El nuevo Sistema de Inclusión Laboral anunciado por el Gobierno hace algunos días, ha abierto un gran debate en varios frentes. El primero, que la “Indicación Sustitutiva” incorporada al proyecto de ley no asegura que vaya a ser aprobada en el Congreso, ni mucho menos, incorporada con la urgencia que implica un tema tan sensible como éste en el ámbito laboral para el 57,2% de los chilenos que actualmente se encuentra en edad laboral y presenta algún tipo de discapacidad.
A mi juicio y para ser honesta, la mayoría de las personas que leen una nota de este tipo, se quedan sólo con la imagen de televisión con la Presidenta rodeada de algunos de sus Ministros y firmando un documento que tiene relación con el tema laboral de personas con discapacidad (PcD)…. Pocos reparan que el porcentaje comprometido es sólo el 1% para todos los organismos públicos civiles y militares, conjuntamente con las empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores.Porque si sólo se va a “adaptar” un escritorio más amplio para que quepa su silla de ruedas, pero la empresa no cuenta con un baño accesible, la voluntad de ese empleador queda sólo en una buena intención.
Un anuncio de esta naturaleza necesita una bajada (como decimos los periodistas – una explicación), más concreta y práctica para que el universo de PcD y sus futuros empleadores, logren comprender qué implica en estricto rigor, este nuevo sistema, qué beneficios van a obtener las empresas al contratarlos, cómo van a acreditar qué tipo y grado de discapacidad tiene el trabajador que están contratando… ¿Será a través de la Credencial para PcD o simplemente bastará un Certificado del médico tratante?.
Hay un sinfín de preguntas que también nacen desde las mismas organizaciones que trabajan con PcD pues han esperado por tanto tiempo que la inclusión laboral sea una realidad, que seguramente piensan que la oferta laboral será inmediata, debidamente remunerada y además, incorporada como una política de recursos humanos, para lograr la plena inclusión de todos.
Sin embargo y lamentablemente, no es ni será así pues antes de que todo lo anterior sea una realidad, primero se debe aprobar el proyecto de ley que recién fue presentado y sin ninguna urgencia. Posteriormente a ello, se debe educar y capacitar técnica y profesionalmente a todos aquellos jóvenes que vayan a postular a algún cargo en las mismas condiciones que postulamos todos a cualquier trabajo.
Otro frente que se vislumbra, es quién capacitará a las empresas a cómo relacionarse con estos nuevos trabajadores que hasta hoy, no habían formado parte de su organigrama. Porque si sólo se va a “adaptar” un escritorio más amplio para que quepa su silla de ruedas, pero la empresa no cuenta con un baño accesible, la voluntad de ese empleador queda sólo en una buena intención.
Lamentablemente y a mi juicio, este proyecto de Inclusión Laboral, es simplemente una vergüenza pues además de no recoger todas las sugerencias que se le hicieron llegar desde la sociedad civil y los organismos técnicos por años, se ha querido avanzar sin medir sus consecuencias y reales efectos para el verdadero cambio cultural que el país necesita.
Es necesario la educación en temas de inclusión y discapacidad a todo nivel pues hoy hablamos de Inclusión como una buena práctica, pero pocos entendemos el real alcance y la responsabilidad y compromiso que requiere un tema como éste. Y esa educación no sólo debe salir desde las áreas de la salud, sino que también de los profesionales y técnicos que han trabajado por años en las propias organizaciones y que claramente siempre llegan antes que el Estado con la solución a sus problemas. El trabajo intersectorial en materia de discapacidad es la única manera de dar nuevos anuncios que sienten las bases para la elaboración de políticas públicas eficientes.
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