La gran deuda de Chile con sus trabajadores está en la falta de una negociación colectiva decente. Está en el centro de la mala distribución del ingreso y de la debilidad sindical. Saldándola, avanzamos a un país donde el sueldo mínimo sea eso, un mínimo, un piso; pero los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras se fijen a partir del ejercicio de la negociación de éstos con sus empleadores, en condiciones mínimas de equidad a la hora de sentarse en la mesa.
Acaba de terminar la intervención del Presidente de la República haciendo un somero balance de sus tres años de gestión. En lo laboral, anuncia un “adelantamiento” del alza del salario mínimo y se congratula por el post natal de 6 meses.
No es mucho más lo que puede contar. En efecto, la agenda laboral de este Gobierno ha sido de una pobreza de iniciativas y de debates difícil de igualar. Salvo el postnatal, nada interesante viajó a Valparaíso para ser examinado en las comisiones parlamentarias de Trabajo. Ni siquiera la anunciada agenda de seguridad laboral, que se inició con una Comisión formada tras el accidente de la Mina San José, tuvo consecuencias importantes en el ámbito normativo. Tampoco las permanentes bravatas a que nos tiene acostumbrados la destemplada Ministra del Trabajo se traducen en la confección de proyectos de ley en un ámbito como es el laboral, donde gran parte de la calidad de vida de los trabajadores se juega en contar con una regulación protectora y garante.
Esta sequía de proyectos tiene distintos efectos, de los cuáles creo importante destacar dos: el primero es la renuncia al debate político. Como también sucedió en ocasiones mientras los partidos de la Concertación estábamos en el Ejecutivo, la idea de que es imposible llegar a un consenso inhibe siquiera el plantear las iniciativas y paraliza la agenda. Lo curioso, en este caso, es que la única iniciativa importante del Gobierno de Piñera en esta materia, el proyecto de extensión del postnatal, fue objeto de un serio y profundo debate en el Congreso, articulado gracias al esfuerzo de un conjunto de parlamentarias de los distintos sectores, que decidieron llevar a cabo un debate en serio; el resultado: una ley sustantivamente mejor al deficiente proyecto del Gobierno, originalmente confuso y plagado de recortes de derechos y letra chica.
El segundo efecto es que la parálisis del debate genera una suerte de congelamiento que, de no mediar sorpresas, implicará que cuando Michelle Bachelet vuelva a ser Presidenta nos encontraremos con el debate laboral exactamente en el mismo punto donde lo dejamos. Y tendremos en el centro de la mesa la gran deuda que dejamos como coalición en esta ámbito (me refiero al estrictamente laboral y no al previsional, donde el sistema entero es un gran forado), cual es la necesidad de reformar la normativa de negociación colectiva.
Chile necesita una nueva negociación colectiva de forma urgente. Seguir inhibiendo o postergando el debate sólo puede ser fuente de una profundización de la desigualdad de ingresos y la aparición de crecientes estallidos sociales.
La agenda laboral del retorno de Bachelet, a mi juicio, debiese tener un foco central y urgente en la reforma a la negociación colectiva. Y claramente no podrá ser resuelta activando sin mayor reflexión el proyecto que Andrés Velasco consiguió sepultar en un cajón el último año del mandato; sino que debe implicar un debate mayor y más abierto, con el Congreso, pero también con el movimiento sindical, a fin de generar una institucionalidad que las partes reconozcan como legítima. No es una tarea fácil, pero es ineludible y debiese ser el principal “dolor de cabeza” de quienes se instalen en Huérfanos con Teatinos en 2014.
Las buenas noticias son que existe un consenso bastante extendido entre los actores sociales, sindicales y académicos respecto de los puntos que hay que atacar. No es en el diagnóstico donde hemos fallado sino que en la voluntad política.
Una Nueva Negociación Colectiva debiese permitir a todos los sindicatos ejercer su derecho a negociar, más allá de su carácter de Empresa o Interempresa. Debiese, asimismo, superar la estrechez del concepto de Empresa y por un lado, dar una solución a los efectos que el fraude del Multirut tiene sobre la negociación y, por otro, permitir negociaciones de nivel superior o “ramales” que permitan a industrias y sectores completos fijar estándares mínimos sin perjuicio de lo que pacten empresarios y trabajadores en cada compañía.
Debiese, por otro lado, fomentar la sindicalización, o, por lo menos, dejar de castigarla. Esto implica que la cuota sindical debiese ser más barata que la que se cobra al trabajador o trabajadora que se sube como “polizón” a los beneficios del contrato, invirtiendo la situación actual; y los beneficios del contrato debiesen extenderse automáticamente a los trabajadores y trabajadoras que se afilian al sindicato titular del contrato, sin necesidad de tener que esperar la próxima negociación.
Finalmente, no resiste análisis que los trabajadores y trabajadoras chilenas no tengan derecho a huelga efectiva. Debemos eliminar la posibilidad de reemplazo en huelga. No sólo mediante su prohibición expresa en el Código, sin la excepción actual que es más amplia que la regla, sino que también cerrando espacios a las peregrinas interpretaciones de la Corte Suprema que ha llegado a vaciar de contenido la palabra “reemplazo” para permitir que los empresarios sigan sorteando el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la huelga.
La gran deuda de Chile con sus trabajadores está en la falta de una negociación colectiva decente. Está en el centro de la mala distribución del ingreso y de la debilidad sindical. Saldándola, avanzamos a un país donde el sueldo mínimo sea eso, un mínimo, un piso; pero los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras se fijen a partir del ejercicio de la negociación de éstos con sus empleadores, en condiciones mínimas de equidad a la hora de sentarse en la mesa.
Esta deuda no es de Piñera; sería injusto cobrarle algo que no prometió ni que dice relación con sus ideas. Es una deuda nuestra, sin duda la más importante en lo relativo a derechos laborales. Ojalá en marzo de 2014 tengamos la voluntad de comenzar a pagarla.
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