Sence, un excelente informe para una mediocre nueva ley

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me molesta que se ningunee a la franquicia tributaria porque, por ejemplo, como el mismo informe lo señala, “El sentido común diría que ello así debiera ocurrir, puesto que las empresas debieran estar interesadas en hacer un buen uso de los recursos disponibles” y, como discrepo en el dato de que la mayor cantidad de los trabajadores capacitados son de las grandes empresas, mi punto sigue siendo que esta franquicia debe ser mejorada, no olvidada (aunque la Comisión recomienda que deje de existir).

En las últimas semanas he estado escribiendo columnas respecto al desconcierto que me han provocado algunas medidas que ha colocado en marcha SENCE en el último tiempo. La última de ellas, la dirigí concretamente al proyecto de ley que anunció el gobierno que cesa en funciones la próxima semana.

Dado que mis comentarios los sostuve fundamentalmente en base a lo que anunció el Ministro del Trabajo, cuando se firmó el mensaje (ingresado a primer trámite en el Congreso solo este 4 de marzo), me pareció relevante conocer la fuente esencial, esto es, el proyecto mismo. No fue fácil acceder a él. En SENCE no estaba, pese a ser un instrumento que tiene todo que ver con su quehacer. Pero cuando no está en un lado está en otro. Al leerlo, lo primero que me llamó la atención, en el mensaje conductor, era una recurrente alusión al Informe Final de una comisión constituida al efecto. Tampoco encontré este documento en el SENCE (curiosa situación), pero estaba fácilmente disponible en la web del Ministerio del Trabajo (felicitaciones por ello). Había llegado a la raíz del fruto que pretende ser la nueva Ley.

Este equipo constituido por el Ministerio del trabajo, bajo el nombre de “Comisión Revisora de Política de Capacitación e Intermediación Laboral”, estuvo compuesto por personas que tienen mi más absoluto respeto profesional. Es de primer nivel. Solo me llamó la atención que, salvo error de mi parte, SENCE casi no estuvo presente, con la valiosa excepción de una destacada profesional que, en todo caso, se ha especializado fundamentalmente en los temas de Intermediación Laboral y de Programas Sociales, es decir, en la capacitación para quienes no tienen empleos o, estos son de suyo, muy precarios. Esta débil presencia de SENCE en la Comisión, tuvo efectos, en mi opinión, en algunos juicios que se emitieron durante las sesiones. Sospecho que nunca tuvieron acceso a estudios concretos que financió SENCE para evaluar el impacto y la utilidad de la Franquicia Tributaria, que refutan una mirada tan pesimista, aunque por cierto, esos mismos estudios daban cuenta de mejoras más que necesarias. Por lo mismo, ante la carencia de información cuantitativa relevante, no queda más que acceder a información cualitativa, lo que algunos llaman “juicio experto” y a datos más lineales disponibles en bases de datos, de modo que, a partir de ello, se llegue a construir conclusiones y propuestas.

Es importante aclarar que gran parte del trabajo de la Comisión estuvo en el marco del desarrollo de Competencias y, por lo mismo, su atención no fue exclusivamente para la Franquicia Tributaria. En realidad, intuyo que le destinaron bastante menos que la mitad del tiempo de su total de sesiones.

El Informe contiene conclusiones que me generan dudas respecto de su validez, pero no me quiero detener en ellas. Me importa destacar que el Proyecto de Ley, en mi opinión, abusa de este Informe para validar sus propias decisiones de cambios, desarmando un riguroso trabajo técnico, que debería haber continuado para afinar y validar sus propuestas. Por el contrario, el producto no creo que sea recibido como “hijo” por parte de la Comisión. Más bien parece una atribución que se caería al primer análisis de ADN.  Y sospecho que la participación del SENCE ha sido mínima.

En suma, me molesta que se ningunee a la franquicia tributaria porque, por ejemplo, como el mismo informe lo señala, “El sentido común diría que ello así debiera ocurrir, puesto que las empresas debieran estar interesadas en hacer un buen uso de los recursos disponibles” y, como discrepo en el dato de que la mayor cantidad de los trabajadores capacitados son de las grandes empresas, mi punto sigue siendo que esta franquicia debe ser mejorada, no olvidada (aunque la Comisión recomienda que deje de existir).

Tengo claro que Chile es de los muy pocos países que capacita, con cargo a platas fiscales, a trabajadores, es decir, personas con empleo, subsidiando a los empleadores. Comparto que este es un aspecto que admite reflexión. Mientras no esté esta discusión, mientras siga siendo política del Estado el asegurar los espacios para el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores, la Franquicia Tributaria no se debe pensar en extinguir y, por lo mismo, es absurda la idea de comenzar a reducir su incidencia.

En lo que concuerdo plenamente con la Comisión y, para lo cual no hay ningún mísero inciso en el proyecto de Ley, es en la necesidad de inyectar recursos, capacidades y facultades al SENCE. Mientras ello no ocurra, los actuales equipos profesionales verán cada vez más complicado su trabajo para hacer lo que el país demanda de esta institución, que, más que un servicio público, debería tener un rol y potencialidades homologables a una Superintendencia. Por lo demás, claramente lo dice la Comisión a que hemos aludido, cuando expresa que “La entidad (SENCE) tampoco ha contado con las capacidades requeridas para cumplir con su rol rector y supervisor de la política de formación de competencias laborales, habiendo aquí también responsabilidad de las instituciones que debieran velar por la solvencia técnica y financiera de este organismo (Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda).”

Es por inventos, como  el de la reducción de la franquicia, y omisiones, como la nula preocupación por dotar de lo necesario a la institución que debe liderar los procesos de desarrollo de competencias en el país, SENCE, que estoy convencido que un laborioso trabajo de un selecto grupo de profesionales, concluyó en un proyecto de ley claramente mediocre que no ataca al fondo de los problemas, al menos en lo que a la franquicia tributaria para la capacitación se refiere.