El primer año de gobierno fue amargo y dulce para los trabajadores, en el terreno de los cambios legales. Quienes actuamos profesionalmente en el sector, de parte de los sindicatos, esperábamos más. La ley, mal llamada de fin del multirut, terminó estableciendo un engorroso procedimiento legal para que se declare un “único empleador” en grupos de razones sociales hermanadas con claridad. No fue superior a lo que usábamos cuando recurríamos a los tribunales para que se constatara la “unidad económica” de un conjunto de ruts.
Lo positivo fueron normas legales que favorecieron a sectores específicos. Deben mencionarse a las Trabajadoras de Casa Particular, los Portuarios, los Profesores que avanzaron algo, a pesar de los desacuerdos actuales. También hubo dos leyes que mejoraron condiciones en el Comercio, con una participación decisiva de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio (Central del Retail y del Comercio en formación), se negoció en una mesa tripartita y luego despachó como ley la norma que agrega siete domingos libres en el año, adicionales a los dos mensuales, y se incrementó en un 30% la hora de trabajo en domingo a todas las categorías de trabajadores sin importar jornada laboral. En CETRA participamos como asesores aportando antecedentes que buscaron impedir la precarización del empleo y la pérdida de puestos de trabajos de jornada completa. Esta información, que se deriva de nuestro conocimiento directo de la realidad (análisis de las condiciones de 30.000 trabajadores que negociaron con nosotros en 2012 y 2013 y parte de 2014), permitió persuadir a las organizaciones sindicales que otras propuestas empujaban en direcciones no deseadas. Así quedaron en el camino los planteamientos de un Tercer domingo libre al mes para los Full, organización de jornadas de lunes a viernes también para Full o, cierre de los malls los días domingos y festivos. Como es evidente, la última idea era la mejor pero irrealizable en el actual contexto, y las dos primeras significaban miles de puestos de trabajo de jornada completa menos, como ocurrió a partir de 2008 con la aplicación de la Semana Corrida y la homologación de los Sueldos Base con el Ingreso Mínimo Legal. La otra ley, ideada en Cetra-Legal para enfrentar la permanente avivada patronal, consistió en prohibir la superposición de días libres con los feriados irrenunciables. Desde que se establecieron estos feriados para el Comercio, hubo muchas empresas que se apropiaron en la práctica de al menos un feriado irrenunciable en el año de cada uno de sus trabajadores. Esperamos que ese robo termine. Aunque nunca estaremos seguros considerando el viejo dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”, tan propia de una cultura empresarial que en gran medida se basa en la codicia y el cortoplacismo.El gobierno y las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría deberán pasar una nueva “prueba de blancura”. Las trabajadoras y trabajadores han esperado 25 años por estos cambios menores. Dos décadas y media en que, por cierto, hubo largos periodos de vacas gordas en que no se alteró el Código del Trabajo de la dictadura militar. Ojalá no se agregue una desilusión adicional.
A fines de Diciembre 2014, el gobierno cumplió su promesa electoral a los trabajadores; presentó una Reforma Laboral que potencia la Sindicalización y la Negociación Colectiva, con cifras rojas en Chile respecto de cualquier base comparativa (con poco más de 14% y 8% respectivamente). Para la mayoría de los actores presentes en el mundo sindical el proyecto fue mal calificado. Representando avances en determinados aspectos, el conjunto era negativo por los retrocesos y amenazas que contenía. En CETRA nos propusimos actuar en términos de eficacia y eficiencia. Dividimos, en nuestras exposiciones y minutas, las propuestas en dos grupos. Las primeras debían ser eliminadas por su daño potencial. Las segundas podrían aceptar mejoramientos en el trabajo legislativo.
Con las indicaciones parlamentarias, incluyendo las del propio Ejecutivo, se han mejorado las referencias al tipo de Huelga, se elimina la noción de “huelga pacífica” y mantiene situación actual para desafuero de dirigentes retirándose aceleración de proyecto original. También hay avances en la efectividad de la huelga por la vía de cambiar la noción de “servicios mínimos” por otra que busca proteger a las empresas de “daños irreparables” en sus activos. Nos acercaríamos entonces a una práctica de huelga efectiva, aceptada internacionalmente. También son positivos los avances en titularidad sindical y la extensión de beneficios. En este último aspecto, indicamos en la Comisión Trabajo del Senado hace pocos días, que la extensión ligada al tema del piso de negociación, no debía condenar a los trabajadores a no negociar durante la totalidad del periodo de la extensión. Sería una suerte de camisa de fuerza a quienes no participaron en la negociación inicial, unida al hecho de que no se les extenderían incrementos reales o de IPC ni bono de término, único beneficio efectivo en muchos casos (minería, retail, etc.).
En cambio son claramente negativas las intenciones de introducir fórmulas de flexibilidad pactadas, que ahora se denominan negociación de pactos de adaptabilidad. La debilidad de los sindicatos, por distintas razones incluyendo la cooptación de dirigentes, nos hace sentir temor legítimo. Basta preguntarse por la alta cantidad de convenios colectivos de largo plazo existentes según las normas actuales. También es posible imaginar un pago en efectivo para aprobar determinadas condiciones. En este caso no sólo está el peso del dinero sino que también las altas rotaciones de trabajadores. ¿Por qué debo preocuparme por malas condiciones de trabajo y descanso o el no pago de horas extras si yo no voy a estar en esta compañía en los años que vienen?
A estas alturas del debate sobre reformas laborales y los antecedentes del contexto económico, que podríamos llamar “crónica de una crisis anunciada”, se ha permeado en los medios de comunicación y en ciertas elites la idea de que estos cambios no deberían afectar el crecimiento y que por ello no son ahora oportunos. Las declaraciones empresariales, reproducidas hasta el cansancio por los medios controlados por los grandes grupos económicos, han terminado transformándose en profecías auto cumplidas.
El gobierno y las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría deberán pasar una nueva “prueba de blancura”. Las trabajadoras y trabajadores han esperado 25 años por estos cambios menores. Dos décadas y media en que, por cierto, hubo largos periodos de vacas gordas en que no se alteró el Código del Trabajo de la dictadura militar. Ojalá no se agregue una desilusión adicional.
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