Para quienes nos opusimos a la dictadura y creemos en una sociedad verdaderamente libre, resulta decepcionante observar una realidad atravesada por una corrupción desvergonzada. Desvergonzada y generalizada en sectores privilegiados, en las élites que nos han estado dictando cátedra a través de los más diversos medios de comunicación, en las élites que nos han estado gobernando, en las élites dueñas de establecimientos educacionales donde estamos siendo formados, en las élites dueñas de las más importantes empresas nacionales.
A la colusión de los pollos y las farmacias, ahora debemos agregar al inventario, como broche de oro, la colusión de los papeles, con la famosa CMPC a la cabeza. La misma empresa que en aras de la libertad inició la cruzada contra Allende y la Unidad Popular a fines de los 60 e inicios de los 70, con su slogan “la papelera NO”. Ilustres apellidos que han jalonado la historia patria, saltan por los aires.Para salir airosos del trance en que nos encontramos, no hay más remedio que recuperar la decencia, ser más exigentes, no claudicar, respaldar con todas nuestras fuerzas a quienes están a la vanguardia en la lucha contra la delincuencia de cuello y corbata.
Estupefacto, el país observa la hipocresía elevada a su máxima expresión. Personajes que con voz engolada pregonan la libre competencia, el libre mercado, en la práctica terminan siendo sus principales enemigos cuando se coluden para percibir utilidades monopólicas en desmedro de modestos consumidores.
En paralelo, para cubrir el frente político, en los entresijos del poder, descaradamente se encargan de capturar a quienes deben regularlos, y parecen no faltar quienes sucumben a la tentación. Ya son muchos los senadores, diputados, alcaldes y concejales implicados, tanto a nivel nacional, regional, provincial, como comunal. Ya son muchas las grandes empresas involucradas. Si bien se trata de un problema global, que nos trasciende, no por ello podemos “sacarnos el pillo”.
Estas prácticas duelen más fuertemente cuando se llevan a cabo en un sistema que tendemos en denominar democrático, pero que está trizado, por no decir fracturado. No puede ser democrático un sistema donde votamos por quienes deben representarnos, pero que a la hora de la verdad, terminan representando a quienes están financiándolos bajo cuerda. El caso de Jaime Orpis, el senador de la UDI, es particularmente emblemático, tanto por su relación con las empresas pesqueras, como por representar a una región donde la incidencia de estas empresas es fuerte, como la aureola que le rodeaba por la creación de una fundación destinada a rehabilitar a drogadictos.
Desafortunadamente no se trata de un caso puntual, sino que de una extensión tal que está remeciendo la razón de ser de la democracia y de una sociedad verdaderamente libre. Todo esto da cuenta de una ética y una moral erosionadas, de un relajamiento de las exigencias ético-morales, tanto a nivel individual como colectivas.
Para salir airosos del trance en que nos encontramos, no hay más remedio que recuperar la decencia, ser más exigentes, no claudicar, respaldar con todas nuestras fuerzas a quienes están a la vanguardia en la lucha contra la delincuencia de cuello y corbata. En particular, respaldar a la Fiscalía Nacional, la que a la luz de las acciones emprendidas, pareciera estar constituyéndose en la reserva moral del país.
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