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Mineros de San José: ¿Trabajadores Desechables?

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Con el accidente en la mina San José vuelve a quedar de manifiesto, como sucede periódicamente también en otros sectores económicos, que las condiciones de seguridad de los trabajadores en muchas faenas son precarias y que la fiscalización del Estado deja mucho que desear.

Llevamos muchos años señalando que la fiscalización de las condiciones laborales que puede realizar la Dirección del Trabajo, aunque haya ido mejorando, es insuficiente y poco eficaz. ¿Cuánto más temen las empresas las inspecciones del Servicio de Impuestos Internos en comparación con las de la Dirección del Trabajo? El fuerte desequilibrio en los recursos de las dos instituciones, tanto financieros como humanos, es evidente. Y la señal que manda ese desequilibrio es clara: ¿cuánto realmente nos importan las condiciones laborales de los trabajadores?

En el sector de la minería ocurre algo similar con la fiscalización de las faenas. El SERNAGEOMIN tiene 16 fiscalizadores para más de 3 mil faenas mineras en Chile y el foco no se pone necesariamente en las minas pequeñas y medianas más precarizadas.

Pero en el caso de la mina de San José los fiscalizadores no estuvieron ausentes: el SERNAGEOMIN había cerrado la mina en el año 2007 (la autorizó a reabrir en el 2008) y la Dirección del Trabajo realizó once fiscalizaciones al yacimiento durante los años 2009 y 2010, la ultima de las cuales entregó un informe el 9 de julio que señalaba las serias deficiencias de la mina. Sin embargo, estas fiscalizaciones no lograron prevenir el trágico accidente que ocurrió.

Por más que sea necesario preguntarse si los mecanismos públicos de fiscalización fueron eficientes (y es evidente que no lo fueron), quizás es aún más importante preguntarse ¿Quién es el responsable de los trabajadores en la primera instancia? ¿Quién tiene el poder y la capacidad inmediata de velar por la seguridad de los trabajadores? Sin duda la responsabilidad principal radica en los empleadores.

En Chile se ha estado formando una cultura laboral que ha generado un fuerte desequilibrio entre empleadores y trabajadores. Entre las altas tasas de subcontratación y la de facto flexibilización de los contratos, las relaciones laborales se han ido acortando y precarizando. En la minería, la subcontratación se ha extendido, de acuerdo a la última Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo, a cerca de un 40% de los trabajadores del sector. Con estos mecanismos, los empleadores se alejan – tanto legalmente como en la vida cotidiana – de sus trabajadores.

No es de sorprender que Víctor Tobar, ex superintendente de seguridad de la mina, haya señalado que para la administración de San Esteban los trabajadores “son prescindibles, pernos y engranajes que van a permitir sacar adelante un objetivo, pero no se considera la seguridad como un derecho humano (…) había una pobreza franciscana en cuanto a recursos, camionetas, equipos de ventilación y apoyo”.

Los trabajadores de corto plazo que, además, frecuentemente son subcontratados, son, efectivamente, prescindibles y fáciles de reemplazar. Son los “trabajadores desechables” como los he denominado en otros artículos. Y es evidente que un empleador no se va a preocupar tanto de sus trabajadores desechables, precisamente porque es tan fácil reemplazarlos.

Hemos instalado una cierta actitud de despreocupación por las condiciones laborales en todos los ámbitos: la política, la capacidad fiscalizadora del Estado, el empresariado y hasta en los mismos trabajadores que dejan de organizarse de manera eficiente en un ámbito de alta rotación laboral. La misma actitud que está detrás de la mala calidad del empleo en Chile también está detrás del accidente de San José. Sólo cuando la política empiece a preocuparse de verdad por las condiciones laborales de los trabajadores puede cambiar esa cultura de trabajos desechables.

Los accidentes de tránsito disminuyen con una mayor cantidad de controles de velocidad. De a poco, estos controles pueden generar cambios profundos en el comportamiento de los conductores que lentamente empiezan a preocuparse por su propia seguridad y la de los demás. Pero este mecanismo solamente funciona si los límites de velocidad son suficientemente bajos. De nada nos servirían los controles si, por ejemplo, permitieran pasar a 100km por hora por una zona escolar.

De la misma manera, los accidentes de trabajo también disminuyen con una mayor cantidad de fiscalizaciones. Afortunadamente, este proceso ya está en camino, aunque quede mucho por hacer como lo demostró el accidente de San José. Pero mientras la legislación permita la precarización legal del empleo, de poco nos sirve esa legislación para producir el cambio cultural que necesitamos para que todos empecemos a preocuparnos genuinamente por generar empleos seguros y de mayor calidad.

* La autora agradece la ayuda de investigación de Pablo Alberto Valenzuela.

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