El Artículo 15 de la ley 19.992 que mantiene como secreto los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las "víctimas" ante la Comisión Valech durante 50 años, no sólo le da impunidad a los violadores de los derechos humanos; además le quita transparencia a lo declarado, y al parecer se toma por cierto sin más requisito que a la comisión así le parezca, habida cuenta de los "antecedentes que tenga o que ya no sea posible tener a la vista" y que utiliza para elaborar el informe, respecto de los nombres de los "torturadores" y de los relatos de los "torturados", sin que exista de manera pública una investigación ni menos un juicio a la personas mencionadas cuyos nombres se sabrán hasta dentro de 50 años. De mal gusto no sólo por el anonimato de "torturadores", sino por la validez de los relatos.
Una burla en contra de quienes, como yo, en aquella época luchamos no por una ideología, sino por el respeto a la vida, que no existía. Vergonzoso pues aun hoy es en "la medida de lo posible".
No queda más que dar paso a la historia para que dé cuenta no sólo de la violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, sino a los intentos de una democracia temerosa, que de manera también vergonzosa "logró establecer cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época". Que esa historia utilice como fuente no solo los informes de esta comisión, sino el resto de los antecedentes que se reúnan y que surjan con el transcurrir del tiempo.
Finalmente, y para perpetuar esta falta de transparencia, el último párrafo del Artículo 15 de esta ley señala, "La comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal."
Una pena cuando, nuestro esfuerzo no fue por pensiones sino por restablecer el derecho a la vida y por tener un mundo mejor y para todos.
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