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La neutralidad de la red: requisito fundamental para la equidad

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El nuevo director designado por el presidente Donald Trump en la FCC (encargada de la regulación de las comunicaciones en los Estados Unidos) impuso la derogación de un principio que desde siempre ha regulado el mercado de proveedores de la red internet, el de la neutralidad de red.

Este principio implica en palabras simples y sin tecnicismos, que todos quienes accedemos a la red tenemos la posibilidad de ingresar a cualquier tipo de contenidos, independiente del ancho de banda que ese contenido pueda necesitar. De esta manera, ver una película en alta calidad streaming en Netflix, escuchar nuestro artista favorito en Spotify, o simplemente mandar un correo electrónico es libre para quienes somos usuarios finales de la red, pero también para quienes venden contenidos a través de la misma.


Acá no se trata de consumir más o menos internet, se trata de ofrecer igualdad de condiciones para poder acceder a los contenidos de la red de manera libre, democrática y equitativa.

Este principio de neutralidad implica que basta con tener acceso a la red para acceder a los cientos de millones de contenidos digitales que es posible de encontrar a nivel planetario. Estamos hablando que localidades como Alhué, Aysén o Visviri en nuestro país pueden tener acceso a información proveniente de cualquier lugar del mundo. Terminar con este principio implica que se libera el mercado de manera tal que los proveedores de internet pueden cobrar de manera diferenciada a quienes usan de distinta manera la red de acuerdo a los requerimientos de sus contenidos. Por ejemplo cobrar más caro la distribución de servicios como Amazon, Netflix, Youtube, etc.

Sin duda esta liberalización del mercado da pie para las muy probables alianzas que se generarán entre los principales proveedores de red, con grandes proveedores de contenidos como los recién mencionados, o los intermediarios como serían Google o Facebook. Como es de esperar, esto iría en desmedro de proveedores más pequeños de contenidos, generalmente emprendedores que encuentran en la red una concurrida plaza para promocionar sus servicios. Imaginemos que un gigante del retail como Walmart se une con un proveedor de red como Entel para dar prioridad o incluso exclusividad a los productos de esa cadena, restringiendo o negando el acceso a otras marcas. Sin lugar a dudas el gran perjudicado es el consumidor final que pierde posibilidades de optar. También da pie para que los proveedores de red puedan cobrar diferenciadamente a quienes somos usuarios finales de acuerdo a los servicios consumidos, lo que podría generar planes más costosos si lo que deseamos es tener Youtube por ejemplo.

En una sociedad digital, donde la economía está cada vez más enraizada en el traspaso electrónico de bienes y servicios, una medida como la impulsada por la administración Trump genera sin lugar a dudas una nueva cepa de desigualdad en nuestras sociedades. El internet en ese caso dejó de ser una plaza pública y pasa a ser una plaza con sectores populares, y sectores VIP.

En nuestro país ¿cuantas familias hoy en día tienen acceso a una banda ancha de calidad, considerando que un costo promedio ronda los 30 mil pesos? La posibilidad de que esos precios aumenten para disfrutar de ciertos contenidos hace que la gente priorice sus necesidades por otras urgencias. No se trata solo de dejar de ver nuestra serie favorita de Netflix, se trata de algo más profundo y grave, es dejar de acceder a contenidos mundiales, se trata de quedarse fuera de la plaza, finalmente de un nuevo foco de inequidad. Si hoy en día ya es inequitativo que la banda ancha no llegue a todos los sectores rurales, esta medida trae ahora este problema a la ciudad misma.

La pregunta entonces es clara, en nuestras sociedades ya digitalizadas y con una exponencialmente creciente digitalización, ¿el acceso a la red debe ser tratado por la regulación como un bien de mercado más (como comprar un auto o unas vacaciones) o debe ser tratado igual que otros servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica que si bien pueden ser provistos por privados (Chile sabe de eso), están regulados por el Estado? Es una pregunta central pues el internet no solo es parte de la vida cotidiana en provisión de contenidos de esparcimiento (películas, música, chat, etc.) sino que es parte central de la vida financiera, del mundo laboral, académico, del acceso a noticias, de prevención o manejo de catástrofes, etc.

Acá no se trata de consumir más o menos internet, se trata de ofrecer igualdad de condiciones para poder acceder a los contenidos de la red de manera libre, democrática y equitativa. La medida impulsada desde la administración Trump afecta la consolidación de un ciudadano informado y por ende de las ciudades inteligentes. En la construcción de las smartcities un aspecto central es el acceso a la información, al internet de las cosas, a la instantaneidad de las comunicaciones, al gobierno digital, etc. ¿de qué manera esto se ve afectado cuando para acceder a estos beneficios de la vida actual se harán tarifas diferenciadas? ¿No será acaso que serán afectados los mismos de siempre? ¿ Y favorecidos los favorecidos de siempre? No es una apología a una lucha de clases, es un llamado de atención a una sociedad que había logrado a través del internet ir igualando la alfabetización de las nuevas generaciones ya integradas a una sociedad global unida por el puente virtual de la red. Con la caída de la neutralidad de la red, volvemos a las prácticas discriminatorias tan odiosas del siglo XX.

Columna escrita por:
Pedro Palominos Belmar

Juan Barrientos Maturana
SmartCityLab Usach

TAGS: #Usach Internet Neutralidad de la Red

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