Es de esperar que la presencia en el comando de Bachelet de Juan Somavía, director por largos años de la OIT y artífice del concepto de Trabajo Decente, ayude a reforzar la dimensión laboral en el Programa de Gobierno como otro de los ejes fundamentales sobre los cuales Chile debe emprender un camino de mayor justicia social.
La centroizquierda está en deuda con el mundo laboral y, en general, tiene conciencia de ello. Sin embargo, la forma de saldar esa deuda está lejos de suscitar acuerdos que faciliten una agenda programática. La pregunta, entonces, es: ¿persistirá el bloqueo de la agenda laboral durante un gobierno de la Nueva Mayoría?
Sería lamentable que la respuesta fuera positiva, primero y ante todo, por una razón lógica: nadie discute en la centroizquierda que el propósito fundamental y la épica del nuevo gobierno radicará en un abierto combate a la desigualdad y a los abusos. Puesto que esto es así –la ex Presidenta Bachelet lo ha enfatizado sistemáticamente– ya es hora de asumir en serio que la desigualdad se estructura fundamentalmente en el ámbito laboral, es decir en la distribución primaria del ingreso.
En efecto, según la última encuesta CASEN, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $ 250.000. Además, una enorme proporción de trabajadores, formales e informales, son pobres o vulnerables debido a los bajos ingresos y la extendida precarización del empleo.
Como ha sido la tónica desde la recuperación democrática, la política social ha buscado corregir la desigualdad que se construye en el mercado del trabajo (por eso que a esas transferencias y beneficios sociales se les llama distribución secundaria del ingreso) y sin duda existen logros que mostrar en esa materia. Pero si se trata de ir a la raíz en el combate a la desigualdad, una reforma laboral en serio es insoslayable.
En la inauguración del año académico de la Universidad Central, Juan Somavía fue taxativo: “La manera como se comporta el mercado del trabajo en Chile no reduce la pobreza ni las desigualdades. Ese rol lo está cumpliendo la política social”. En un registro más poético, Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT, en el Congreso Nacional del Sindicato Líder-Walmart, señaló: “Parte de la desigualdad del país tiene un rostro doloroso en el mundo del trabajo».
Por cierto, existen otras fuentes generadoras de desigualdad en nuestra sociedad que ya están siendo atacadas en el programa de la ex Presidenta. Se trata de las necesarias reformas educacional y tributaria, que aparecen consolidadas como propuestas programáticas. Ellas conforman una tríada, en conjunto con la reforma a la constitución, que ya constituye sentido común en el debate de campaña.
Algunos dirán que reformar la constitución y llevar adelante una reforma educacional y una reforma tributaria profundas, son tareas de una ambición programática suficiente para un gobierno de cuatro años. Además –se dirá–una reforma constitucional es condición necesaria para asegurar una modificación a las bases ideológicas e institucionales del Código Laboral vigente. Son argumentos de peso. Pero no es menos atendible que si corregimos las desigualdades en materia de acceso a una educación de calidad pero no hacemos una reforma laboral en serio, tendremos nuevas camadas de ilustrados desiguales en el mercado del trabajo. Sobre todo si persiste el patrón de fragmentación que coarta el ejercicio de los derechos colectivos de trabajo, un mercado del trabajo segmentado y una economía que, crecientemente, se basa en servicios de baja productividad y bajos salarios (lo que remite, de paso, al problema de la estrategia de desarrollo).
En función de todo lo expuesto, quiero sostener aquí, con mucha fuerza, dos tesis que van de la mano. Primero: la reforma laboral que Chile necesita para construir justicia social es parte consustancial del debate sobre la reforma a la constitución. Esto es así, porque para hacer cambios profundos en materia laboral, hay que abordar lo que la constitución de 1980 definió como el orden público económico, con una filosofía de corte radicalmente neoliberal. Y ese es el punto de fondo: ¿cuál será la filosofía que ordene, que impregne el diseño laboral por redefinir? Hay grupos de tecnócratas que, eludiendo o quizás simplemente ignorando que este es un debate a la vez filosófico, político, y técnico, reducen todo a posibles fórmulas técnicas. A lo más, esbozan como fundamento técnico-filosófico los conceptos de Flexiguridad o Workfare (en oposición a Welfare).
Sería altamente recomendable que esos tecnócratas leyeran las recientemente desclasificadas Actas de la Junta Militar sobre el Plan Laboral, o el libro, hace ya muchos años disponible, sobre la reforma laboral de Pinochet escrito por su artífice: José Piñera. Si se leen con atención, se puede apreciar que la filosofía que inspira al Código del Trabajo tiene dos pilares fundamentales: por un lado, los sindicatos son “monopolios indeseables”, que defienden prebendas y que impiden el acceso al mercado de trabajo de los más pobres y descalificados; y, por otro lado, las regulaciones o derechos laborales son “rigideces” que impiden el óptimo funcionamiento del mercado del trabajo. En consecuencia –y esta es mi segunda tesis– un nuevo Pacto Laboral requiere establecer un nuevo fundamento.
Ahora bien, existe un fundamento disponible, de la más alta pertinencia, en la medida que ha sido teorizado y desarrollado a lo largo de los últimos años por la Organización Internacional del Trabajo. Se trata del concepto de Trabajo Decente. La organización ha definido como “finalidad primordial de la OIT promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Y ha planteado además que el trabajo decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social.
Sin duda, se trata de una concepción con un fuerte sesgo humanista (sin que ello le reste sustento técnico) y más cercana a posiciones socialdemócratas que liberales. Abordar con profundidad este debate quizás serviría también para perfilar con más nitidez lo que significa hoy ser de centroizquierda en Chile.
Es de esperar que la presencia en el comando de Bachelet de Juan Somavía, director por largos años de la OIT y artífice del concepto de Trabajo Decente, ayude a reforzar la dimensión laboral en el Programa de Gobierno como otro de los ejes fundamentales sobre los cuales Chile debe emprender un camino de mayor justicia social.
Desde ya, ese pilar, en la lógica del trabajo decente, no puede soslayar una tríada que es fundamental para reequilibrar las muy asimétricas relaciones de poder en las relaciones laborales, que están en la raíz de la inequidad: fortalecimiento del sindicalismo, fortalecimiento de la negociación colectiva y derecho a huelga efectiva.
En conclusión, la agenda laboral debe ser un lineamiento estratégico del nuevo gobierno. El tema laboral, desde el desafío de mayor justicia social, no puede ser considerado un tema sectorial más, pues remite al corazón del proyecto ético y político de la centroizquierda.
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Comentarios
06 de agosto
Han pasado 24 años desde el retorno de la democracia y todavia estamos en el escenario de justicia en la medida de lo posible ya es tiempo de una reforma política y social que nos encamine al Chile que soñamos y queremos. Un nuevo trato pide la sociedad chilena y el trabajo decente no puede estar ausente. Yo quiero un pais en que el trabajo digno y bien remunerado sea un derecho. También creo que todo trabajador debe tener acceso a una alimentación de calidad y al tiempo de colación adecuado.
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