La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB, según un estudio publicado en marzo por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Entre 1980 y 2008, el volumen de la economía oficial se había más que duplicado y, en cambio, la economía oculta, en el mismo periodo, se multiplicaba por cuatro.
En plena crisis económica y financiera, e inmersos en profundas reformas estructurales en el marco de los planes de estabilidad europea, hay que afirmar que la economía opaca es el principal problema para la recuperación económica de España. No nos podemos permitir que el 17% de nuestra actividad económica esté al margen de la ley y de la fiscalidad. Tenemos un brazo atado a la espalda.
Las causas de la lacerante persistencia de la opacidad de un porcentaje tan significativo son múltiples, pero -a mi juicio- podría existir una relación perversa entre nuestros déficits de acceso a la información pública y privada, los costes de conexión y el retraso en la digitalización de las empresas. Contextos que permiten que la economía sumergida, el dinero negro y la precarización puedan persistir. Es decir, una sociedad menos conectada (menos transparente) favorece comportamientos opacos y fraudulentos.
El coste doble de la banda ancha, por ejemplo. En un estudio comparativo realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se indica que los precios españoles de las ofertas Triple Play (teléfono fijo, banda ancha y televisión de pago) duplican a los de otros países europeos. Y, según un informe de la consultora tecnológica Analysys Mason, la banda ancha en España continúa siendo de las más caras. En concreto, el ADSL cuesta en nuestro país un 141% más que el precio medio en Europa y el triple que en países como Francia, Estonia o Suecia.
Además, es uno de los únicos cinco países de la UE que no permite que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos a través de una Ley de Transparencia (compartiendo el “privilegio” con Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo). El Gobierno ha aplazado reiteradamente este compromiso, aunque es posible que se impulse de nuevo el trámite parlamentario que haga posible la deseable Ley antes de finalizar el período de sesiones.
Para darnos una idea de la profundidad del agujero negro de la economía oculta, basta con compararla con la economía digital. La actividad económica entorno a Internet supuso en 2009 el 2,2% del PIB, generó unos 100.000 empleos directos y puede elevar su aportación al PIB español hasta el 5,1% en 2015, según el informe España cONecta:Transformación de la economía española a través de Internet, elaborado por The Boston Consulting Group para Google. En 2010, España se convirtió en el tercer país de la UE en comercio electrónico, como indica el estudio sobre Comercio Electrónico 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Combatir la economía sumergida en un país que es el principal poseedor de billetes de 500 euros de toda Europa (según fuentes de la Agencia Tributaria) es un reto inexcusable e inaplazable. Para ello, será fundamental el impulso del eGobierno o Open Government que parece que es sólido y constante. Lo demuestran las destacadas iniciativas privadas y públicas que están generando aplicaciones digitales y servicios online con los datos públicos disponibles.
Nuestra administración tributaria debe, también, explorar más las oportunidades del cruce de datos, la trazabilidad de determinadas operaciones y el seguimiento a los fragmentos de información que, a pesar de la opacidad, cada vez son más frecuentes en la sociedad digital.
Más internet no sólo puede actuar como alternativa (nuevo modelo productivo) y complementariedad (nuevos mercados y modelos de negocio) a la economía “del ladrillo y sombrilla”, sino que puede suponer una oportunidad para combatir la economía oculta, impulsando el cambio hacia una economía transparente basada en el libre acceso a la información y el conocimiento.
En una economía transparente y abierta (fuertemente digitalizada en sus operaciones, presencias y comunicaciones) se reduce el caldo de cultivo que permite la infección de la economía oculta. Internet es la luz que puede impedir la opacidad de muchas actividades ilícitas, que permiten el fraude y son la antesala del delito o la corrupción.
En la última reunión del G8 en París, el presidente Sarkozy, fiel a su instinto y habilidad política, tuvo la idea de convocar, con la ayuda inestimable de la agencia Publicis Groupe, un e-G8 previo con los principales líderes de la economía digital con Mark Zuckerberg de Facebook a la cabeza. Hablaron de libertad, privacidad y modelos de negocio. Pero la privacidad es lo contrario a la opacidad. Lo discreto y privado no tiene por qué ser oculto e ilegal.
* Antoni Gutiérrez-Rubí, Asesor de comunicación.
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Foto: Federico Romero / Licencia CC
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