Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es en que ludopatía es un trastorno de la personalidad, que afecta la vida familiar, comunitaria, social. Y aunque al revisar la historia de la discusión de la Ley de Casinos es posible ver que el tema fue planteado en el debate parlamentario, alguna mano mora se las ingenió para que no quedara alusión alguna al tema en la legislación promulgada en enero de 2005.
El domingo 31 de marzo se conocieron dos casos de personas que se habrían quitado la vida en instalaciones de casinos de juego; un joven de 35 años en el hotel del Dreams de Valdivia y una mujer de 53 en el del Monticello de San Francisco de Mostazal. Dentro de los motivos que se investigan como eventuales causantes de ambos suicidios estaría la ludopatía, trastorno sicológico que deriva en adicción a los juegos de azar.
La Ley de Casinos original no contempló medida de prevención alguna al respecto. Es más, en ninguna parte del texto legal aparecen conceptos como ludopatía o adicción al juego. Es por esto que en la actualidad se tramita en el Congreso –ya en segundo trámite constitucional- un proyecto que establece medidas específicas sobre la materia y el cual, luego de haber sido aprobado por el Senado, está radicado –durmiendo más bien- desde julio de 2009 en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
Desde que se decidió autorizar nuevos casinos de juegos en diversas ciudades del país se discutió el impacto que éstos podrían tener en las economías locales. No sólo positivos sino también negativos. En el caso de Aysén tal debate era en especial relevante toda vez que varias autoridades municipales y de gobierno expresaron recurrentemente su satisfacción porque la región contara con alguno de aquellos recintos, lo que ocurrió definitivamente en Coyhaique en mayo de 2012.
En tal anhelo no cabía cuestionamiento alguno. No sirvió de nada recordar que estos establecimientos, muchos de ellos con propietarios no asentados en la zona, son verdaderas centrífugas de circulante, succionadoras de la liquidez de la productividad de las comunidades locales. Porque aunque parte de esos recursos (un 20 % de los ingresos brutos) llega a municipios y gobiernos regionales por concepto de patentes, en el fondo éstas son financiadas en su gran mayoría conel dinero de la gente que vive en el lugar.
A esto se agrega que como la principal fuente de ingresos de los casinos es el juego, les es fácil competir a precios bajo mercado con los hoteles y hostales, restoranes y centros de eventos ya instalados, muchos de ellos de familias que reinvierten sus utilidades en la propia comunidad al comprar en el comercio local, al matricular a sus hijos en los establecimientos educacionales, al tomar el colectivo, comprar en el kiosco, etc. Esta a la base de lo que se conoce como desarrollo económico local y el por qué las cadenas no son consideradas como aporte relevante en este modelo. La idea no es que desaparezcan los comercios nacionales y extranjeros, sino que operen con regulaciones que fomenten el bien colectivo comunitario y no el simple negocio de algunos.
Pero de nada sirvieron las sugerencias e incluso hoy es común ver a diversos servicios públicos realizar gran parte de sus actividades en hoteles de cadenas, incluidas las republicanas y ciudadanas cuentas públicas.
El caso de Aysén es paradigmático.
Uno de los fundamentos para instalar un casino en la zona fue el fomento del turismo, en circunstancias que el target evidente de la Patagonia es el visitante nacional y extranjero que llega atraído por su biodiversidad, su naturaleza en estado natural y su tranquilidad. Aún no conozco a alguien que llegue hasta esta lejana tierra exclusivamente para probar suerte en el casino, cuando existen muchos otros más cerca de las grandes urbes. Quizás me podrán decir que estas instalaciones se convierten en un plus, y es allí donde uno tiene que poner en la balanza todas las variables.
Que se me entienda. No tengo problema alguno con este tipo de recintos en términos morales. Mi tema, como he dicho en las líneas previas, es el desarrollo económico local sustentable.
Y, como explicaré ahora, la salud pública.
Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es en que ludopatía es un trastorno de la personalidad, que afecta la vida familiar, comunitaria, social. Y aunque al revisar la historia de la discusión de la Ley de Casinos es posible ver que el tema fue planteado en el debate parlamentario, alguna mano mora se las ingenió para que no quedara alusión alguna al tema en la legislación promulgada en enero de 2005.
Autorizar la instalación masiva de estos negocios sin asociarlos a medidas preventivas es lo que podemos calificar de irresponsabilidad legislativa. Lo único que interesó, al final del día, fue el dinero. El “money”, como diría un dealer cualquier.
Porque pensaren el bien común no se remite sólo a balances, y números azules y rojos en la planilla Excel del financista. Una correcta medida habría sido, por ejemplo, que junto con permitir los casinos se implementaran campañas de salud pública de prevención y rehabilitación vinculadas a su operación. Con cargo, por cierto, a los concesionarios de tan lucrativo negocio, que en 2012 tuvo un flujo de seis millones de clientes, los que en sus máquinas apostaron más de US$ 7 mil millones (en los 17 que entraron en funcionamiento en los últimos años).
Eso hubiera esperado un ciudadano como uno de sus representantes y autoridades. Que evalúen todas las variables involucradas en las decisiones que adoptan y no sólo las que se refieren a los aspectos mercantiles relacionados, como tan bien lo plasman Cuba Gooding Jr. y TomCruise en la escena de “Jerry Maguire”que da vida a la frase que encabeza esta crónica.
La que quiere hacernos creer que el “show me the money” es el único leit motiv movilizador del ciudadano devenido en consumidor.
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