En defensa de la revolución… de Uber

El dilema que plantean las aplicaciones de transporte como Uber, Lyft y Cabify es que el servicio que ofrecen es muchas veces mejor que el que entregan los taxis regulares. El éxito rotundo de estas empresas en todos los sitios donde han llegado es, en cierta medida, evidencia de lo mal que estaba funcionando el sistema de taxis en el mundo. Otras personas se han extendido mucho más sobre los beneficios de las apps pero, en resumen, lo que ofrecen es más barato, más cómodo y más seguro al tiempo que evitan a toda costa cualquier tipo de regulación.

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El desafío final que nos imponen las revoluciones tecnológicas no radica sólo en compensar su impacto sobre los sistemas anteriores, sino hacernos cargo de que, si la sociedad que queremos construir sea una más justa e igualitaria, tenemos que asegurar que los beneficios y las delicias de la era digital estén al alcance de todos y todas.

El problema no es lo que ofrecen, sino quién lo ofrece, y cómo respondemos para darle una solución a ese dilema. Uber es una empresa transnacional y millonaria, siendo citada por El Mercurio como una de las compañías mundiales cuyos ingresos son mayores a las de países pequeños. Las personas que trabajan para Uber, si bien se dice que son ‘colaboradores’ y no ‘trabajadores’, en la práctica sí son trabajadores, pero sin derechos laborales. El pago del servicio se hace con tarjeta de crédito, lo que es prohibitivo para la gran mayoría de las personas. El servicio no paga impuestos específicos por su actividad económica y, en definitiva, no está regulado. La desregulación nos mantiene en la desprotección y quedamos, como ciudadanos, al arbitrio de una empresa transnacional que hoy presta un buen servicio, pero que puede cambiar en cualquier momento.

Uber y sus similares nos plantean un dilema ideológico: una empresa transnacional, que despoja a sus trabajadores de los derechos que les corresponden, que evita a toda costa la regulación, es una empresa que bajo cualquier punto de vista debe ser puesta en su lugar. Es tremendamente difícil para una persona que se autodenomina ‘de izquierda’, como yo, discernir sobre lo que debe ser el futuro del transporte personal. Ello porque sin duda reconozco el valor que tiene el transporte público, como los buses, trenes y bicicletas públicas por sobre los autos, taxis y ‘Uber’. Sin embargo, yo uso estos últimos también. Y entre nosotros, compartiendo la crítica, tampoco estamos dispuestos a retroceder 100 años y continuar con el paupérrimo y abusivo sistema de taxis que existe actualmente.

Una solución, la más moderada, podría ser equiparar las exigencias a taxistas y conductores de servicios privados: menos regulación para unos, más para otros, y hacer pública la identidad y la evaluación de cada taxista a través de una aplicación. Luego ver si acaso en igualdad de condiciones, Uber y taxis pueden coexistir o uno supera al otro, en un ciclo de alza y fracaso que es propio del capitalismo y que rara vez nos permite ver sus consecuencias individuales: familias sin sustento, proyectos de vida fallidos.

Más drásticamente, podría proponerse eliminar a ambos actores y sustituirlos por un sistema que cumpla con los mismos mínimos que nos encantan de las aplicaciones: transparencia (la información del auto y el conductor en un registro a disposición del usuario), seguridad (control digital para evitar estafas y robos), economía, comodidad. La salvedad sería, que este sistema no ha de ser una empresa transnacional sin regulación sino, en un caso, una cooperativa de transportistas donde cada trabajador tenga igual propiedad sobre el total del sistema, o en otro, un servicio del Estado, volver público el transporte privado. Esta es una solución que requiere de un cambio de paradigma, difícil en un país como Chile, donde no existe noción de cooperativismo y el mayor valor que se reconoce a las aplicaciones de transporte personal es la capacidad de competir en un mercado y desplazar a los sistemas convencionales.

Efectivamente esta es una revolución, pero es una revolución que deja atrás a muchas personas, desde taxistas honrados que pierden su fuente de sustento hasta personas que no disponen de una tarjeta de crédito y necesitan acceder a una forma de pago seguro. Este último problema puede obtener solución con el modelo de ‘Banca Móvil’ que se ha implementado en Kenya, donde transacciones de dinero pueden hacerse sin mediar efectivo desde teléfonos celulares. Banco Estado ya innovó con la Cuenta RUT y esta podría ser su próxima oferta a las masas.

El desafío final que nos imponen las revoluciones tecnológicas no radica sólo en compensar su impacto sobre los sistemas anteriores, sino hacernos cargo de que, si la sociedad que queremos construir sea una más justa e igualitaria, tenemos que asegurar que los beneficios y las delicias de la era digital estén al alcance de todos y todas, en un marco de respeto a los derechos de todas las personas. Eso es transformar la revolución digital, en la revolución del bien común.