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Acusación Constitucional: Entre hacer el loco y patear la lechuza

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Si, como se ha publicado, algunos diputados en la Concertación piensan que pueden hacer el loco con la presentación de una acusación constitucional contra la Intendente de Región del Bío Bío Jacqueline Van Rysselberghe, lo mejor es que el equipito se dedique a otros afanes pendientes y se olvide de este cuento.

De lo contrario, les puede ir peor que al defensa panameño del club Deportivo Pereira, Luis Moreno, quien –cuando se disputaba de visita un partido con el Atlético Junior por la liga colombiana- encontró la a su juicio fórmula justa para solucionar el problema de juego que originó una lechuza que cayó en la cancha, dándole lo que llaman un “certero” taponazo.

Moreno quiso hacer su aporte mostrando sus recias bondades y despejó como si hubiera existido inminente peligro de gol. El plumífero no sólo salió descuajeringado por los aires, sino que horas después pasó a mejor vida.

El pateadura se ha ganado el repudio general, no sólo por su acción despreciable, sino porque la lechuza era para los locales el equivalente al pulpo Paul para los alemanes, porque cada vez que volaba en el estadio coincidía con un triunfo de ellos.

La Policía Ambiental de Barranquilla abrió un proceso de responsabilidad contra Moreno por la agresión, quien se disculpó por lo ocurrido y dijo que aceptaría cualquiera sanción que le sea impuesta.

En chilito, en tanto, según El Mostrador, recién alrededor de las 20:00 horas del lunes último, el diputado DC Gabriel Ascencio anunció que abogados constitucionalistas encontraron los fundamentos para la presentación contra Van Rysselberghe. Lo que significa que tuvieron que rebuscar por aquí y por allá durante varios días para tal efecto. Es decir, todas las certezas que había desde hace semana no tenían base sólida, independientemente de que para gran parte de la comunidad la intendente había usado una forma no precisamente aplaudible para enfrentar el problema habitacional de centenares de vecinos del río Bío Bío.

Recordemos que Van Rysselberghe explicó públicamente a los pobladores del sector penquista Aurora de Chile que tuvo que inventar un cuento para que clasificaran como damnificados y obtuvieran subsidios destinados a familias terremoteadas. La Moneda estudió acuciosamente la situación y concluyó que no hubo irregularidades, porque no alcanzó a haber recursos entregados ni se pudo comprobar que se registrara falsificación de documentos. Estimó que a lo más correspondía reprender a la autoridad regional por mal manejo comunicacional y estableció como principio general que todo representante gubernamental debería ser más cuidadoso al momento de emitir mensajes. Asimismo, mandó a la Intendente a pedir disculpas por involucrar en sus declaraciones a autoridades nacionales del Ministerio de Vivienda, con lo que dio por cerrada una crisis que se apoderó de la agenda política veraniega.

La Oposición, en este caso comandada por el senador Alejandro Navarro y secundada por los diputados Ascencio y José Miguel Ortiz, entre otros, ganó puntos con las denuncias, mientras Van Rysselberghe los iba perdiendo cada vez que emitía algún concepto. Incluso, para muchos está claro que sólo una defensa al estilo UDI -con todo y contra todos, casi pateando la mesa- le permitió salvarse de la podadora gubernamental.

Frente a ello, arreció con fuerza la idea de la acusación constitucional, pero en el camino empezaron a surgir las dudas, primero respecto del sustento técnico de la misma, lo que se comprueba con el hecho de que se esté hablando de que por fin se halló lo que se buscaba (incluso así, sin especificarlo). Luego, desde una perspectiva más pragmática, aparentemente no están los votos que permitan castigar a la agresiva cacique del Gran Concepción. De hecho, por mucho de que en RN se hable de que no tienen orden de partido, sóplame este ojo que van a preferir estar con la Concertación en vez de solidarizar, pese a la rabia que le tienen, con la siquiatra de la UDI.

Así las cosas, antes que cualquier otra consideración, los opositores deben analizar si vale la pena arriesgar lo obtenido en capital público cuando ya los titubeos están establecidos y desde adentro se considera que se podría hacer el loco.

Tal vez los esfuerzos deberían centrarse en fiscalizar qué va a pasar en realidad con los habitantes de Aurora de Chile y de otras poblaciones, que con todo este lío se quedaron sin subsidios –al menos los que supuestamente fueron incorporados en el cuento de la Intendente- y cómo se mejora su calidad de vida, porque si en algo tenía razón Van Rysselberghe es en que hay que buscar una fórmula que les permita a todos tener viviendas similares.

Salvo que -y sin olvidar que para la gente aquello es lo importante- que efectivamente la fórmula constitucionalista encontrada sea realmente bacán y cautivadora y no al estilo del ahora tristemente famoso chutealechuza.
 

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