 5% tomando como referencia los porcentajes existentes en el derecho comparado.
La Comisión Asesora Presidencial Discapacidad en su propuesta coincide en el mismo porcentaje 5% sector público o privado.
Sin embargo, la indicación sustitutiva enviada por la presidenta de República propone un 1% sepultando la esperanza de las personas con discapacidad a tener una vida digna y un país más inclusivo.
Más que el pircentaje es el tipo de empresa que queda afecta…( solo el 11%)
Hace dos años que vengo participando en la discusión , y espero poder aportar en comisión mixta para mejorar y tener una ley mas digna. Sofofa insiste que el 0,5%
es suficiente….otros aleman que no tienen preparacion las PcD , entonces vamos con una educacion inclusiva ya!
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