Como ya es tradición, durante esta época se comienzan las “negociaciones” entre los representantes del Gobierno y distintos actores sociales. Más que negociaciones, podemos decir que es una consulta del Gobierno, ya que sólo este tiene la facultad de definir el monto del sueldo mínimo que luego será despachado como proyecto de ley al Congreso.
En este contexto, conviene ampliar la mirada e incorporar al debate algunos elementos que están presentes en distintas seclaraciones y tratados internacionales, así como en nuestra propia Constitución Política:
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Ya en 1919 existe la preocupación de garantizar “un salario vital adecuado» para los trabajadores, siendo este uno de los principales objetivos de la creación de esta organización.
Declaración Universal de Derecho Humanos (1948): En ella se
manifiesta que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana” (artículo 23 N°3).
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): En él se reconoce “el derecho de toda persona el goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias” (artículo 7a,ii).
Constitución Política de la Republica de Chile (1980): En ella se asegura a todas las personas “el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración” (artículo 19 N°16).
Reflexionando en torno a lo anterior y viendo la realidad de Chile, no cabe sino preguntarse:
¿El sueldo mínimo en Chile es realmente un derecho para los trabajadores?
¿Los trabajadores reciben una justa remuneración por su trabajo?
¿El sueldo mínimo actual es adecuado para asegurar una existencia digna para el
trabajador y su familia?
Al parecer, observando nuestra realidad nacional y distintos estudios sobre la materia (ver Fundación Sol), lamentablemente esas preguntas están lejos de ser respondidas de manera afirmativa, cosa que cada vez nos aleja más de pretender ser un país desarrollado y de lograr construir una sociedad más humana, justa y solidaria.
* Por Rodrigo Azócar S. Egresado de Derecho PUC, colaborador Fundación SOL
—-
Foto: Salmonchile.cl
Comentarios