¿Solidaridad en la medida de lo posible?

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¿Estamos dispuestos a hacer donaciones constantes y reguladas para una reforma tributaria que tenga como objetivo que una mayoría de los chilenos pueda educarse gratuitamente y con calidad?

La Teletón, el Techo para Chile, Hogar de Cristo y la serie de voluntariados juveniles que se han desarrollado estos últimos años para afrontar las catástrofes naturales que han azotado al país, han generado cierto sentido común de que Chile es un lugar de ciudadanos profundamente solidarios y que valoran el bien común por sobre el interés individual. La épica solidaria desborda los canales de televisión cada vez que se muestran imágenes de niños con capacidades diferentes, afectados por inundaciones, personas de la tercera edad con su casa destruida, etc. Don Francisco al final de la jornada de la Teletón recibe las donaciones de las familias más ricas del país, valorando su espíritu altruista y comprometido con los más necesitados. Pero ¿Será Chile es país genuinamente solidario? ¿Qué tipo de solidaridad es la que genera esta épica solidaria?

La reciente firma del proyecto de AFP estatal, en conjunto con la discusión sobre educación y reforma tributaria, han puesto en el centro del debate público la pregunta de cuanto están dispuestos a aportar los ciudadanos individualmente para contribuir a la construcción de un genuino régimen de bienestar. En el sentido común de los chilenos conflictúa el “porque tengo que pagar la educación de los demás si yo me he esforzado por lo que tengo, no tengo porque aportar a la flojera del resto” con el “está bien que paguemos más si tendremos educación gratuita”.

El sentido de la primera percepción tiene relación con las versiones más liberales de ciudadanía en las que la propiedad y el desarrollo individual meritocrático están por sobre lo colectivo, es decir, más relacionadas a un ciudadano racional egoísta que a uno solidario con sentido comunitario. El último informe del PNUD del año 2012 muestra que en relación a la felicidad un 80% de los encuestados declara que esta se alcanza por el esfuerzo personal y sólo un 20% por las oportunidades que entrega la sociedad. En esta misma línea, la campaña electoral con la que ganó Piñera enarbolaba justamente estas banderas: excelencia, mérito y progreso. Lástima que en su gobierno no logró vincular una campaña ganadora con una gestión política exitosa.

Este contexto se contradice con ese sentido común acerca de lo solidario. ¿Estamos dispuestos a hacer donaciones constantes  y reguladas para una reforma tributaria que tenga como objetivo que una mayoría de los chilenos pueda educarse gratuitamente y con calidad? ¿Estamos dispuestos a que nuestros aportes previsionales estén en una AFP estatal que mejore los ingresos de personas de la tercera edad más vulnerables o nos quedaremos una mayoría de chilenos en las AFP privadas? ¿Debemos dejar que ese espíritu solidario de los grandes magnates chilenos se manifieste para las catástrofes o campañas de beneficencia o regularemos sus aportes en relación a sus ganancias?

El sociólogo Gosta Esping-Andersen clasifica a los regímenes de bienestar en tres, teniendo en consideración -entre otros elementos- qué tipo de solidaridad es la que opera en cada uno de ellos. En el primero de tipo liberal opera una solidaridad de base individual, la cual tiene espacio de acción el mercado. En el segundo de tipo corporativo-conservador es la que la familia desempeña el papel central en la provisión social frente al rol marginal del mercado y la acción subsidiaria del Estado. Mientras que en el tercero de tipo socialdemócrata opera una solidaridad universal en la que el Estado desempeña una función fundamental frente a los roles marginales de la familia y del mercado.

Esta reflexión logra establecer un vínculo entre el tipo de solidaridad, el tipo de Estado y de modelo de desarrollo. De ahí que tiene sentido preguntarnos hoy por qué tipo de solidaridad es la que está impresa en las reformas que se están llevando a cabo. En el caso de la reforma educacional existe un claro vínculo con reducir el rol del mercado en la educación y que el Estado sea el protagonista de esa prestación social. Sin embargo, la reciente firma del proyecto de AFP estatal no deja del todo claro si para el gobierno de la Nueva Mayoría es importante potenciar la competencia en materia de previsión social o más bien generar un sistema solidario que desmercantilice esta prestación.

Si pensamos en los gobiernos anteriores, claro está que durante 20 años de gobiernos de la Concertación el énfasis no estuvo en el Estado. El Crédito con Aval de Estado, las concesiones, la mantención sin modificaciones de las AFP y la permisividad con la que se trató el lucro, dieron señales de que nuestro modelo de desarrollo se acercaba mucho más a los regímenes donde el mercado es el que reparte la torta, bajo la racionalidad de “entre más crece la economía, mejor se reparten las ganancias del país” o más conocía como la economía del chorreo. Es evidente que en la repartición hubo algunos muy beneficiados y otros muy perjudicados.

Hoy, con un clima sociopolítico muy favorable a las reformas, es necesario reflexionar acerca de qué tipo de solidaridad es la que se desplegará en el viraje que se pretende introducir a nuestro modelo de desarrollo. Una donde se utilice la voluntariedad, espontaneidad y el chorreo para generar espacios de solidaridad social, o una regulada donde los ciudadanos puedan ceder parte de sus ganancias en favor de construir un régimen de bienestar que logre acabar con las desigualdades estructurales del país.

Ya Alberto Hurtado reflexionó hace algunos años sobre esto diciendo “Comencemos por practicar la justicia, pues mientras no se ha cumplido la justicia no se puede pensar en caridad”. El debate real sobre la solidaridad tiene relación con cuanto estamos dispuestos a ceder para alcanzar mayores niveles de justicia en nuestro país. ¿Solidaridad para la justicia o solidaridad en la medida de lo posible?