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#Trabajo

Mujeres: La agenda oculta en la discusión del salario mínimo

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En estos días hemos sido participes de la discusión sobre el salario mínimo. Más allá de la legitimidad de la reivindicación de mayores ingresos para los y las más pobres de nuestro país, la mirada economicista no da cuenta de la agenda oculta que hay detrás de este debate. Nada se dice  sobre el menor ingreso que reciben las mujeres del primer y segundo quintil respecto de los hombres de este mismo grupo socio-económico.

Todos los hombres trabajadores ganan al menos el salario mínimo legal del país, mientras que las mujeres ganan en promedio casi un 30% menos que los hombres y no llegan sino hasta el tercer quintil, a ganar lo que actualmente es el monto mensual mínimo de la remuneración por una jornada ordinaria de trabajo en Chile.
 
Hay desafíos pendientes para las buenas prácticas laborales.  Hay prácticas de  fuerte raigambre cultural que frecuentemente no forman parte ni del análisis ni de políticas conducentes a remover las barreras de género para la participación laboral femenina. Se trata de la violencia de género que viven miles de mujeres trabajadoras asalariadas: la que acontece en el ámbito institucional del trabajo en forma de acoso sexual y laboral, como la que tiene lugar en las relaciones de pareja y el ámbito intrafamiliar.
 
De acuerdo a los estudios realizados por DOMOS “Impacto de la violencia doméstica en el trabajo asalariado de las mujeres”, como el de “Costos económicos de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres en Chile (SERNAM)”, y otras investigaciones realizadas en países como Gran Bretaña y Canadá, estas expresiones de la violencia de género conllevan elevadas sumas en costos directo e indirectos que recaen mayoritariamente en las mujeres, pero que también involucra a los hombres, el entorno y estructuras decisionales de las empresas, tanto en servicios sociales, de salud, justicia y policiales como en el desempeño y desarrollo laboral. 
 
La OIT ha definido el trabajo decente como una relación laboral que cumple con los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.  Esto significa, un trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.
 
Experimentar cualquiera de estas formas de violencias repercute en el espacio laboral, tanto en las víctimas como en los autores de estos actos: ausentismo, baja en la productividad, errores en el trabajo, mayor accidentabilidad, rotación de personal e inseguridad. Los equipos de trabajo también se ven afectados, ya que las situaciones de violencia pueden perturbar el ambiente laboral, generar tensiones en colegas que no saben qué decir o cómo brindar apoyo; pueden surgir olas de rumores, malestar por recarga de trabajo, malos entendidos y distorsiones en las relaciones interpersonales. Impacta no solo en seguridad de las mujeres, sino que limita el ejercicio de sus derechos laborales, sus ingresos y la posibilidad de participar activamente en actividades de capacitación, procesos de promoción y ascensos, como en actividades extra laborales e instancias promotoras de sus derechos como trabajadoras.
 
Entre las acciones que se destacan para prevenir y tratar estos tipos de violencia están las políticas de Equidad de Género y Anti Violencia que se encuentran implementando algunas empresas.  Sin embargo aún resulta un problema invisible o de menor relevancia para el ejercicio y ampliación de derechos en las agendas de los sindicatos, por lo que se constituye en un desafío de inclusión y ampliación del marco de comprensión de las discriminaciones por razón de sexo y/o género que concierne a trabajadoras y trabajadores.
 
Diversos encuentros con  sindicalistas permiten concluir que es urgente y necesario levantar una amplia agenda de equidad de género en el trabajo, y fortalecer la participación de una  multiplicidad de actores que vienen reflexionando sobre este tema desde la perspectiva del trabajo decente y derechos humanos para hombres y mujeres.
 
* Esta entrada fue escrita por Carolina Peyrín y Tatiana Hernández, investigadoras de Corporación DOMOS
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