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La Asociación de Gobierno Abierto, OGP, es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo defender la idea de que las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos deben trabajar juntos para impulsar la agenda de gobierno abierto, promoviendo la transparencia y luchando contra la corrupción.
Esas fueron las metas que se plantearon hace un año los 57 países, con más de 300 compromisos que afectarían positivamente las vidas de casi 2 mil millones de personas, el 30% de la población mundial.
Chile fue aceptado en la OGP, cumpliendo los criterios mínimos de elegibilidad en materia de transparencia fiscal, acceso a la información pública, transparencia en las declaraciones de las autoridades de gobierno de su patrimonio e intereses, y apertura a la participación ciudadana en la definición de políticas.
Pero este no es el único organismo encargado de estas temáticas, que Chile no toma en serio. Desde hace décadas, muchos países han adoptado compromisos concretos hacia una mayor transparencia, en La Convención de la ONU contra la Corrupción, La Convención Anti-Soborno de la OCDE, Los compromisos contra la corrupción del G-20, Convención Inter Interamericana contra la Corrupción y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nuestro país no ha ratificado ninguno, dejando claro que el tema no es una prioridad de Estado.
Volviendo a OGP, Chile, al plantear sus avances y compromisos durante este año, sólo repite el discurso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada hace 3 años, no aportando nada nuevo. Otros países sí se lo han tomado en serio y han tenido avances significativos en sólo un año.
El Gobierno de Tanzania publicó sus presupuestos de manera entendible y, además, estableció el monitoreo de sus compromisos. El Gobierno búlgaro realizó un plan de transparencia financiera, la mejora del registro público, la consulta pública y la responsabilidad social corporativa. Una de las medidas más importantes es la publicación de los informes diarios de gasto presupuestario con un desglose de la razón de pago y de destino.
Para apoyar la participación ciudadana, Filipinas transparentó su primer Presupuesto Anual. El gobierno Croata exige a las empresas de interés especial del Estado a publicar sus informes anuales de actividades empresariales. En Georgia se trabajó en la libertad de información y se creará un sitio web unificado para todas las instituciones gubernamentales. En esto han trabajado unidas las organizaciones no gubernamentales y los representantes de los medios de comunicación.
Desde hace décadas, muchos países han adoptado compromisos concretos hacia una mayor transparencia, en La Convención de la ONU contra la Corrupción, La Convención Anti-Soborno de la OCDE, Los compromisos contra la corrupción del G-20, Convención Inter Interamericana contra la Corrupción y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nuestro país no ha ratificado ninguno, dejando claro que el tema no es una prioridad de Estado.
La República Eslovaca va más allá y creó su observatorio de Gobierno Abierto, de manera de medir y monitorear el funcionamiento de sus políticas y funcionamiento. En Perú, un portal web entrega información detallada de la clase política.
Un rol importante deben jugar las organizaciones de la sociedad civil, centrándose en la acción y garantizando que los compromisos que se han hecho se cumplan, además de aportar en la creación y desarrollo de iniciativas como ocurrió en Ucrania, cuando la sociedad civil después de 4 meses de insistencia, logró que el documento de un plan nacional considerará un 80% de los textos redactados desde la coalición cívica.
Frente a estos ejemplos, y la mala gestión del Gobierno de Chile, ¿habrá que celebrar este primer año de OGP?
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