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El sábado 17 de mayo recién pasado se realizó la marcha por la no discriminación en conmemoración del día internacional contra la homofobia y la transfobia. La marcha convocó a cerca de 50 mil personas que manifestaron la necesidad que el Estado de Chile respete y promueva los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual, exigiendo la pronta aprobación de la Ley de Identidad de Género y la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación.
A horas de esas exigencias, a horas de la celebración del día internacional contra la homofobia y la transfobia y a horas de que muchas y muchos tomadores de decisiones hicieran suya la demanda de un Chile más igualitario, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVILH sufrió un ataque en su sede, con sendos rayados discriminatorios.
El hecho resulta ser el primer atentado directo en contra de una agrupación, el primero en más de dos décadas de existencia de organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos. ¿Cómo podemos interpretarlo?
Cualquier, atentado que sea motivado por la discriminación, debe ser rechazado en forma categórica por toda la sociedad en forma transversal. Sin embargo las conclusiones a las cuales arribamos a partir de este hecho deben ser debatidas en miras de la construcción de una sociedad realmente inclusiva, respetuosa, promotora y defensora de los Derechos Humanos de todas y todos.
En este sentido, creo que resultan erróneas las declaraciones que buscan hacer de este hecho (condenable) un ejemplo de la necesidad de legislar para penalizar los llamados crímenes de odio o delito de incitación al odio. Erróneo en tanto debemos entender que la cárcel no es la solución.
El Chile de hoy atraviesa una etapa particularmente crítico, en cuanto parece haber un entendimiento generalizado en relación a que los problemas que vive nuestra sociedad se solucionan o se enfrentar mediante la criminalización y el castigo punitivo del Estado. Ejemplo de esta tendencia es la llamada “Ley Emilia” que busca mayores penas por la conducción y atropello en estado de ebriedad, sin decir nada sobre la prevención del alcoholismo o la venta y consumo responsable de alcohol. Siendo Chile el mayor consumidor de bebidas alcohólicas en Latino América parece ser que un real avance en esta materia debería ser la educación y prevención del consumo de alcohol y no la cárcel.
Soy estudiante de derecho y una de las primeras lecciones que debemos aprender al enfrentarnos al estudio del Derecho Penal es que éste representa la última ratio del Estado, es decir el último argumento que el Estado puede utilizar en contra de sus ciudadanas y ciudadanos en razón a una acción prohibida, rechazada o castigada por la sociedad en la que se desarrollan.
Creo que resultan erróneas las declaraciones que buscan hacer de este hecho (condenable) un ejemplo de la necesidad de legislar para penalizar los llamados crímenes de odio o delito de incitación al odio. Erróneo en tanto debemos entender que la cárcel no es la solución.
Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra condición social. Del mismo modo, el delito de incitación al odio se refiere a la acción específica de quienes a través de medios de comunicación públicos o masivos llaman a ejercer violencia, la incentivan o promueven la misma en contra de personas que pertenecen a un determinado grupo social.
Cabe cuestionarse si el Estado de Chile puede justificar la creación de esta figura penal y el uso del ius puniendi en contra de sus ciudadanas y ciudadanos. A mi entender la respuesta a este cuestionamiento es negativa, ello en tanto la manera en que los prejuicios son establecidos depende del contexto social y de los estereotipos que la misma sociedad ha ido creando. Tales prejuicios y en general la violencia que generan, tienen como causa «la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas» por el miedo de los primeros de perder algunos privilegios. La unificación y la repetición de los prejuicios creados por la sociedad son una forma de legitimar los actos violentos realizados por algunos grupos específicos. De esta manera debemos entender que el Estado de Chile nada ha aportado en la erradicación de estos prejuicios, no ha ejercido su deber tutelar de la sociedad en favor de establecer medidas o políticas públicas que busquen combatir la discriminación y la segregación en razón de esos prejuicios arraigados en nuestra sociedad.
Por otra parte la criminalización de los delitos de odio e incitación al odio, terminan siendo una discriminación institucionalizada en tanto afecta directamente a los sectores más postergados y segregados de nuestra sociedad, sectores con baja educación que no reciben del Estado las herramientas necesarias para entender la diversidad en sus distintas formas y que, por el contrario, vive día a día la segregación económica y educacional.
En otras palabras, el atentado sufrido por el MOVILH debe ser rechazado por todas y todos pero no pueden dar pie a una criminalización del “otro” sino al establecimiento de políticas públicas reales que busquen educar al “otro”, educar a nuestra sociedad en diversidad, entendiendo a la misma como un valor en la construcción de una sociedad democrática.
El hecho nos debe hacer entender, la urgente necesidad de crear un Instituto Nacional contra la Discriminación que busque eliminar los prejuicios y estereotipos que promueven estos ataques, una entidad pública que busque prevenir estos hechos y no una ley que, actuando posteriormente, castigue estos hechos que, muchas veces, son cometidos por quienes no reciben educación y son segregados por el Estado.
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