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La implementación de un nuevo sistema informático y en el anuncio de los resultados de la última elección municipal, y su evidente fracaso, han abierto la puerta a una discusión necesaria en un país en vías de desarrollo. Y esa es en qué medida y cómo logramos que las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) jueguen a favor de un mejor desarrollo de la democracia y de la participación ciudadana.
Lamentablemente, nuestro país ha hecho esfuerzos en esa línea, pero la mala organización y ejecución del último tiempo han significado un retroceso.
Nuestro Congreso Nacional, en su objetivo por modernizarse constantemente, ha llevado a cabo iniciativas que justamente responden a la necesidad de conectar a la sociedad con las autoridades parlamentarias. Ejemplo de ello es la implementación de un sitio web que transmite en vivo cada una de las comisiones de la Cámara Baja, o el sistema de transparencia en línea, donde cada usuario puede consultar por los gastos de los diputados.
El planteamiento que existe sobre el inmenso aporte que pueden hacer las TIC en una mejor democracia y más participación de la ciudadanía se replica alrededor del mundo. Ya son muchos los países desarrollados que se lo toman en serio y ejecutan políticas serias de alfabetización digital, elemento primordial para el posterior desarrollo de esta comunicación en línea.
En una sociedad donde, según datos del PNUD, dos mil millones de personas utilizan internet y más de cinco mil millones tienen acceso a algún dispositivo móvil, considerar la temática tecnológica digital como eje central del desarrollo político, social y económico no es una idea descabellada. Pero para obtener el éxito en su implementación, se requiere también un trabajo efectivo y un compromiso por avanzar en esa línea.
Nuestro país requiere con urgencia una política de e-participación, como se le denomina a la participación ciudadana a través de medios electrónicos. Los resultados que se podrían obtener de ello radican en lograr una sociedad más democrática, donde exista mayor participación, más debate y deliberación, lo que finalmente obligaría a una mayor rendición de cuentas de parte de las autoridades.
El planteamiento que existe sobre el inmenso aporte que pueden hacer las TIC en una mejor democracia y más participación de la ciudadanía se replica alrededor del mundo. Ya son muchos los países desarrollados que se lo toman en serio y ejecutan políticas serias de alfabetización digital, elemento primordial para el posterior desarrollo de esta comunicación en línea.
¿Por qué? Simple, porque en la medida que tengamos ciudadanos informados y empoderados de su rol activo en la construcción de una mejor democracia, exigirán más a sus representantes y existirá una fiscalización mayor, lo que únicamente puede traer beneficios.
Quizás aun nos mantenemos incrédulos al poder que tienen los ciberciudadanos. En Chile aún no se consolidan como un grupo capaz de generar cambios. Sin embargo, creo que nos desplazamos a paso firme hacia ese horizonte, y ahora es cuando la clase política y la administración del Estado deben generar una política para que utilicemos todas las bondades de las TIC en un mejor desarrollo del país y en una mejor relación entre ciudadanos y representantes.
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Foto: Raul Hernández González / Licencia CC
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Francine BROSSARD LEIVA
Muy de acuerdo con este artículo del Sr. Farías, y la necesidad de generar espacios de acceso a las TIC. Pero, si es difícil acceder a ellas a nivel urbano….que es lo que queda para el nivel rural !! donde las TIC son realmente un instrumento de acercamiento geográfico, para esas zonas aisladas de Chile, donde las TIC representan una herramienta de apoyo para esos jovenes que requieren mayores motivaciones para permanecer en sus campos, donde las TIC son el elemento clave de desarrollo agrícola para una pequeña agricultura que está cada vez mas exigida y debe mantenerse al día en competitividad e innovaciones para sobre vivir…. Por ello abramos espacios virtuales, pero sin olvidar el sector rural…..
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Mauricio Casanova
Para que ello sea efectivo, el sector público debe dejar de hacer e informar aquello que cree que requiere la ciudadanía conocer y comenzar a hacer e informar aquello que la ciudadanía le exige conocer. Como cada cada vez los tiempos de respuesta deben ser menores, la mejor opción es abrir los datos con los que el Gobierno trabaja y genera políticas, en un formato estándar, para que sea la ciudadanía de forma espontánea quien asigne el valor a esta información.